La defensora del Pueblo, Iris Marín, y Deisy Dorelly Guanaro, víctima y sobreviviente de reclutamiento forzado por las Farc, sostuvieron un fuerte intercambio de mensajes después de que la activista cuestionara la falta de respuesta institucional a una propuesta de campaña de prevención contra este crimen de guerra.
El cruce ocurrió luego de que la Defensoría del Pueblo divulgó un informe en el que advirtió que conoció 1.173 casos de reclutamiento de niños y adolescentes entre 2024 y el 31 de julio de 2026. La entidad alertó sobre un posible subregistro y pidió reforzar la prevención en los territorios.
En su comunicado, la entidad se refirió al reciente bombardeo ocurrido en El Retorno, Guaviare, donde, según indicó, murieron tres menores de edad.
Al respecto, la entidad sostuvo que el reclutamiento de menores está prohibido por el derecho internacional humanitario (DIH) y atribuyó la responsabilidad a los grupos armados ilegales que mantienen esa práctica.
El organismo añadió que los menores reclutados continúan bajo condición de víctimas y planteó que el Estado debe evaluar alternativas y extremar las precauciones para proteger sus vidas durante operaciones militares.
Además, pidió reactivar la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes por Grupos Armados Organizados y Grupos Delictivos Organizados, conocida como Ciprunna.
Una promesa de mesa técnica que no se concretó
No obstante, tras la publicación del informe, Dorelly Guanaro reprochó a la Defensoría que meses atrás solicitó apoyo para construir una campaña contra el reclutamiento y una mesa técnica que, según afirmó, fue no se realizó.
“La hipocresía de algunos es evidente”, expresó la activista en un mensaje dirigido a la Defensoría del Pueblo. Además, sostuvo que la niñez necesita “resultados” y reclamó medidas concretas contra este crimen en las zonas afectadas por la violencia armada.
“Yo misma solicité una mesa técnica; nos la prometieron y nunca llegó. Hoy se rasgan las vestiduras. Pero ahora todos debemos trabajar para prevenir y, sobre todo, llegar con acciones reales a los territorios. Nosotros lo estamos haciendo. La niñez no necesita discursos: necesita resultados”, escribió.
Dorelly señaló que su trabajo parte de su experiencia personal como sobreviviente. “Yo sí sé lo que se siente perder la infancia y que la violencia te arrebate tus sueños”, afirmó.
Por su parte, la defensora del Pueblo respondió que el término “hipocresía” constituye una calificación fuerte que, a su juicio “no se compadece con nuestro trabajo. reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes. Por ende, Iris Marín invitó a la sobreviviente y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) a abrir un diálogo sobre la prevención del reclutamiento, uso y utilización de menores de edad.
“El país necesita la unión de las instituciones y la sociedad para enfrentar este crimen”, escribió Marín, quien aseguró que la Defensoría está disponible para trabajar en ese objetivo.
Dorelly respondió que mantiene su disposición para articular acciones. “Aquí estoy, con toda la disposición de construir y trabajar en unidad por nuestra niñez”, expresó la víctima de reclutamiento forzado.
A su vez, la Defensoría del Pueblo informó que cuenta con información sobre menores en estructuras de las disidencias de alias Mordisco y alias Calarcá, además de un aumento de reclutamientos en Catatumbo, atribuido al Ejército de Liberación Nacional y a las disidencias del Frente 33.
El organismo alertó que varios casos se conocen únicamente después de la muerte de los menores en combates o en operaciones de la Fuerza Pública. Según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, complementados con información recopilada en territorio, 73 niñas, niños y adolescentes habrían muerto en operativos militares entre el 7 de agosto de 2022 y el 23 de junio de 2026; 31 de esas muertes ocurrieron en 2025.
