Las empresas ya no solo buscan medir su impacto ambiental, también empiezan a identificar cuánto dependen de la naturaleza para sostener sus operaciones. El desafío es transformar esa dependencia en información verificable que permita anticipar riesgos y atraer inversiones hacia la conservación.
¿Qué ocurriría con una empresa si el agua que necesita para producir dejara de estar disponible, si se degradara el suelo del que depende o si desapareciera un ecosistema que protege su territorio? La pregunta - señala un informe realizado por el Foro de Servicios Ecosistémicos América Latina (FSC)- puede parecer ambiental, pero tiene una consecuencia cada vez más evidente: también es económica.
La calidad del agua, la salud de los suelos, la biodiversidad, la captura de carbono y otros servicios ecosistémicos pueden condicionar operaciones, cadenas de suministro y decisiones empresariales de largo plazo. En ese escenario, los bosques ocupan alrededor del 16% del territorio argentino, una superficie cercana a la extensión de España, y representan aproximadamente el 30% de las tierras del mundo. Además, capturan netamente unos 7.600 millones de toneladas de CO₂ al año y albergan hasta el 80% de la biodiversidad terrestre.
La dimensión económica del problema también es significativa. Se estima que el 55% del valor del PIB total de América Latina y el Caribe depende de la naturaleza, mientras que los servicios ecosistémicos representan unos US$15,3 billones anuales en la región.
Para el Forest Stewardship Council (FSC) -una autoridad global en manejo forestal responsable- el desafío ya no consiste únicamente en determinar cuánto impacta una empresa sobre los ecosistemas, sino también cuánto depende de ellos y qué consecuencias tendría su deterioro. El problema es que buena parte de ese valor todavía no aparece en los balances empresariales: un bosque puede almacenar carbono, regular el agua, conservar biodiversidad y proteger el suelo sin recibir necesariamente una valoración económica directa. Sin embargo, su degradación puede traducirse en mayores costos, interrupciones productivas, riesgos para las cadenas de suministro y una mayor exposición al cambio climático. Por eso, medir y verificar esos beneficios se vuelve una herramienta para orientar decisiones empresariales y financieras.
La dimensión tampoco es exclusivamente ambiental o financiera. Los servicios ecosistémicos tienen un impacto directo sobre el bienestar de las comunidades, la calidad de vida y el desarrollo de las actividades productivas. Conservarlos implica sostener recursos esenciales, reducir vulnerabilidades y preservar las condiciones naturales de las que dependen tanto las personas como las empresas.
En esa transición, medir se vuelve una herramienta estratégica. La evidencia sobre los servicios ecosistémicos puede respaldar reportes, monitorear compromisos ambientales, identificar riesgos y dependencias relacionados con la naturaleza y, al mismo tiempo, aportar información para orientar decisiones de inversión y asignación de capital.
FSC incorporó esta discusión en su “Marco Estratégico de Clima y Biodiversidad 2026-2032″, que plantea entre sus prioridades ampliar el acceso al financiamiento mediante la participación de instituciones financieras y fortalecer los sistemas de datos, monitoreo y evidencia. El objetivo es que los resultados ambientales puedan ser utilizados de manera confiable en mercados, reportes corporativos y decisiones de inversión.
Para avanzar en ese sentido, FSC desarrolló “Impacto Verificado”, una herramienta destinada a generar evidencia sobre siete servicios ecosistémicos: biodiversidad, almacenamiento y captura de carbono, agua, conservación de suelos, recreación, valores culturales y calidad del aire. El sistema permite cuantificar impactos y someter los resultados a procesos de verificación por terceros, aportando mayor credibilidad para respaldar compromisos ambientales y decisiones financieras.
La diferencia es sustancial: medir permite conocer qué ocurrió; verificar permite demostrarlo. Esa trazabilidad puede ser clave para que los beneficios de conservar un ecosistema dejen de quedar únicamente en el terreno de las declaraciones ambientales y comiencen a formar parte de conversaciones vinculadas con riesgo, rentabilidad y financiamiento.
La discusión resulta especialmente relevante para las actividades vinculadas al territorio y a los recursos naturales. Una caída en la calidad del agua puede afectar una operación; la pérdida de fertilidad del suelo puede reducir la productividad; la disminución de la biodiversidad puede alterar servicios esenciales; y la degradación de los bosques puede incrementar la exposición frente a determinados riesgos climáticos.
Identificar esas dependencias permite pasar de una lógica reactiva a una de planificación. La pregunta deja de ser únicamente qué huella deja una operación para incorporar otras: qué recursos naturales son estratégicos, qué riesgos podrían aparecer si se deterioran y qué inversiones permitirían reducir esas vulnerabilidades.
El desafío, sin embargo, sigue siendo complejo, asegura el informe del el Foro de Servicios Ecosistémicos. A diferencia de un activo financiero convencional, el valor de un ecosistema no puede resumirse fácilmente en una única variable. Su importancia surge de múltiples funciones que interactúan entre sí y que, en muchos casos, sostienen actividades económicas sin aparecer directamente en sus estructuras de costos.
