La crisis de vivienda ha convertido los destinos temporales de miles de profesores andaluces en una carga económica que, en muchos casos, impide aceptar un puesto de trabajo. Cada inicio de curso, y en cada convocatoria del Sistema de Provisión de Interinidades (SIPRI), el personal docente se plantea dos preguntas. La primera es dónde va a vivir y la segunda es si se lo podrá permitir.
Las respuesta suelen depender del destino. Una sustitución en una capital de provincia o en un municipio de costa puede requerir una búsqueda urgente de alojamiento en un mercado marcado por el encarecimiento de los alquileres y la escasez de contratos de larga duración. El problema se agrava porque los llamamientos se producen con escasos días de margen y porque las sustituciones no siempre garantizan continuidad durante los nueve meses de curso. En ocasiones pueden ser solo semanas.
Para Javier, maestro interino de Primaria, esa incertidumbre forma parte de su trayectoria desde hace seis años. En ese tiempo pasó por seis de las ocho provincias andaluzas y trabajó en cerca de una decena de centros. Vivió y dio clases en Málaga, Córdoba, Granada, Almería y Huelva. De hecho, detalla hubo cursos en los que tuvo que cambiar de piso hasta cuatro veces. “No te permite tener una vida, básicamente”, explica en conversación con Infobae.
“Vives con la maleta a cuestas. No puedes planificar nada, ni tener un círculo social estable, porque no sabes cuánto tiempo vas a estar en un sitio”, lamenta.
Destinos sin límite de distancia
Su experiencia refleja una dificultad que los sindicatos del sector vinculan con el funcionamiento de las adjudicaciones y con el acceso a la vivienda. El personal interino puede ordenar sus preferencias, pero la selección de destinos se limita a provincias. En verano, además, debe incluir un mínimo de dos. No puede escoger por comarcas ni delimitar una distancia máxima desde su residencia, como ocurre en otras comunidades autónomas como Castilla- La Mancha o la Región de Murcia.
En una comunidad autónoma de gran extensión territorial, esa regla deja abierta la posibilidad de una plaza a más de 100 kilómetros de casa dentro de la misma provincia. En otros casos, los docentes deben recorrer 200 o 300 kilómetros, o buscar una segunda vivienda para poder incorporarse. “No es lo mismo un puesto a 20 kilómetros que otro a 300, pero el sistema no diferencia”, denuncia el docente, que señala que la conciliación es imposible en este escenario.
Javier recuerda que, cuando comenzó a trabajar en Málaga, pagaba 500 euros al mes por un piso completo. Seis años después, calcula que ese mismo inmueble supera los 1.000 euros mensuales. La subida lo llevó a retirar la provincia de sus preferencias laborales. “Para mí Málaga ya es inviable”, afirma.
La situación resulta especialmente difícil para quienes tienen hijos, una hipoteca o familiares dependientes. Un profesor destinado a otra provincia puede enfrentarse al pago de dos viviendas: la propia y la que necesita durante la sustitución. La alternativa de compartir piso, factible para algunos trabajadores jóvenes, no siempre se adapta a la edad, las responsabilidades familiares o las condiciones personales de quien recibe la adjudicación.
Javier vivió esa dinámica en primera persona. Durante algunos cursos, el encadenamiento de sustituciones lo llevó a mudar sus pertenencias varias veces. Cada salida implicaba esperar la devolución de una fianza; cada llegada, adelantar otra. “A veces te dicen que no te devuelven el dinero hasta que lleguen las facturas de la luz o del agua, que pueden tardar. Vas acumulando gastos de un piso a otro”, explica.
Mudarse para trabajar apenas dos semanas
El desajuste entre los gastos y el cobro pesa aún más cuando el contrato es breve. Algunas sustituciones duran dos semanas o un mes. Los centros notifican una baja, pero el llamamiento puede demorarse y reducir todavía más el tiempo efectivo de trabajo. “Hay personas que cambian toda su vida para ir 15 días a un destino. Luego vuelven a la bolsa, esperan otra convocatoria y no cobran durante el tiempo que están sin trabajar”, subraya.
La decisión de rechazar una plaza tampoco resulta sencilla. En el sistema actual, el docente debe aceptar el destino adjudicado o renunciar. Si no puede asumir la distancia o el coste de una segunda vivienda, puede pasar a situación de inactividad, con menos opciones de volver a trabajar durante el curso.
Menos tiempo para buscar, más presión sobre los precios
La falta de previsión afecta a la vivienda porque reduce el margen para buscar un alquiler a un precio razonable. Una vacante adjudicada durante el verano permite comparar opciones, visitar inmuebles y cerrar un contrato con tiempo. Una plaza comunicada pocos días antes de la incorporación empuja a aceptar lo disponible, incluso si se trata de una habitación cara, un contrato temporal o una vivienda alejada del centro.
Javier reclama que los destinos se organicen por comarcas y que los puestos a grandes distancias sean voluntarios. También pide que se publiquen en verano todas las vacantes previsibles. “Así podrías organizar tu vida y buscar un alquiler con tiempo. Ahora dependes de una adjudicación, de que dure la baja y de que encuentres dónde dormir”, señala.
Este curso, Javier obtuvo una vacante en Huelva que le permitirá permanecer en el mismo lugar hasta junio. Lo considera un alivio después de años de mudanzas, aunque evita hablar de estabilidad. Para él, la posibilidad de trabajar sin cambiar de casa varias veces sigue ligada a una combinación de plazas disponibles, procesos de oposición y suerte en las adjudicaciones. “Lo mínimo sería que un docente pudiera aceptar un trabajo sin tener que endeudarse para llegar al destino”, concluye.
