El juez Juan Carlos Peinado ha celebrado este martes la audiencia preliminar que deja a Begoña Gómez a un paso del juicio oral por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, un trámite previo a la decisión sobre su envío al banquillo que llega después de que la Audiencia Provincial de Madrid recortara la causa y cuando al magistrado le quedan pocos días antes de sus vacaciones y de su jubilación.
La vista ha durado apenas media hora y se ha celebrado con más de una hora de retraso, después de que el abogado de Gómez, Jaime Campaner, haya llegado a los juzgados a las 19.15. La Ley del Tribunal del Jurado da al instructor un plazo de tres días para decidir si abre juicio oral o archiva el sumario.
Las defensas y la Fiscalía han vuelto a sostener en la audiencia que ni Gómez ni su asistente Cristina Álvarez han cometido delito, mientras que la acusación popular dirigida por Hazte Oír ha mantenido su petición de apertura de juicio y las penas que ya había anunciado: 13 años de cárcel para la esposa del presidente y seis para Álvarez.
El juez decide antes de sus vacaciones
La comparecencia de este martes ha sido la segunda de este tipo en la causa. La primera, celebrada en junio, quedó sin efecto después de que la Audiencia Provincial de Madrid estimara parcialmente los recursos y redujera de cuatro a dos los delitos que pueden llegar a juicio.
De acuerdo con Europa Press, tras esta vista se da por cerrada la fase de instrucción del conocido como caso Begoña Gómez, centrado en la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid y en las tareas desempeñadas por Álvarez en Moncloa. El magistrado debe dictar ahora el auto en el que resuelva si aprecia indicios suficientes para sentarlas ante un tribunal del jurado.
Peinado inicia este miércoles un periodo de vacaciones de diez días y se jubilará el próximo 27 de septiembre, cuando cumple 72 años. Ese calendario estrecha los tiempos para que sea él mismo quien adopte la decisión definitiva sobre la apertura del juicio antes de dejar el juzgado.
La audiencia se ha celebrado tras un pulso procesal con las defensas. El juez convocó a las partes con apenas un día de antelación y rechazó inicialmente aplazar la cita pese a las objeciones del abogado de Gómez y a la imposibilidad de asistencia de Álvarez, que se encuentra fuera de España.
Ni Gómez ni su asistente han comparecido personalmente en Plaza de Castilla, pues no estaban obligadas por ley a hacerlo y ambas han delegado su representación en sus letrados, que han pedido la absolución al entender que los hechos investigados no son constitutivos de delito.
La Audiencia de Madrid recortó la causa a dos delitos
La intervención de la Audiencia Provincial de Madrid ha sido determinante en la recta final del procedimiento. El tribunal dejó fuera de la causa los delitos de apropiación indebida y corrupción en los negocios, de modo que el eventual juicio quedaría limitado a malversación y tráfico de influencias.
Esa corrección llega al término de 29 meses de instrucción marcados por sucesivos reproches de la sala de apelación al juez. Entre ellos figuran la anulación de registros, la censura de interrogatorios a testigos que salían del juzgado como investigados y la exclusión de la causa del empresario Carlos Barrabés.
La Audiencia también ha afeado al instructor que inventara el contenido de declaraciones para justificar diligencias. En esa hemeroteca judicial figuran actuaciones como el interrogatorio en Moncloa al presidente del Gobierno o al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
La acusación popular, que en un momento anterior llegó a pedir 24 años de prisión, rebajó su solicitud hasta los 13 años tras la exclusión de dos delitos. En el caso de Álvarez, mantiene la petición de seis años por malversación al sostener que ayudó a Gómez en actividades privadas mientras cobraba un sueldo público.
