La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha llamado a afrontar la crisis migratoria en Ceuta preservando "el principio de legalidad", algo que "no está en absoluto reñido con los valores de humanidad y respeto a la dignidad de todas las personas".

Así lo ha hecho durante su discurso en el acto de apertura del año judicial, presidido por el Rey Felipe VI en el Tribunal Supremo, donde también ha trasladado un mensaje de "reconocimiento y solidaridad a la ciudadanía de Ceuta", que "ha afrontado y continúa haciendo frente a situaciones especialmente complejas con serenidad, responsabilidad y con cercanía a las personas migrantes en condiciones de especial vulnerabilidad".

"Por ello quiero recordar la necesidad de preservar el principio de legalidad y la necesidad del retorno a una situación de plena seguridad y normalidad, lo que no está en absoluto reñido con los valores de humanidad y respeto a la dignidad de todas las personas", ha añadido.

También ha expresado su "reconocimiento a las instituciones, entidades, organizaciones sociales y personas voluntarias que, con profesionalidad, humanidad y entrega, contribuyen cada día a dar respuesta a estas difíciles circunstancias".

Ante ello, ha destacado "de manera especial" la labor de los fiscales en la ciudad autónoma, "cuya dedicación y compromiso resultan esenciales para garantizar la defensa de la legalidad y la protección de los derechos fundamentales de todas las personas afectadas", en concreto "de los niños, niñas y adolescentes, especialmente vulnerables en contextos como el actual".

Es por esto que la fiscal general ha reivindicado que la protección de la infancia "constituye una de las responsabilidades más sensibles y exigentes del Ministerio Fiscal", y ha señalado que pudo comprobar en su visita a Ceuta el pasado 27 de agosto "el extraordinario esfuerzo, sensibilidad y profesionalidad con que los fiscales desempeñan esta tarea".

Y ha recordado que para reforzar la capacidad de respuesta de la Fiscalía de Ceuta ante la crisis migratoria ha acordado enviar a tres fiscales de la península a la ciudad autónoma, medida que se hará efectiva "en próximas fechas".

INSTA A LUCHAR CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL NARCOTRÁFICO

Por otra parte, Peramato ha destacado la actuación del Ministerio Fiscal para perseguir la corrupción, un fenómeno que "erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones, distorsiona el correcto funcionamiento de los poderes públicos y compromete los principios de integridad y servicio al interés general que deben presidir toda actuación pública".

Ha indicado que la persecución de conductas corruptas exige del Ministerio Fiscal "el máximo rigor, independencia y determinación, particularmente cuando afectan a autoridades o funcionarios que se prevalen de las responsabilidades inherentes a su cargo".

"Por ello, la lucha contra la corrupción constituye una de las prioridades estratégicas de la Fiscalía española", cuya respuesta busca "garantizar una persecución eficaz de estas conductas" y preservar la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas y judiciales.

La fiscal general ha resaltado igualmente el "combate" contra las formas más complejas de delincuencia organizada como el narcotráfico, que continúa siendo una de "las principales amenazas para la seguridad y el Estado de derecho, debido a la creciente capacidad económica, sofisticación e internacionalización de las organizaciones criminales que operan en este ámbito".

Al respecto, ha hecho hincapié en que ese fenómeno se da con "especial intensidad" en zonas como el Campo de Gibraltar, alertando de que allí "la presión ejercida por las redes de narcotráfico plantea desafíos extraordinarios para las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y el cumplimiento de la ley".

"No puedo dejar de recordar en este punto a los guardias civiles que perdieron la vida en Barbate en el año 2024 y en Huelva en este año 2026, mientras cumplían con su deber, víctimas de la violencia y el desprecio por las normas democráticas que caracterizan a estas organizaciones criminales", ha señalado, antes de recalcar que su memoria es un "permanente recordatorio" del esfuerzo que exige la lucha contra el narcotráfico y una "deuda de gratitud que la sociedad mantiene con quienes arriesgan su vida para protegerla".

A su juicio, la respuesta institucional no puede limitarse a la incautación de droga, sino que es "imprescindible impulsar investigaciones patrimoniales y financieras que permitan identificar las estructuras económicas de las organizaciones criminales y privarlas de los beneficios obtenidos mediante su actividad ilícita, atacando así la base misma de su poder y capacidad de expansión".

LAMENTA LA "DESCALIFICACIÓN SISTEMÁTICA" HACIA LA FISCALÍA

Peramato ha indicado que España "dispone hoy de una oportunidad histórica" para la transformación de un modelo procesal cuya estructura básica sigue respondiendo a "concepciones del siglo XIX", en referencia a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en tramitación parlamentaria, que pretende que los fiscales instruyan los procedimientos penales en sustitución de los jueces.

La jefa del Ministerio Público ha trasladado el "firme respaldo" de la institución a esta medida y ha recordado que cuenta con el "aval" del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que también "ha sido respaldada, recientemente, por la Comisión Europea".

"La atribución de la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal no constituye una reivindicación corporativa. Se trata, ante todo, de una exigencia de racionalidad institucional orientada a reforzar las garantías del proceso penal y, en definitiva, a fortalecer la calidad de nuestro Estado de derecho", ha reivindicado, todo ello con el objetivo de "reforzar las garantías de la ciudadanía".

RECLAMA "MÁS AUTONOMÍA" Y REFUERZO DE PLANTILLA

No obstante, Peramato ha indicado que, "para una asunción exitosa de la investigación penal", necesitan "más autonomía y la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal" porque desvincula el mandato del fiscal general de la duración del Gobierno que elige el puesto y "porque atribuye a la Junta de Fiscales de Sala, mediante una mayoría cualificada de sus miembros, capacidad de veto".

También ha solicitado que la reforma "vaya acompañada de los recursos necesarios para ejercerlas con eficacia": "Será imprescindible reforzar las plantillas, modernizar los sistemas tecnológicos, consolidar estructuras de apoyo adecuadas y seguir profundizando en la especialización de las y los fiscales".

Así las cosas, Peramato ha señalado en su primer discurso en un acto de apertura del año judicial que la sociedad pide "transparencia" y "una legítima exigencia de rendición de cuentas" al Ministerio Público.

"El Ministerio Fiscal acepta esa exigencia, pero transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática, ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no se corresponde con la realidad", ha incidido, para reivindicar que la institución que dirige está integrada "por mujeres y hombres altamente cualificados que acceden a la carrera tras superar uno de los procesos selectivos más exigentes de la Administración pública".