La trama detrás de las inconsistencias en los registros de los tribunales federales de Rosario dio un giro en las últimas horas, a partir de una auditoría ordenada por la Cámara Federal de esa jurisdicción para saber por qué dos juzgados de la ciudad santafesina reportaban 8.502 causas abiertas, mientras que los fiscales apenas contaban 1.180 expedientes en trámite. La discrepancia abrió sospechas que oscilan entre irregularidades administrativas y “cajoneo” de casos que se empezaron a investigar hasta seis años después de que fuera radicada la denuncia.
Con los primeros avances de la auditoría, la discrepancia entre los Juzgados Federales N° 3 y N° 4 de Rosario y el Ministerio Público ahora se redujo de más de 7.000 a 1.266, según supo Infobae de fuentes judiciales. Todas son causas del sistema residual, previas a la implementación del código acusatorio.
Este lunes, la Cámara dictó la Acordada N° 138/2026 para profundizar las averiguaciones internas y se está preparando la conformación de un equipo que revisará una por una todas las causas. Ambos juzgados auditados están a cargo del juez Carlos Vera Barros, quien subroga el segundo de estos asientos desde que renunció Marcelo Bailaque, acusado por múltiples delitos de corrupción.
Las estadísticas de los expedientes son responsabilidad de los secretarios judiciales, “jefes administrativos” de cada dependencia y segundos funcionarios en la línea de mando detrás del juez.
A partir de la auditoría iniciada por la Cámara de Rosario el miércoles, tal como anticipó Infobae, los cinco secretarios que tienen estos dos juzgados corrigieron las cifras elevadas al tribunal superior e indicaron que tienen 2.360 expedientes abiertos, y no más de 8.500, como habían informado en sus reportes semestrales.
“Se sinceraron”, le explicó a este medio una fuente judicial que participa de la auditoría. El miércoles les habían dado 48 horas para revisar sus números.
En los tribunales rosarinos advertían que las secretarías de los juzgados habrían “inflado” el volumen de causas para mostrar un ritmo de trabajo mayor al que realmente tienen. El objetivo: no perder recursos ni empleados a partir de la implementación del sistema acusatorio, que reduce sus tareas.
Para justificar semejante corrección, los secretarios alegaron diversos fallos de registro en el sistema informático Lex 100, con el que trabaja todo el Poder Judicial. Explicaron que existían expedientes archivados, sobreseídos, elevados a juicio oral o derivados por incompetencia que continuaban figurando erróneamente como activos.
Por su parte, el Ministerio Público -con intervención de la Procuración General- actualizó su cifra final a 1.094 causas en trámite, menos de un centenar por debajo de lo advertido inicialmente. Esto quiere decir que persiste una diferencia de 1.266 casos que están en los juzgados, pero no aparecen en el sistema que usan los fiscales.
En el marco de la auditoría, los secretarios judiciales señalaron que la diferencia remanente con el Ministerio Público Fiscal se debe a que el organismo acusador no interviene en ciertos procesos, tales como demandas contenciosas, exhortos, hábeas corpus o expedientes de la ley penal cambiaria. Esa versión será verificada por la Cámara.
La controversia comenzó a gestarse a fines de julio último, cuando el presidente de la Cámara Federal de Rosario, Aníbal Pineda, inició conversaciones con el fiscal general coordinador del Distrito Rosario, Matías Felipe Scilabra, para cotejar la información del primer semestre.
De ese intercambio preliminar surgieron las primeras discrepancias, confirmadas luego por otros fiscales rosarinos que se negaron a recibir en pleno 2026 casos cuyas denuncias se habían radicado hace tres, cuatro y hasta seis años.
En los Juzgados N° 3 y N° 4 sostienen que, si se “cajonearon” o paralizaron algunas causas —las razones serán motivo de investigación—, estas son una porción minoritaria de las 1.266 controvertidas con los fiscales.
“Las causas que no estaban registradas y no se movieron durante años no deben llegar a 100, pero no son menos de 10”, estimó un funcionario judicial consultado por el posible congelamiento de denuncias. La misma fuente admitió que hay casos de trata de personas y narcotráfico a mediana escala que estuvieron frenados y recién ahora se reactivaron.
“Las diferencias siguen siendo grandes. Se va a hacer un cotejo una por una de todas las causas, las que están vigentes y las que ‘se dieron de baja’, para ver si efectivamente son causas que estaban terminadas y que las habían asentado incorrectamente como causas en trámite”, le adelantó a Infobae un alto funcionario que interviene en la auditoría de la Cámara Federal de Rosario.
A partir de hoy, el tribunal superior ordenó a los secretarios de los Juzgados N° 3 y N° 4 remitir, en un plazo de 72 horas, un listado detallado en formato Excel con cada causa activa, su número de registro y su estado procesal. Asimismo, les otorgó un plazo de diez días hábiles para entregar el detalle de todos los expedientes que fueron regularizados y eliminados de las estadísticas vigentes.
Una vez recibida esta documentación, un equipo de la Cámara Federal llevará a cabo un cotejo individualizado de cada caso frente a los registros de las fiscalías.
La acordada de este lunes lleva la firma de las juezas Silvina María Andalaf Casiello y Élida Isabel Vidal. El magistrado Aníbal Pineda también prestó acuerdo, aunque no signó la resolución por encontrarse fuera de la provincia.
