La falta de alternativas económicas y la expectativa de obtener ingresos rápidos empujan a decenas de personas a la minería ilegal de oro en Cuba, una actividad prohibida por el Estado que se extiende en áreas rurales de las provincias de Camagüey, Las Tunas y Ciego de Ávila. El fenómeno combina explotación clandestina, presión sobre recursos estratégicos, riesgos ambientales y episodios de violencia vinculados a la delincuencia.
Según un reportaje publicado por Havana Times, pequeños grupos de mineros excavan pozos en busca de vetas auríferas, pese a que la legislación cubana reserva la extracción de oro para proyectos autorizados. El metal es considerado un recurso estratégico y las licencias suelen concentrarse en compañías estatales o empresas extranjeras.
Uno de los focos está en Guáimaro, municipio del este de Camagüey, donde abundan los relatos de jóvenes que abandonaron actividades tradicionales para buscar oro. En una zona de fuerte tradición ganadera, palas, picos y zarandas reemplazaron en algunos casos al trabajo con ganado, cuyo control está sujeto a regulaciones estatales.
El principal incentivo es el valor del mineral. Un minero identificado como Jesús afirmó, según la Havana Times, que el gramo de oro refinado puede venderse por más de 60,000 pesos cubanos, una suma superior a 80 dólares. Incluso una jornada con una extracción menor puede dejar cerca de 3,000 pesos por trabajador.
Jesús, originario de Guantánamo y residente en Guáimaro desde hace tres años, forma parte de un grupo de cuatro personas que trabaja cerca del río Jobabo, en la frontera entre Las Tunas y Camagüey. Antes había participado en explotaciones clandestinas en El Pilar, un campo del municipio avileño de Baraguá.
El antecedente de Ciego de Ávila expone la dimensión de la respuesta oficial. Jesús relató que perdió sus herramientas durante un operativo policial contra una mina que comenzaba a producir. Más de 300 personas fueron detenidas en aquella redada, que ocurrió antes de una visita del ministro de Energía y Minas, Vicente La O Levy, a la zona.
La presencia estatal no ha eliminado la actividad. Los grupos buscan sitios alejados y acuerdan con propietarios rurales el alquiler de terrenos. Algunos dueños exigen pagos en efectivo; otros reclaman una parte de la extracción. Son pactos informales, sin documentación ni mecanismos legales para exigir su cumplimiento.
Golden Hill concentra los proyectos formales en Las Tunas
Mientras la explotación artesanal se multiplica fuera de la ley, el principal proyecto establecido bajo la normativa vigente es Golden Hill, en el municipio tunero de Jobabo. Sus instalaciones comenzaron a operar a inicios de la década de 2010 como parte de un convenio de cooperación entre Cuba y Venezuela.
El yacimiento se encuentra a unos 20 kilómetros de la zona donde trabajan grupos informales. La cercanía alimenta entre los mineros la expectativa de que existan reservas adicionales en los alrededores, aunque no hay información oficial que confirme la cantidad o calidad de los depósitos que buscan.
Durante una visita en 2023, La O Levy convocó a dialogar con comunidades de Ciego de Ávila y otras provincias del centro-oriente donde se detectaron yacimientos ilegales. El objetivo oficial era reducir esos episodios, preservar las reservas para su explotación regulada y aumentar los ingresos del país.
La cartera de oportunidades para inversión extranjera incluye decenas de proyectos ligados a la minería. Entre ellos figuran yacimientos de pórfidos de cobre y oro en Ciego de Ávila, una ampliación de Golden Hill para incorporar cobre y una propuesta para extraer sulfuros de oro en Florencia-Maclama, en la frontera entre Las Tunas y Camagüey.
La delincuencia y el mercurio suman riesgos a la extracción clandestina
La ilegalidad deja a los mineros sin posibilidad de recurrir a la policía cuando sufren robos o agresiones. En Guáimaro, algunos grupos establecieron turnos nocturnos para vigilar las herramientas y el material extraído. En momentos de mayor tensión, los trabajadores permanecieron en parejas y con machetes o piedras para protegerse.
Un habitante citado por Havana Times sostuvo que el crecimiento de la actividad trajo conflictos, carreras de motos, consumo de alcohol y disputas en bares de la localidad. El escenario contrasta con las décadas de 1960 y 1970, cuando una explotación estatal de oro en Flor de María dejó viviendas, una guardería y obras de infraestructura antes de cerrar en los años 80 por el agotamiento de la veta.
También persiste el riesgo de contaminación. En el proceso artesanal, los mineros lavan y tamizan la tierra para obtener una mezcla a la que agregan mercurio, conocido localmente como azogue, para separar el oro. En zonas como Flor de María existen pozos vinculados al abastecimiento de agua y a infraestructura ganadera, por lo que una eventual filtración podría afectar recursos esenciales para Guáimaro.
