Juliana Guerrero firmó un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación en el que aceptó responsabilidad por la obtención irregular de títulos académicos en la Fundación Universitaria San José. El acuerdo se conoció durante una audiencia judicial que se realizó en la mañana del miércoles 9 de septiembre de 2026.
La joven, que estuvo vinculada con el Gobierno de Gustavo Petro y aspiró al Viceministerio de las Juventudes, reconoció su participación en hechos que derivaron en la expedición irregular de documentos académicos. El proceso se relaciona con títulos de Contaduría Pública y de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria.
Según lo expuesto durante la diligencia, Guerrero aceptó el delito de fraude procesal. El preacuerdo contempla una pena de tres años de prisión, una multa de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes y una inhabilidad de dos años y medio para ejercer cargos públicos, de acuerdo con los términos divulgados en la audiencia.
Tras conocerse la decisión, dirigentes de distintos sectores políticos publicaron mensajes en redes sociales sobre el proceso judicial y la responsabilidad aceptada por Juliana Guerrero.
María Fernanda Cabal, dirigente del Centro Democrático, cuestionó los vínculos de Guerrero con el entorno del entonces presidente Gustavo Petro.
“¿Acaso nadie le explicó a Juliana Guerrero que el poder es efímero, y que la responsabilidad permanece? En un Estado de derecho, nadie está por encima de la ley. Ni siquiera las amigas de Petro. Y el que la hace, la paga”, escribió.
La senadora Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso, sostuvo que la decisión judicial se produjo después de denuncias previas de su sector.
“Tras un año de nuestras denuncias políticas y ante la justicia Juliana Guerrero confiesa lo que siempre dijimos: que es una delincuente”, afirmó.
En otra parte de su publicación, Pedraza se refirió a las sanciones previstas en el acuerdo. “Por corrupta será condenada a 3 años de prisión, 100 salarios mínimos de multa y 2.5 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos. ¿Es suficiente? Creo que no. Pero en un país lleno de impunidad, celebro que denunciar sí sirvió”.
La congresista también cuestionó a Petro por la defensa que, según su postura, brindó a la joven durante la controversia.
“Esto fue lo que protegió @petrogustavo, traicionando las causas de la juventud y enlodando a la Universidad Popular del Cesar con esta delincuente en su dirección. Seguiremos luchando por el mérito antes que la palanca”, agregó.
El representante a la Cámara Andrés Forero, del Centro Democrático, resumió su posición en un breve mensaje: “Juliana Guerrero reconoce su actuar delictual. Y tanto que la defendió Petro…”.
El representante a la Cámara por Santander, coronel Guillermo Blanco, del Partido Conservador, enfocó su pronunciamiento en el impacto que el expediente puede tener como referencia para estudiantes y jóvenes que buscan ingresar al servicio público.
“Este debe ser, ante todo, un mensaje para los jóvenes: los atajos terminan pasando factura. La preparación, el mérito y el esfuerzo no pueden reemplazarse por influencias o privilegios”, señaló Blanco.
El congresista añadió que la situación también plantea cuestionamientos sobre las responsabilidades de quienes respaldan a funcionarios o personas cercanas a estructuras de poder.
“Y también deja otra lección: las malas influencias existen incluso desde el poder. El expresidente @petrogustavo defendió públicamente a Juliana Guerrero aun cuando ya existían serios cuestionamientos. Un líder debe pensar en el ejemplo que transmite a miles de jóvenes que lo siguen, por encima de afectos, cercanías o intereses personales”, publicó.
El representante a la Cámara por Huila Julio César Triana también cuestionó la postura de Petro frente al caso: “Juliana Guerrero acepta la responsabilidad en sus títulos falsos. ¿Qué narrativa se inventará Petro para seguir defendiéndola?”.
Por último, el exsenador Juan Manuel Galán reaccionó al preacuerdo alcanzado por Juliana Guerrero con la Fiscalía por las irregularidades en sus títulos académicos. El dirigente sostuvo que la decisión envía una señal sobre la responsabilidad de quienes aspiran a cargos públicos.
“Nadie puede llegar al poder burlándose de la ley y del esfuerzo de los demás. Por eso esta decisión marca un precedente importante: nadie, ni siquiera quien haya contado con el respaldo del presidente de la República, está por encima de la ley”, escribió.
Galán calificó el caso como “vergonzoso” y criticó que se busquen cargos mediante “atajos” y “amiguismos”, mientras jóvenes se preparan para avanzar profesionalmente.
