El gobierno de Keiko Fujimori ingresó al Congreso de la República el pedido de delegación de facultades legislativas. De aprobarse su solicitud, el Poder Ejecutivo tendrá la potestad de legislar por 120 días calendario en áreas consideradas prioritarias.
La solicitud contempla ocho bloques temáticos y busca atender desafíos nacionales en seguridad ciudadana, reforma del sistema penitenciario, orden interno, control migratorio, fortalecimiento de micro y pequeñas empresas, promoción del empleo, modernización del Estado y otros temas.
La Presidencia del Consejo de Ministerios (PCM) remarcó la urgencia de aprobar este pedido para fortalecer la gestión pública y responder a las principales prioridades del país.
Seguridad, penalidad, orden interno y control migratorio
El bloque más extenso del pedido concentra cambios en materia penal, procesal penal, ejecución penal, policial, seguridad ciudadana, orden interno, penitenciaria y migratoria. El texto aprobado por la PCM expone que el Congreso delegue facultades para legislar en estas materias, entre ellas:
- Migración y nacionalidad: El Ejecutivo podrá legislar sobre el régimen de control y regularidad migratoria, así como nacionalización, “con la finalidad de promover una migración ordenada, segura y regular”.
- Delincuencia y crimen organizado: Se propone “legislar para combatir la delincuencia, criminalidad organizada y mercados ilícitos, a través de medidas dirigidas a fortalecer la prevención, investigación, persecución, juzgamiento y sanción de los delitos, así como en lo concerniente al tratamiento penitenciario y asistencia post penitenciaria”.
- Reforma del sistema penitenciario: El Gobierno busca “reformar el sistema nacional penitenciario, con la finalidad de fortalecer la seguridad y la reinserción social”. Esto incluye regular la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en acciones de apoyo operativo a los establecimientos penitenciarios, siempre conforme al marco constitucional.
- Reformas penales: El Ejecutivo podrá modificar el Código Penal, el Nuevo Código Procesal Penal y el Código de Ejecución Penal para endurecer la persecución de delitos violentos y de criminalidad organizada. Se prevé la creación de un marco legal que declare a las organizaciones criminales como terroristas y disponga su clasificación y registro.
- Legítima defensa: Se establece que quien ejerza el derecho fundamental a la legítima defensa “goza de una presunción de inocencia respecto de la racionalidad de su respuesta a la agresión, por lo que la destrucción de la misma requiere de motivación cualificada, bajo sanción de nulidad”.
- Armas, explosivos y telecomunicaciones: El Gobierno podrá modificar normas sobre armas de fuego, municiones, explosivos y equipos pirotécnicos de uso civil para fortalecer su control y trazabilidad. Además, se plantea regular el rastreo, bloqueo y baja de líneas de equipos electrónicos empleados en delitos, en especial aquellos usados desde cárceles. El control de las comunicaciones ilegales en establecimientos penitenciarios y centros juveniles será reforzado, incluyendo la modificación de la Ley de Delitos Informáticos.
- Juventud y reinserción: El pedido incluye legislar en intervenciones de reinserción social juvenil y post egreso, con el objetivo de fortalecer los procesos de resocialización de adolescentes en conflicto con la ley penal.
- Participación de Fuerzas Armadas y Policía: Se solicita modificar el marco normativo para la intervención de las Fuerzas Armadas (FF. AA.)en apoyo a la Policía Nacional del Perú (PNP) frente a amenazas que afecten el estado de derecho, la seguridad ciudadana y el orden interno.
- Registro de organizaciones criminales: El Ejecutivo podrá establecer el marco legal que declare a las organizaciones criminales como terroristas, con disposiciones para su clasificación y registro.
- Armas no letales: El pedido de facultades legislativas también abarca el uso de armas no letales y equipamiento especial para el personal encargado de la vigilancia y monitoreo de áreas naturales protegidas.
