La jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, habló este lunes sobre su decisión de suspender por 60 días el nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.
La magistrada argumentó que la Provincia no tiene infraestructura ni recursos para absorber el ingreso de más adolescentes al sistema penal y advirtió que el encierro sin educación ni tratamiento no genera más seguridad.
“Yo aplico la justicia restaurativa, que tiene que ver con restaurar los vínculos y que los jóvenes se responsabilicen y vuelvan a su comunidad siendo ciudadanos y no pibes chorros”, dijo Pascual en declaraciones a Radio Now. Y aseguró: “Con esta ley no vamos a crear más seguridad”.
La medida cautelar se dictó al hacer lugar a un hábeas corpus preventivo y colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, en representación de adolescentes privados de la libertad. La Ley 27.801, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, entró en vigencia nacional el sábado y este lunes fue reglamentada por el Gobierno nacional.
Al responder las críticas de su decisión, la magistrada aseguró: “Yo no romantizo a los chicos que salen con un arma, pero lo que creo que está pésimo es que hay como una sensación de que con esta ley le vamos a dar seguridad a la gente. Con esta ley no vamos a crear más seguridad”.
Pascual aclaró que no está en desacuerdo con bajar la edad de imputabilidad, sino con aplicarla sin las condiciones necesarias. “Si no están los mecanismos para que se puedan dar todas estas medidas, esta ley no es más beneficiosa ni para la comunidad ni para los jóvenes”, destacó.
“Un chico encerrado sin educación, sin oficio, sin terapia, llega a los 18 años y lo podemos mandar a una unidad carcelaria que funciona como una escuela de delito”, agregó al respecto.
La magistrada rechazó que su decisión deje desprotegida a la sociedad: “Por un lado, tengo que escuchar a la víctima. Por el otro, tengo la obligación de intentar devolverle a la sociedad un chico que no tenga esa agresividad que el encierro potencia”.
“Yo garantista soy de la ley y, además de la ley, quiero seguridad. Tengo hijos, camino todo el día por el conurbano y quiero vivir tranquila”, afirmó la jueza.
Finalmente, Pascual dijo: “Me gusta dar explicaciones porque, en última instancia, es a mi comunidad a quién yo me debo. Siempre he trabajado en esto y sé por dónde va el camino de la reinserción o recuperación de los jóvenes. Y también escucho a las víctimas una vez por semana”.
El fallo que suspendió la aplicación de la ley
En los fundamentos del fallo, la magistrada cuestionó si la Provincia cuenta con “las condiciones edilicias, institucionales y profesionales indispensables para albergar a esta población bajo los estándares que exigen los derechos humanos de la niñez”.
Pascual sostuvo que la reforma provocará “un aumento considerable en la cantidad de personas menores de edad detenidas”, tanto por los nuevos ingresos como por una mayor permanencia en los centros de detención, y advirtió que el hacinamiento “inevitablemente incrementa los niveles de inseguridad y violencia” dentro de los propios establecimientos.
La jueza convocó a una audiencia para el próximo 16 de septiembre, a las 10, en la que deberán presentarse funcionarios del Poder Ejecutivo provincial responsables de la implementación de la norma para explicar qué medidas adoptaron, cuáles proyectan y en qué plazos.
El Ministerio de Seguridad, el organismo provincial de Niñez y el Ministerio de Justicia bonaerenses quedaron a cargo de garantizar el cumplimiento de la suspensión mientras dure la medida.
La Ley 27.801 establece un máximo de 15 años de privación de la libertad —incluso en casos de concurso de delitos—, prohíbe las penas perpetuas, permite el cumplimiento de dos tercios de la condena bajo detención y el resto bajo otras sanciones, e incorpora el monitoreo electrónico como sanción autónoma.
Para delitos con penas de hasta tres años, prevé sanciones alternativas como prohibiciones de acercamiento, tareas comunitarias, reparación del daño y amonestación formal.
