El gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó la declaración del estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario para la totalidad del partido de 9 de Julio y las circunscripciones II, III, IV y XII del distrito de Necochea.
La resolución busca otorgar un marco de contención económica a los establecimientos rurales que sufrieron pérdidas severas en sus cosechas y en su capacidad productiva tras los intensos anegamientos e inundaciones registrados en la región interior.
La disposición tendrá vigencia hasta el 31 de octubre de 2026. La medida se respaldó en la evaluación técnica efectuada por el ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, conducido por Javier Rodríguez.
A partir del análisis de informes meteorológicos, procesamiento de imágenes satelitales y relevamientos sobre el terreno, la situación fue puesta a consideración de las comisiones locales y, posteriormente, de la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario provincial (CEDABA).
Fue precisamente este organismo el que recomendó la medida durante su reunión ordinaria N° 277, tras ratificar la escala extraordinaria del fenómeno meteorológico.
La normativa habilita un esquema de beneficios tributarios y financieros orientados a resguardar la continuidad operativa de las fincas afectadas.
Los productores cuya principal actividad económica sea la agropecuaria podrán acceder a exenciones en el Impuesto Inmobiliario Rural en proporción directa al porcentaje de daño acreditado en sus predios.
Para instrumentar estos alivios, la medida faculta la intervención de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), mientras que el Banco de la Provincia de Buenos Aires articulará las herramientas crediticias de fomento.
Para formalizar la solicitud de estos beneficios, los titulares de las explotaciones perjudicadas deberán elevar sus correspondientes declaraciones juradas en un plazo no mayor a diez días contados a partir de la publicación oficial del decreto.
Alivio impositivo y reclamos viales en el interior
Desde la administración provincial precisaron que la cobertura alcanza exclusivamente a quienes mantengan la explotación campestre como sostén principal y cuyos campos se encuentren geográficamente delimitados dentro de las zonas contempladas por la norma.
El cuadro de anegamientos en 9 de Julio y Necochea se suma a una serie de resoluciones tomadas por el Ejecutivo provincial para mitigar los destrozos provocados por el agua en el interior bonaerense.
A principios de año, la gobernación ya había dispuesto la prórroga de regímenes similares para hectáreas afectadas en Coronel Suárez y Guaminí, extendiendo la cobertura a otros municipios ante la persistencia de las condiciones meteorológicas adversas.
A la par de las pérdidas en las hectáreas sembradas, el exceso de agua reabrió el debate sobre el estado de la infraestructura vial de acceso a los campos.
En 9 de Julio, la degradación de los caminos de tierra motivó un firme reclamo por parte de los productores locales, canalizado a través de la Sociedad Rural distrital mediante la presentación de un proyecto de ley ante el Honorable Concejo Deliberante.
La propuesta institucional busca que el sector productivo asuma la administración y mantenimiento directo de la red vial rural.
El plan prevé la afectación del 85% de lo recaudado por el municipio mediante la tasa vial y la totalidad de los fondos provinciales girados para infraestructura.
Hugo Enriquez, presidente de la Sociedad Rural de 9 de Julio, explicó que la iniciativa plantea conformar una comisión de trabajo integrada por productores y dirigida por un gerente técnico designado por concurso, tomando como referencia esquemas exitosos aplicados en Trenque Lauquen y Benito Juárez.
El texto legislativo local se encuentra en análisis por las autoridades del Ejecutivo municipal y los bloques parlamentarios del Concejo Deliberante.
Los dirigentes rurales confían en que la descentralización de los fondos permita encarar las obras hidráulicas y de nivelación prioritarias para garantizar la transitabilidad de la producción, en un contexto donde el clima sigue condicionando el potencial económico del campo bonaerense.
