Los graves hechos de violencia que envuelven al departamento del Atlántico motivaron a la Defensoria del Pueblo para que, en la mañana del domingo 30 de agosto, emitiera una alerta temprana por el riesgo que enfrentan las poblaciones de Luruaco, Repelón, Sabanalarga, Baranoa y Polonuevo por la los fuertes choques de estructuras armadas ilegales que disputan el control de un corredor estratégico.
Según el órgano de vigilancia, la alerta temprana 019-2026 se emitió para advertir sobre posibles violaciones a los derechos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad humana en esos cinco municipios del centro del Atlántico.
Según la Defensoría, el riesgo se explica por la disputa territorial y por el control de rentas ilícitas en una zona que conecta el Área Metropolitana de Barranquilla con el canal del Dique y con los departamentos de Bolívar y Magdalena.
La entidad aseguró que entre los grupos armados figuran el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (o Clan del Golfo), el Bloque Resistencia Caribe conocido como Los Costeños; Los Pepes, los Rastrojos Costeños y bandas tercerizadas.
El autodenominado EGC mantiene presencia en zonas rurales de Luruaco y Repelón y controla corredores veredales que conectan con Bolívar. El órgano de vigilancia indicó que los Rastrojos Costeños y redes locales como Los Prii ejecutan vigilancia, sicariato, cobro de extorsiones y administración de fronteras invisibles.
Según la Defensoría, la región se ha convertido en un corredor estratégico para el tráfico de armas, drogas y ganado, conectando el área metropolitana de Barranquilla con el canal del Dique y otros departamentos vecinos. Esta condición ha favorecido la presencia simultánea de varios grupos armados ilegales, cada uno con su propia dinámica de violencia y control social.
Los habitantes enfrentan amenazas constantes: extorsiones sistemáticas, patrullajes armados y la distribución de panfletos con amenazas de exterminio social. El rompimiento de una tregua entre Los Pepes y Los Costeños a comienzos de 2026 reactivó enfrentamientos armados, intensificando el riesgo para la ciudadanía tanto en sectores urbanos como rurales.
Asimismo, la entidad advirtió que los efectos de la violencia recaen de forma desproporcionada sobre la infancia, adolescencia y juventud, víctimas del reclutamiento y explotación sexual desde edades tan tempranas como los 12 años. Los grupos armados emplean métodos de seducción material, como la entrega de regalos, para captar a menores en un ambiente de ausencia de oportunidades educativas y laborales.
Las mujeres y la población con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas también estarían sufriendo agresiones motivadas por prejuicio y control social.
A esto se suman las amenazas y hostigamientos contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y comunidades étnicas, quienes han sido objeto de intimidaciones para silenciar sus testimonios en procesos de verdad y reparación.
En municipios como Luruaco y Repelón, donde más del 70% de los habitantes son afrodescendientes, la violencia pone en riesgo la autonomía y la pervivencia cultural de estas comunidades.
Entretanto, la subregión Centro enfrenta un escenario en el que la disputa por rentas ilícitas conduce a homicidios selectivos, mientras la imposición de normas y restricciones por parte de los grupos armados limita la movilidad y deteriora la economía local. El cierre de negocios y el reclutamiento forzado de menores son consecuencias directas de la consolidación de la criminalidad organizada.
Las extorsiones y el abigeato han provocado desplazamientos forzados que, en muchos casos, permanecen invisibilizados. Los hostigamientos contra líderes sociales y docentes buscan desarticular los procesos de organización comunitaria.
Frente a este contexto, la Defensoría del Pueblo formuló 31 recomendaciones dirigidas a autoridades nacionales y territoriales, entre ellas los ministerios del Interior y Defensa, la Fiscalía General y la Unidad para las Víctimas. Se solicita la activación inmediata de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), con el objetivo de implementar acciones de protección, acceso a la justicia y atención humanitaria con enfoque diferencial.
El ente de control advirtió que las Alertas Tempranas son herramientas preventivas cuyo fin es resguardar la vida, libertad e integridad de las comunidades en riesgo. La falta de intervención institucional, advierte la Defensoría, podría agravar aún más la situación humanitaria y de seguridad en la zona.
