El Ejército de Nicaragua ha adquirido una importancia creciente en los cálculos sobre cómo podría resolverse o prolongarse la crisis de derechos humanos y democracia que atraviesa Nicaragua.
Mientras un sector de la oposición ha comenzado a hablar directamente a los militares sobre su lugar en una eventual transición, Daniel Ortega y Rosario Murillo multiplican las señales destinadas a asegurar la lealtad de una institución que conserva armas pesadas, presencia territorial, inteligencia, disciplina y una cadena nacional de mando.
La disputa se hizo especialmente visible este 2 de septiembre, durante el 47 aniversario del Ejército. Ese día, la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAB, dirigió un mensaje a oficiales y soldados para pedirles que no utilizaran las armas contra la población y plantearles que tendrían espacio en un futuro democrático.
Horas después, el general Julio César Avilés, comandante en jefe desde 2010, respondió desde la tribuna del acto oficial con un discurso de respaldo a las reformas constitucionales de Ortega y Murillo y llamó a los militares a mantenerse “leales, firmes, cohesionados y sin dobleces”.
“Le decimos a los traidores, vividores y vendepatria, vergüenzas de la nación, que aquí estamos los soldados de la patria”, dijo Avilés. El jefe militar declaró, en nombre del Consejo Militar, el cuerpo de generales y la Comandancia General, su “firme respaldo” a la reforma constitucional promovida por el régimen y sostuvo que quienes respaldan al Gobierno deben permanecer unidos frente a lo que calificó como agresiones e injerencias extranjeras.
Mensajes opositores
Algunos sectores de la oposición nicaragüense han modificado sustancialmente la manera de dirigirse a las Fuerzas Armadas. En 2018, en medio de la represión contra las protestas, el principal reclamo era que el Ejército cumpliera su obligación constitucional, se mantuviera apartado de la represión y desarmara a los grupos paramilitares. Ocho años después, el mensaje incluye una disyuntiva: qué ocurrirá con los militares en una Nicaragua sin Ortega y Murillo.
El 1 de septiembre de 2018, la opositora Alianza Cívica dirigió una carta abierta al Ejército recordándole su carácter profesional, apartidista, apolítico y obediente al orden constitucional y pidiéndole escuchar “el clamor del Pueblo” por una “salida pacífica a la crisis”.
La diferencia ahora es que algunos opositores no solamente reclaman una conducta determinada al Ejército, sino que le ofrecen continuidad institucional después de Ortega. Juan Sebastián Chamorro lo planteó al explicar la propuesta “Nicaragua: Transición Ordenada desde la Dictadura hacia la Democracia”, respaldada por quince organizaciones opositoras.
Preguntado si el Ejército tendría un papel en la ecuación del cambio político, Chamorro respondió: “Sí, definitivamente. Así lo vemos. Es un factor”. Aclaró que se refería a militares que no hayan participado en delitos, violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad y argumentó que las Fuerzas Armadas podrían contribuir a impedir que un cambio de régimen desemboque en violencia, narcotráfico, vacío de poder o desintegración institucional. “El Ejército puede ser un factor de estabilidad”, afirmó.
El planteamiento ha llegado incluso a las discusiones sobre la composición de un eventual gobierno provisional. El comentarista político Jaime Arellano reveló en agosto que entre las propuestas opositoras sobre una junta de transición se había considerado la participación de una persona vinculada al Ejército. Según explicó, no existía consenso: algunos proponían un militar y otros “alguien de confianza del Ejército”.
La UNAB fue más directa este 2 de septiembre. “Ese es el aporte que Nicaragua espera de ustedes: no las armas contra sus hermanos, sino el criterio profesional”, dijo a oficiales y soldados no involucrados en la represión. Luego añadió una frase dirigida al futuro de los uniformados: “En la nueva Nicaragua habrá un lugar de respeto para el militar profesional”.
Papel de Estados Unidos
Javier Meléndez, analista en asuntos de defensa y seguridad, considera que esos mensajes deben verse también dentro de la manera en que Estados Unidos aborda las transiciones políticas en regímenes autoritarios.
“Yo comenzaría diciendo que hemos llegado a un punto en que la única opción que tenemos respecto a la salida del régimen, es lo que haga o deje de hacer Estados Unidos y la realidad es que, cuando se trata de las fuerzas armadas, este país opera bajo la premisa pragmática que las transiciones políticas no pueden acometerse sin las fuerzas armadas. Al menos que sufran un colapso total”, explica Meléndez.
Según el analista, esa visión convierte a los militares en interlocutores inevitables cuando se discute una salida política. “En esta lógica ven a los ejércitos como un actor con el que inevitablemente debe negociarse las condiciones de salida del dictador de turno. Me parece que Estados Unidos trabaja y seguirá trabajando en la perspectiva de mantener canales discretos de comunicación con los militares nicaragüenses”.
No existe evidencia pública de una fractura importante dentro del Ejército nicaragüense ni de una rebelión en marcha. Tampoco puede darse por establecido que la institución esté preparando una ruptura con Ortega y Murillo. Lo comprobable es que los mensajes políticos hacia los cuarteles han aumentado y que, mientras la oposición intenta separar a los militares sin responsabilidades penales de la suerte política del régimen, Ortega y Murillo han construido durante años mecanismos para conservar la fidelidad de la cúpula.
General Julio César Avilés
El principal de esos mecanismos tiene nombre propio: Julio César Avilés Castillo.
Avilés asumió la Comandancia General el 21 de febrero de 2010. Desde la salida de Humberto Ortega en 1995, el Ejército había desarrollado un sistema regular de relevos: Joaquín Cuadra dirigió la institución entre 1995 y 2000; Javier Carrión, entre 2000 y 2005; Omar Halleslevens, entre 2005 y 2010; y entonces correspondió el turno a Avilés. Cada jefe entregaba el mando después de cinco años.
Con Avilés terminó esa rotación.
En enero de 2014 fue reformada la Ley 181, Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar, y desapareció la prohibición de reelegir al comandante en jefe. Un mes antes había sido retirado inesperadamente el jefe del Estado Mayor, Óscar Balladares, situado entonces en la línea natural de sucesión.
Avilés recibió un segundo período entre 2015 y 2020, después un tercero entre 2020 y 2025 y finalmente un cuarto mandato que comenzó el 21 de febrero de 2025 y se extenderá hasta 2031. Si completa ese período habrá dirigido durante 21 años consecutivos el Ejército.
En su cuarta juramentación, Rosario Murillo expresó públicamente lo que esperaba de él. “Nos sentimos igualmente orgullosos de contar con la lealtad suprema de un soldado de la patria”, afirmó el 21 de febrero de 2025. Ortega justificó la continuidad del general por su “trabajo, dedicación, disciplina, mística” y lo describió como un “compañero consciente, comprometido”.
Avilés respondió en términos similares. Al asumir nuevamente el mando prometió que “con honor y lealtad” protegería, respetaría y cumpliría la Constitución reformada por Ortega y Murillo. También agradeció a Ortega “la confianza que deposita en este soldado del pueblo” y a Murillo su “respaldo y confianza”.
Cúpula militar envejecida y como “tapón”
La relación no se limita a Avilés. Ortega y Murillo han ensanchado la parte superior de la estructura militar mediante ascensos, permanencia de altos oficiales y creación de nuevos rangos.
En julio de 2025, el diario La Prensa registró que Ortega había nombrado al menos 43 generales desde su regreso al poder en 2007, hasta convertir a la institución en lo que el periódico describió como un Ejército “enano cabezón”: relativamente pequeño en efectivos y desproporcionadamente grande en su generalato.
En 2025 se incorporó además el grado de coronel general, inmediatamente debajo del general de Ejército. Los primeros ascendidos fueron Bayardo Ramón Rodríguez, jefe del Estado Mayor General, y Marvin Elías Corrales, inspector general, dos de los principales integrantes de la Comandancia. La decisión permitió ascenderlos sin retirarlos de sus posiciones y abrió nuevos espacios en la parte superior del escalafón.
Ese proceso ha producido una cúpula que envejece mientras las generaciones siguientes esperan ascensos. Fuentes militares citadas por La Prensa señalan que, si se mantienen las actuales extensiones de los períodos, integrantes centrales del Estado Mayor podrían aproximarse a los 80 años antes de abandonar definitivamente la cúspide.
La carrera militar funciona como una pirámide: cuando se retira el comandante asciende otro oficial y ese movimiento abre sucesivamente plazas en los rangos inferiores. Cuando la cúspide permanece, coroneles, tenientes coroneles y otros oficiales pueden encontrar bloqueada su progresión.
Dora María Téllez ha definido esa acumulación como un “tapón” y advirtió: “Cada vez que en un ejército existe un tapón a los ascensos (...) hay una bomba de tiempo”.
Meléndez considera que precisamente allí debe buscarse una diferencia entre la situación de los altos oficiales y la de los mandos intermedios. “Hay unas situaciones objetivas relacionadas con el dilema de los mandos medios atrapados entre la corrupción de los altos mandos y la meritocracia bloqueada”, sostiene.
“La dictadura ha cooptado la alta oficialidad, los hace participe del narcotráfico y esos mandos medios ven la corrupción de sus comandantes a gran escala y eso genera mucha frustración profesional porque ven sus carreras estancadas y sin respeto social. Además, desde adentro sienten la degradación de una institución que está completamente al servicio de Daniel Ortega y su familia”, afirma Meléndez.
Origen guerrillero
El Ejército que hoy encabeza Avilés es producto de una transformación que comenzó hace casi medio siglo. Después del derrocamiento de Anastasio Somoza Debayle, el 19 de julio de 1979, la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional disolvió la Guardia Nacional y, mediante el Decreto 53 del 22 de agosto de ese año, creó el Ejército Popular Sandinista, EPS. Su núcleo estaba formado por las estructuras guerrilleras del Frente Sandinista y Humberto Ortega Saavedra quedó al frente.
La guerra de los años ochenta convirtió al EPS en una fuerza enorme para las dimensiones del país. El Servicio Militar obligatorio y la guerra contra la Contra elevaron el número de efectivos a decenas de miles. Terminada la guerra y tras la derrota electoral del FSLN en 1990 comenzó una reducción radical: según la propia historia institucional del Ejército, pasó de aproximadamente 87,000 efectivos a unos 12,100.
La transformación no fue solamente numérica. Se eliminó el servicio militar obligatorio, comenzó la separación formal del Ejército y el FSLN y en septiembre de 1994 fue aprobada la Ley 181. Las reformas constitucionales de 1995 establecieron una institución nacional, profesional, apartidista, obediente y no deliberante. Desapareció el nombre Ejército Popular Sandinista y quedó oficialmente Ejército de Nicaragua.
Humberto Ortega dejó la jefatura el 21 de febrero de 1995 y entregó el mando a Joaquín Cuadra. Después vinieron Carrión, Halleslevens y Avilés. La propia historia oficial del Ejército presenta aquellos relevos como parte de su proceso de profesionalización y destaca los cuatro cambios de mando realizados entre 1995 y 2010 conforme a las leyes.
La permanencia de Avilés rompió esa secuencia y coincidió con un progresivo retorno del lenguaje político e histórico de la revolución a los discursos militares. Ese lenguaje quedó nuevamente expuesto este 2 de septiembre, cuando el comandante en jefe identificó a la institución con los “héroes y mártires”, calificó de “traidores” y “vendepatrias” a los adversarios del régimen y declaró el respaldo militar a una reforma constitucional impulsada por Ortega y Murillo.
Ortega reforzó el mensaje durante el mismo aniversario: “Aquí está un pueblo y un Ejército que ni se vende, ni se rinde, jamás”. Murillo presentó al actual Ejército como continuidad histórica del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Augusto C. Sandino.
El peso político que se atribuye ahora a las Fuerzas Armadas contrasta con sus dimensiones relativamente modestas. Nicaragua no publica regularmente un desglose transparente y actualizado de sus efectivos, pero una de las últimas estimaciones comparables de la CIA calculaba en 2022 unos 12,000 militares activos: alrededor de 10,000 en las fuerzas terrestres, 800 en la Fuerza Naval y 1,200 en la Fuerza Aérea.
La institución agrupa la Fuerza Terrestre, Fuerza Naval, Fuerza Aérea y Defensa Antiaérea, Comando de Operaciones Especiales, comandos militares regionales, destacamentos territoriales y estructuras de inteligencia, contrainteligencia, formación y logística. Su fortaleza principal se encuentra en las fuerzas terrestres y en la capacidad de desplegarse sobre el territorio nacional.
Su inventario sigue compuesto fundamentalmente por material soviético y ruso. La incorporación más significativa de las últimas décadas fue la de unos 50 tanques T-72B1MS procedentes de Rusia. También conserva T-54/T-55, PT-76, vehículos de combate BMP-1 y transportes blindados BTR, aunque el número efectivamente operativo de buena parte del material antiguo no es público.
La Fuerza Aérea tiene capacidades considerablemente menores. Carece de una aviación moderna de combate y depende principalmente de helicópteros Mi-17/Mi-171 y aviones de transporte Antonov An-26 para transporte, abastecimiento, vigilancia y rescate.
La Fuerza Naval, por su parte, es fundamentalmente costera y está dedicada a patrullaje, lucha contra el narcotráfico, pesca ilegal, búsqueda y rescate y vigilancia de las aguas jurisdiccionales. No posee grandes unidades oceánicas.
En Centroamérica, Nicaragua tampoco posee la fuerza militar más numerosa. Las estimaciones comparables de 2022 calculaban unos 20,000 militares activos en Guatemala y 16,000 en Honduras, frente a unos 12,000 nicaragüenses. Costa Rica abolió el Ejército en 1948 y Panamá tampoco mantiene unas Fuerzas Armadas convencionales. La particularidad nicaragüense está en su capacidad terrestre pesada, especialmente los tanques, blindados y artillería de procedencia soviética y rusa.
La Policía se encuentra directamente vinculada al control político y la represión interna, mientras los grupos paramilitares carecen de la estructura institucional y cadena formal de mando de las Fuerzas Armadas. El Ejército dispone, en cambio, de organización nacional, inteligencia, armamento pesado, mandos regionales y capacidad logística.
Meléndez sostiene que el foco opositor debería distinguir precisamente entre la cúpula y los mandos medios. “Por eso es importante mantener la presión focalizada sobre los altos mandos, sus negocios y sus familias, y por el contrario, nosotros tenemos que darles mensajes claros a los mandos medios que van a ser parte del nuevo futuro democrático de Nicaragua”.
“Por ejemplo, decirles que habrá incentivos profesionales, amnistías condicionadas, etc. es una estrategia realista y necesaria. Es en ese sector donde reside el verdadero músculo operativo de una institución armada; si los mandos medios pierden incentivos para sostener al dictador, el régimen se queda sin capacidad de coerción en las calles”, añade.
El analista encuentra un antecedente regional en Venezuela, donde durante años la oposición ha intentado dirigirse directamente a los militares para persuadirlos de romper con el chavismo.
“Miremos el caso venezolano, la narrativa del ‘lado correcto de la historia’ ha sido una constante del exilio hacia los militares. Además, muchos mandos medios venezolanos salieron del exilio a dar la cara cuando rompieron con el régimen y a hablarle directamente a sus pares dentro de Venezuela”, explica Meléndez.
“De alguna manera logran que los mensajes se dejan de ver como reproches ideológicos de civiles inexpertos en asuntos de defensa y que se asimilen más como análisis técnico militar sobre la degradación de la institución”, agrega.
En Nicaragua, advierte, ese fenómeno no se ha producido de la misma manera. “Desafortunadamente esto no ha sucedido con exmilitares nicaragüenses que salieron del ejército y se autoexiliaron en el pasado cercano”.
Mientras los opositores afinan ese mensaje, Ortega y Murillo mantienen el suyo mediante hechos y discursos: conservaron a Avilés, extendieron su mandato, ampliaron los períodos de las jefaturas, engrosaron el generalato, crearon rangos y ascendieron a los principales miembros de la Comandancia. Avilés, por su parte, ha respondido reiterando públicamente la cohesión de las Fuerzas Armadas y su respaldo al orden constitucional establecido por el régimen.
Para Meléndez, las decisiones de los militares en un escenario de cambio no deben interpretarse principalmente a partir de adhesiones ideológicas. “Hay que tener en cuenta que al final del día los ejércitos no actúan realmente por un asunto de ‘convicción democrática’, sino por cálculo de supervivencia institucional”.
Y recuerda que Nicaragua ya conoció una transformación semejante cuando el Ejército nacido de la revolución sandinista aceptó su reducción, profesionalización y subordinación a los gobiernos civiles después de 1990.
“Así fue antes con el ejército que se heredó del sandinismo”, dice Meléndez, “y creo que así será nuevamente”.
