Madrid, 13 sep (EFE).- La Audiencia Nacional juzga desde este lunes a una docena de acusados de financiar al terrorismo yihadista en Siria con el sistema hawala o con envíos de material logístico como ambulancias a través de una ONG, si bien no hay evidencias de que los vehículos sanitarios llegaran a manos de una organización terrorista.
La Fiscalía pide que diez de los acusados sean condenados a penas de cinco y seis años de cárcel por un delito de financiación del terrorismo y al pago de multas que, en uno de los casos, supera el millón de euros, mientras que para los otros dos pide el sobreseimiento.
El fiscal sostiene en su escrito de conclusiones provisionales que los acusados, a los que la Policía vinculó con el denominado clan Kutayni, al que a su vez relaciona con los Hermanos Musulmanes, enviaron a Al Qaeda y sus filiales fondos a través del sistema de hawala o mediante remesadoras de fondos, así como material logístico.
Los fondos recaudados fueron supuestamente enviados entre 2013 y 2019 al líder de un bastión de la filial siria de Al Qaeda, Jabhat Fatah al- Sham, así como a combatientes y a regiones controladas territorialmente por dicha filial.
Los acusados, según el fiscal, supuestamente hicieron 14 envíos de dinero entre 2018 y 2019, mientras que a través de las empresas Ibertrans Service y Ermitrucks Trading en el periodo comprendido entre los años 2018 y 2019 habrían enviado maquinaria industrial, camiones y ambulancias.
Las ambulancias y el material sanitario fueron enviados a través de una ONG sin que conste que llegaran a la organización terrorista, precisa el escrito de acusación.
En una pieza separada de este procedimiento fueron investigados los fondos enviados a través de la ONG turca Al Bashaer atribuidos al presidente de la Comisión Islámica en España, Mohamad Aidman Adbli, y a otras ocho personas, si bien finalmente la causa contra ellos fue archivada.
El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña, a instancias de la Fiscalía, concluyó que no había indicios suficientes de que los fondos recaudados en campañas para la ayuda a huérfanos y viudas en Siria llegaran a zonas donde operaban milicias yihadistas.
Los informes policiales y de Europol dictaminaron que la complejidad de la situación en Siria no permitía concluir que el dinero enviado no fuera por motivación humanitaria y que la fundación Al Bashaer fuera conocida por un pretendido carácter yihadista.
Quedaron así exonerados de esta causa, entre otros, el presidente de la Comisión Islámica y su tesorero; el que fuera imán de Badajoz Adel Najjar, o el sirio Ghasoub Alabrash Ghalyoun, que en su día fue absuelto de integrar una célula de Al Qaeda en España vinculada a los atentados del 11-S, liderada por Imad Eddin Barakat Yarkas, Abu Dahdah.
La investigación comenzó en octubre de 2019 en relación a una presunta financiación del terrorismo en Siria por parte de Mohamed Hatem Rohaibani y Aiman Albi, ambos miembros de la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE), así como de determinadas entidades islámicas que tenían "como nexo común estar ligadas a la Mezquita Central de Madrid o de Abu Bakr".
En marzo de 2021, fueron hallados en algunos de los dispositivos electrónicos y documentos intervenidos en distintos registros -esencialmente en la carnicería del centro cultural islámico Abu Bakr; en el domicilio de la familia Kutayni y en el domicilio de Galeb Kalaje- indicios de la recaudación “bajo una supuesta campaña de ayuda humanitaria” de envío de fondos a Siria a través de la citada ONG. EFE
