La Comisión Plurinacional por el Agua rechazó este 26 de agosto de 2026 la iniciativa 6816 de Ley de Aguas para Guatemala y pidió al Congreso una audiencia para exponer su oposición, en un momento atravesado por la salida de Patricia Orantes Thomas del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, la funcionaria que impulsó el proceso de consulta del que surgió el proyecto y que dejará el cargo el 1 de septiembre para volver al Legislativo.
La organización, que reúne a más de 30 asambleas territoriales y dice llevar cinco años presentando propuestas y denuncias sobre la gestión del agua en el país, sostiene que la iniciativa permitiría otorgar derechos de aprovechamiento especial para uso comercial por hasta 25 años, con posibilidad de transferirlos a terceros y prorrogarlos.
Según el pronunciamiento, ese esquema beneficiaría a mineras, agroindustrias, hidroeléctricas, embotelladoras y maquilas.
La comisión afirmó que el proyecto fue elaborado en un proceso presentado como participativo, pero orientado en los hechos a intereses del sector privado.
También señaló que los espacios de diálogo “no fueron del todo transparentes” y que las propuestas de comunidades y autoridades ancestrales quedaron fuera del texto de la iniciativa.
La comisión denuncia que la ley reconocerá usos cuestionados del agua y reducirá sanciones
Uno de los núcleos de la crítica apunta a los artículos transitorios 204 y 205. La CPA advirtió que ese procedimiento administrativo reconocería como legítimos los usos actuales del agua, incluso aquellos que las organizaciones consideran resultado de acaparamiento o contaminación.
La entidad también cuestionó que las sanciones por delitos como la contaminación prescriban a los cinco años, de acuerdo con el artículo 191. En su diagnóstico, la iniciativa no corrige abusos previos, sino que les da cobertura legal.
“La iniciativa de ley facilita el saqueo corporativo y legaliza el despojo”, sostuvo el documento. La frase sintetiza el rechazo de la organización a un proyecto que, según su lectura, consolida ventajas para grandes usuarios comerciales del recurso.
La comisión objetó además la estructura de la futura Superintendencia del Agua, el ente rector que crearía la norma. Indicó que su directorio estaría integrado por cuatro personas designadas por ministros en funciones, sin representación de autoridades indígenas ni de organizaciones territoriales.
Aunque la iniciativa menciona a los pueblos Maya, Garífuna y Xinka, la participación prevista para ellos quedaría limitada a cinco espacios en un consejo consultivo cuyas recomendaciones “no serán vinculantes”, según el artículo 153. En ese mismo órgano, el sector privado tendría ocho espacios.
Los descuentos de hasta 70% y los trasvases agravan el rechazo
Otro de los cuestionamientos se dirige al sistema de incentivos previsto en los artículos 52, 53 y 63. La iniciativa establece un cobro progresivo por metro cúbico para titulares de licencias comerciales, pero permitiría descuentos de hasta 70% a empresas que cumplan metas que la comisión califica de ambiguas, como reutilizar el 20% del agua consumida.
La organización añadió que el artículo 66 abriría la puerta a que empresas con antecedentes de contaminación accedan también a esos beneficios. Para la CPA, esa combinación debilita cualquier intención de control efectivo sobre el uso industrial del recurso.
El pronunciamiento incluyó otra alerta sobre los mecanismos de trasvase contemplados en los artículos 75 al 79 y 92. La comisión afirmó que esas disposiciones facilitarían el traslado de agua entre territorios mediante servidumbres legales para favorecer al sector inmobiliario y agroindustrial.
La organización también se refirió a la iniciativa 6834, presentada el 24 de agosto por Inés Castillo de la bancada UNE, y la describió como un “distractor” mientras el Congreso avanza con la discusión de la ley 6816.
En paralelo, aclaró que la salida de Orantes no altera su rechazo al proyecto, porque observa en el texto de la propuesta un “sesgo que favorece abiertamente los intereses del sector privado y los capitales extranjeros”.
La Comisión Plurinacional por el Agua, también mencionada como Comisión Plurinacional por la Libertad para el Agua, está integrada por organizaciones sociales, comunitarias y pueblos indígenas del país. Entre sus actores figuran representantes como los 48 Cantones de Totonicapán, la Alcaldía Indígena de Santiago Atitlán, las Autoridades Ancestrales de Iximuleu y delegaciones de los pueblos maya, garífuna, xinca y mestizo.
