La Justicia sorteó este martes la denuncia que presentó el Gobierno contra las petroleras que operan en las Islas Malvinas. El expediente, originado en la presentación del canciller Pablo Quirno con el patrocinio del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio, quedó en manos del juez federal Julián Ercolini.
El Gobierno denunció penalmente a las empresas Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. por presunto incumplimiento de la Ley 26.659 de Hidrocarburos. Según la Oficina del Presidente, estas compañías tendrían permisos otorgados por el Reino Unido “para la exploración y/o explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, en violación de las disposiciones establecidas por la Ley N° 26.659”.
La presentación no se limita a la infracción a esa norma: también pide investigar a las compañías por asociación ilícita y lavado de activos, además de eventuales delitos ambientales y aduaneros. El escrito describe un “entramado societario” que habría participado en la planificación, organización, financiamiento, contratación y desarrollo de las actividades hidrocarburíferas. Además, sitúa el proyecto Sea Lion —el yacimiento en el centro de la causa— en una fase de ejecución material, tras la adopción de la decisión final de inversión (FID, por sus siglas en inglés), que habilitó la obtención de financiamiento y la firma de contratos de infraestructura crítica.
El Gobierno pidió además identificar a los directivos responsables de esas decisiones y evaluar la responsabilidad penal de las personas físicas involucradas, junto con medidas de cooperación internacional, embargos e inhibiciones.
La Ley 26.659, sancionada en 2011 y conocida como “ley Pino Solanas”, establece que ninguna empresa —argentina o extranjera— puede desarrollar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización de las autoridades nacionales, y alcanza también a los servicios comerciales, financieros, técnicos y de consultoría vinculados a esas operaciones.
Una reforma de 2013, la Ley 26.915, sumó sanciones penales de entre 5 y 10 años de prisión para quienes exploren sin autorización, y de entre 10 y 15 años para quienes extraigan, transporten o almacenen hidrocarburos en esas condiciones, además de multas, decomiso de equipos e inhabilitaciones de hasta 20 años.
La causa actual no es la primera aplicación de esta normativa. En 2013, Rockhopper Exploration fue inhabilitada por 20 años para operar en la Argentina por su participación en la exploración de la Cuenca Malvinas Norte. Navitas Petroleum recibió la misma sanción en 2022, también por el proyecto Sea Lion, antecedente que ahora la Justicia deberá ponderar en el marco de esta nueva denuncia penal contra la empresa y sus sociedades vinculadas.
El Gobierno enmarcó la presentación como parte de su política de reclamo de soberanía. “La presentación de esta denuncia constituye una acción concreta para proteger los recursos naturales y velar por la soberanía de la República Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional”, expresó en un comunicado, y agregó que continuará “investigando y promoviendo las acciones que sean necesarias para no dejar impune ningún acto que vulnere los derechos soberanos de la República Argentina”.
