La Procuraduría pidió revisar si Juliana Guerrero pudo haber incurrido en otro delito, además del fraude procesal que aceptó en un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, una actuación separada que no implica una nueva responsabilidad penal ni modifica por ahora la condena ya impuesta.
La solicitud surgió después de que el Juzgado 46 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá avalara la negociación y fijara una pena de tres años de prisión, suspendida condicionalmente, junto con una multa de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, explicó que el delegado del Ministerio Público que intervino en la audiencia apeló el alcance del acuerdo. La petición busca determinar si los hechos permiten examinar una conducta penal distinta de la incluida inicialmente en la negociación.
“El procurador delegado ante ese caso apeló y dijo que había que examinar la posibilidad de la comisión de otro delito distinto a aquel mediante el cual hicieron el acuerdo”, afirmó Eljach.
Durante la diligencia se pidió compulsar copias para que la Fiscalía evalúe una posible falsedad ideológica en documento público, un delito contra la fe pública. El juez aceptó esa petición, pero la decisión solo permite que se estudie la eventual apertura de una investigación independiente.
La Fiscalía deberá establecer si existen elementos para avanzar en esa línea y, de ser así, cumplir las etapas procesales antes de formular cualquier imputación. Guerrero no ha sido declarada responsable por esa posible conducta adicional.
Eljach sostuvo que el delegado actuó con autonomía en el proceso y que su intervención no obedeció a órdenes de la dirección de la entidad. “Él tiene autonomía plena e independencia. Nadie lo manda; yo no lo mando. Él ejerce su función y el juez evaluará si tiene razón o no”, manifestó.
La autoridad judicial será la encargada de resolver los argumentos presentados y de definir si corresponde revisar los efectos del acuerdo alcanzado entre Guerrero y la Fiscalía.
Los títulos usados para aspirar al Viceministerio de Juventudes
La condena por fraude procesal se relaciona con dos títulos académicos incorporados por Guerrero a su hoja de vida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, Sigep II. Los documentos fueron expedidos por la Fundación Universitaria San José y se utilizaron dentro del trámite para aspirar al Viceministerio de las Juventudes del entonces Ministerio de la Igualdad.
Uno de los títulos correspondía a tecnología en Gestión Contable y Tributaria y el otro a Contaduría Pública. La investigación estableció que fueron obtenidos sin cumplir el plan de estudios ni otros requisitos exigidos, entre ellos la presentación de la prueba Saber Pro.
Guerrero reconoció ante el juzgado que actualizó su información en el Sigep y presentó los documentos ante el Ministerio de la Igualdad para conservar la posibilidad de llegar al cargo. Durante la audiencia expresó: “Admitir que realicé fraude procesal en la medida de actualizar mi hoja de vida en el Sigep y presentar los documentos al Ministerio de la Igualdad para quedar con la posibilidad de aspirar al cargo”.
El juez cuestionó la gravedad de la conducta al señalar que la documentación fue presentada para acceder a una función de alta responsabilidad estatal. “Estamos hablando de una persona que estaba entregando unos documentos para ser nombrada viceministra de las juventudes, un cargo que implica la mayor responsabilidad, no solo con el Estado, sino con la juventud de este país”, indicó.
Multa de más de $175 millones y suspensión de la pena
La sanción económica asciende a $175.090.500, calculada sobre un salario mínimo básico de $1.750.905 para 2026. El monto no incluye el auxilio de transporte de $249.095, debido a que las multas se liquidan únicamente sobre el salario básico.
La pena privativa de la libertad no se cumplirá inicialmente en una cárcel ni bajo prisión domiciliaria porque Guerrero recibió el beneficio de suspensión condicional de la ejecución. La condena permanece vigente y exige que cumpla las condiciones fijadas por el juzgado, pague la multa y respete la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas.
El preacuerdo contempló una inhabilidad de dos años y seis meses, aunque también se informó que podría extenderse durante los tres años de la pena. La duración definitiva deberá quedar establecida en la sentencia escrita.
Guerrero ofreció disculpas públicas durante la audiencia virtual: “Me equivoqué y estoy sinceramente arrepentida”.
