Bogotá, 11 sep (EFE).- Un juez del departamento colombiano del Putumayo (sur) frenó este viernes el controvertido plan piloto del Gobierno colombiano que abría la puerta a reactivar las fumigaciones aéreas para erradicar cultivos ilícitos en el país, una medida que llevaba suspendida desde 2017 por motivos sanitarios.
El Juzgado Tercero Promiscuo del Circuito de Puerto Asís, un municipio de ese departamento, concedió una medida provisional solicitada en una tutela interpuesta por un ciudadano y ordenó la suspensión de "cualquier actividad de aspersión aérea dentro del departamento del Putumayo".
El plan piloto contemplaba la aspersión de glufosinato de amonio, un herbicida no permitido en la Unión Europea (UE) y considerado "moderadamente peligroso" por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Según el Gobierno, el plan piloto iba a contar con una "fase experimental controlada, limitada, temporal y ejecutable" mediante aeronaves tripuladas para tratar hasta 1.000 hectáreas, con una duración operacional de hasta siete días calendario.
El objetivo, según el Consejo Nacional de Estupefacientes, no era reactivar de manera generalizada las fumigaciones aéreas, sino "obtener evidencia científica sobre la eficacia del herbicida, la precisión de las aplicaciones, la posible deriva del producto" y sus riesgos e impactos sobre la salud y el medioambiente.
La aspersión aérea de herbicidas fue durante años una de las principales herramientas utilizadas por Colombia para combatir los cultivos ilícitos, especialmente el de la coca, pero el Gobierno de Juan Manuel Santos suspendió en 2015 las fumigaciones con glifosato por motivos sanitarios.
Posteriormente, en 2017 se produjo su suspensión definitiva por orden de la Corte Constitucional, en medio de cuestionamientos por los posibles efectos del producto en la salud de poblaciones campesinas y el medioambiente.
Desde entonces, las autoridades han recurrido principalmente a la erradicación manual y a estrategias de sustitución voluntaria de cultivos, aunque la aspersión aérea ha permanecido en el debate como una alternativa para enfrentar el crecimiento de los cultivos de uso ilícito. EFE
