La Defensoría del Pueblo volvió a convertirse en uno de los principales focos de discusión política e institucional de Villa Carlos Paz. El nuevo punto de partida fue el anuncio realizado por el intendente Esteban Avilés durante la apertura de sesiones del Concejo de Representantes, rápidamente transformado en un proyecto concreto de enmienda de la Carta Orgánica. Pero la iniciativa oficialista reactivó propuestas anteriores, generó nuevas alternativas y terminó abriendo una discusión mucho más amplia: no solo cómo elegir al defensor, sino también si la institución debe continuar existiendo.
El trasfondo inevitable es la elección de junio de 2025, cuando apenas el 17% del padrón concurrió a votar y Víctor Curvino consiguió la reelección con 3.046 sufragios. Ese récord de abstención se convirtió en el principal argumento para revisar un sistema cuya legitimidad está severamente cuestionada.
La propuesta de Avilés: del voto al acuerdo político
El proyecto del Ejecutivo elimina la elección directa y propone que el defensor sea designado por el Concejo a partir de candidatos presentados por los bloques. Para alcanzar el cargo se necesitarían diez votos sobre doce, una mayoría extraordinaria que obliga a construir acuerdos entre oficialismo y oposición.
Carlos Paz Unido, con sus actuales siete bancas, no podría imponer por sí solo un nombre. Pero tampoco las cinco bancas opositoras podrían elegir a alguien sin el respaldo mayoritario del oficialismo. En los hechos, cualquier designación requeriría necesariamente el aval del gobierno de turno. El proyecto tampoco establece qué ocurriría si ningún postulante consigue los diez votos.
La reforma elimina además la reelección indefinida y reduce considerablemente las remuneraciones: el defensor dejaría de cobrar el equivalente al intendente y pasaría a percibir el salario de un director municipal.
La propuesta deberá conseguir también diez votos para ser aprobada como enmienda y luego ser ratificada mediante referéndum. La intención oficial es que la consulta coincida con las elecciones municipales de junio de 2027.
Ribetti: la Defensoría para la oposición
Daniel Ribetti volvió a presentar el proyecto que había impulsado en 2025. Coincide con Avilés en eliminar la elección específica, pero plantea una fórmula completamente diferente: el defensor sería designado por la fuerza que termine segunda en las elecciones municipales y el adjunto por la tercera.
El argumento es convertir al organismo en un verdadero contrapeso del Ejecutivo y evitar que quede bajo control del mismo espacio al que debería fiscalizar. Si alguna fuerza no realizara la designación dentro del plazo establecido, intervendría el Concejo por mayoría absoluta.
Juliá: mantener el voto y exigir legitimidad
Santiago Juliá propone conservar la elección popular, pero elevar fuertemente las exigencias. Para que haya autoridades debería votar al menos el 50% del padrón y la fórmula ganadora tendría que obtener la mayoría absoluta de los votos válidos afirmativos.
Si alguna de esas condiciones no se cumple, los cargos quedarían vacantes hasta la siguiente elección ordinaria, sin segunda vuelta, prórroga de mandatos ni intervención del Concejo.
Juliá rechaza tanto el proyecto de Avilés como el de Ribetti porque entiende que ambos trasladan a los partidos una decisión que hoy pertenece a los ciudadanos. “Dicen que buscan devolverle legitimidad a la Defensoría, y la solución que proponen es sacarle el voto al vecino y dárselo a la política”, cuestionó.
Directamente eliminarla
Carlos Quaranta volvió a presentar, en cambio, su propuesta para suprimir la Defensoría mediante una reforma de la Carta Orgánica. Para el concejal de Carlos Paz Inteligente, el 83% de abstención de 2025 fue una señal concluyente de rechazo ciudadano hacia una institución que considera “costosa, estéril, carente de autonomía e independencia”. Según sostuvo, su funcionamiento demanda más de 600 millones de pesos anuales.
En la misma dirección se pronunció el Frente Cívico, que calificó la última elección como un “plebiscito silencioso” y pidió que los vecinos decidan mediante el voto si quieren conservar el organismo. El espacio recuperó además una postura que Walter Gispert había expresado ya en 2015, cuando planteó que la Defensoría debía desaparecer por su inoperancia.
También Construyendo Futuro, encabezado por Horacio Gigena, realizó una presentación formal para avanzar hacia la eliminación. Su propuesta plantea redistribuir las actuales competencias entre otros organismos y destinar los recursos a diferentes prioridades, bajo el argumento de que modificar solamente el sistema de elección no resolvería los cuestionamientos sobre eficacia, superposición de funciones, independencia y costo.
Curvino entró de lleno en la pelea
Mientras crecía la discusión, el propio Curvino salió a responder en redes. Acusó a “precandidatos a intendente” de desprestigiar la Defensoría porque “no se les cae una idea”, habló de “politiquería” y “campañas berretas” y calificó a dirigentes críticos como “vende humo, populistas y demagogos”.
La intervención terminó abriendo otro frente. Juliá presentó un pedido de juicio político para que se determine si esas manifestaciones resultan compatibles con la independencia que exige el cargo y luego amplió la denuncia con publicaciones realizadas por Curvino desde 2023.
Su planteo sostiene que no se trataría de un exabrupto aislado, sino de un patrón de intervenciones dirigido contra dirigentes enfrentados con el Gobierno municipal. “Una Defensoría del Pueblo no tiene opositores”, resumió Juliá. La acusación deberá ahora ser evaluada mediante los mecanismos institucionales correspondientes.
La discusión quedó así completamente abierta. Ya no existe consenso siquiera sobre cuál es el problema principal: para algunos es el mecanismo de elección; para otros, la falta de independencia; para otros, la escasa legitimidad electoral; y para un sector creciente, la propia utilidad de la institución.
Después de años de cuestionamientos y de una elección que encontró a más de ocho de cada diez vecinos habilitados fuera de las urnas, Villa Carlos Paz finalmente empezó a discutir la Defensoría. La pregunta ahora es si esa discusión servirá para reconstruirla o terminará definiendo su desaparición.
Nota correspondiente a la edición n° 626 del periódico La Jornada, del 26 de agosto de 2026.
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