La Fiscalía General de la Nación informó que un juez dictó medidas privativas de la libertad en domicilio contra cinco personas por el presunto direccionamiento de contratos en la Caja de Compensación Familiar de Nariño.
El ente acusador señaló que los investigados son Diego Raúl Blanco Pérez, exdirector de la entidad, y los contratistas Juan Pablo Apraes Castañeda, Liliana Goretti Osorio Villota, Miriam Andrea Martínez Ega y Jaime Alejandro Narváez Arévalo. Según la Fiscalía, estas personas habrían manipulado procesos de contratación entre octubre de 2025 y mayo de 2026 para beneficiar intereses particulares.
“Una investigación de la Fiscalía General de la Nación permitió identificar un presunto entramado de corrupción en la Caja de Compensación Familiar de Nariño, mediante el cual funcionarios y contratistas se habrían apropiado de recursos públicos a través de procesos contractuales simulados, entre octubre de 2025 y mayo de 2026″, indicó el ente acusador.
De acuerdo con la información oficial, la entidad identificó que ocho contratos, financiados con recursos del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (Fosfec), habrían sido asignados por un valor superior a $9.804 millones. El ente acusador indicó que sobre esos recursos se desembolsaron anticipos por más de $2.942 millones, cifra que representa el 30% del valor total contratado.
La Fiscalía sostuvo que funcionarios y contratistas diseñaron invitaciones públicas adaptadas a proponentes previamente concertados. Según el comunicado, hubo fraccionamiento de contratos en montos menores para evitar la pluralidad de oferentes, así como la inclusión de requisitos restrictivos en los pliegos y estudios previos. De acuerdo con la investigación, varias de las empresas seleccionadas no tendrían capacidad operativa real.
“Adicionalmente, se conoció que, al parecer, fueron diseñadas invitaciones públicas a la medida de contratistas previamente concertados, así como fraccionado los contratos mediante cuantías inferiores para eludir la pluralidad de oferentes, a cambio de comisiones sobre los anticipos y la presentación de cuentas con sobrecostos. También quedaron en evidencia estudios previos y pliegos con requisitos restrictivos, ajustados a empresas preseleccionadas que carecerían de idoneidad operativa real”, indicó el ente acusador.
El ente investigador atribuyó al exdirector, en su función de ordenador del gasto, el aval de actas de adjudicación en el comité de compras, lo que habría facilitado la selección de oferentes que conocían previamente los términos de referencia. Para la Fiscalía, algunos de los implicados prestaron sus nombres para que terceros pudieran apropiarse de recursos públicos.
“Blanco Pérez, como ordenador del gasto, es señalado de avalar las actas de adjudicación en el comité de compras, permitiendo el favorecimiento de oferentes específicos. Estos conocían de antemano los términos de referencia y, en algunos casos, habrían prestado sus nombres para que terceros se apropiaran de los recursos”, indicó la Fiscalía
La entidad judicial imputó a los procesados los delitos de peculado por apropiación agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos. Según la Fiscalía, Blanco Pérez y Osorio Villota aceptaron los cargos.
“Un fiscal de la Seccional Nariño imputó a los procesados, conforme a su posible responsabilidad individual, los delitos de peculado por apropiación agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos”, aseveró .
Por decisión de un juez de control de garantías, las cinco personas deberán permanecer en sus residencias mientras avanza el proceso judicial. La Fiscalía indicó que, con esta medida, ya son nueve los imputados por presuntas irregularidades en la contratación de la caja de compensación del departamento.
“Blanco Pérez y Osorio Villota aceptaron los cargos. Por disposición de un juez de control de garantías, todos los investigados deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia. Con este nuevo resultado ya son nueve las personas imputadas por su presunta participación en este entramado de corrupción”, puntualizó la Fiscalía.
