El gobierno de Abelardo de la Espriella debería aprovechar el paquete de USD 1.000 millones que Washington anunció para Colombia no solo para recuperar territorios disputados por grupos armados, sino para garantizar que el Estado permanezca en ellos con instituciones, servicios e inversión, según un informe del Atlantic Council.
El diagnóstico parte de un cambio de fondo en el conflicto: los principales grupos armados pasaron de 15.120 integrantes a 28.802 entre finales de 2022 y julio de 2026, mientras las zonas en las que distintas organizaciones se disputan el control territorial se duplicaron, de siete a 14, de acuerdo con un estudio de la Fundación Ideas para la Paz, citado por El Tiempo.
La propuesta fue anunciada por Washington el 7 de agosto, el mismo día de la posesión presidencial, y todavía debe ser tramitada en el Congreso de Estados Unidos. Uno de sus pilares busca precisamente recuperar, mantener y construir presencia estatal en las regiones donde operan las organizaciones ilegales.
Sin embargo, la recomendación de la coalición es que los avances militares y policiales vayan acompañados de instituciones civiles, protección comunitaria, infraestructura, servicios básicos y alternativas económicas en las regiones más afectadas por la violencia.
El planteamiento responde a un mapa del conflicto más fragmentado que en décadas anteriores, con grupos que se dividen, forman alianzas y compiten por corredores estratégicos y por rentas legales e ilegales.
La US-Colombia Strategic Alignment Coalition, creada por el Atlantic Council como sucesora de la US-Colombia Task Force fundada en 2017, reúne a exfuncionarios, diplomáticos y especialistas de ambos países para formular recomendaciones sobre seguridad, economía y gobernabilidad.
Entre sus integrantes figuran Kevin Whitaker, la general retirada Laura Richardson, Paula Dobriansky, Kimberly Breier y Carlos Díaz-Rosillo. Por Colombia participan la excanciller Carolina Barco, el exministro Luis Carlos Villegas, el exvicepresidente Óscar Naranjo, Bruce Mac Master, María Victoria Llorente y Muni Jensen.
El informe sostiene que en numerosas regiones los grupos armados actúan como autoridades paralelas. Imponen restricciones a la movilidad, extorsionan a las comunidades y controlan tierras, minas, rutas de transporte y actividades económicas.
En 2025, Naciones Unidas registró 416 restricciones al acceso humanitario, un aumento del 13% frente al año anterior (2024). En ese mismo período, más de 170.000 personas quedaron sometidas a confinamientos, mientras que Unicef estima que los grupos armados reclutan o utilizan, en promedio, a un menor cada 20 horas.
La conclusión del documento es directa: debilitar a esas organizaciones y recuperar territorio resuelve solo una parte del problema. La reducción duradera de su control exige que el Estado llegue a esas zonas y pueda sostenerse allí.
La coalición propone concentrar esfuerzos en las 14 zonas en las que la competencia entre organizaciones armadas es más intensa. Según las cifras citadas por el informe, esos territorios concentran cerca del 80% de los impactos humanitarios asociados con desplazamientos, confinamientos y restricciones a la movilidad y al acceso humanitario.
Parte de la cooperación estadounidense, señala la publicación, podría dirigirse a mejorar sistemas seguros de comunicación e intercambio de información para que las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo se traduzcan con mayor rapidez en respuestas de protección. También plantea ampliar la movilidad aérea y fluvial para llegar a comunidades aisladas por paros armados, retenes ilegales o enfrentamientos.
Otra recomendación apunta a fortalecer equipos y entrenamiento para detectar y neutralizar minas y explosivos. Del lado colombiano, el documento propone aumentar la presencia y las capacidades de los Carabineros de la Policía Nacional en las zonas rurales recuperadas y mejorar su coordinación con unidades de inteligencia y judiciales.
La segunda línea de acción se concentra en la presencia civil del Estado. El informe plantea aprovechar los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, surgidos del Acuerdo de Paz de 2016, donde las comunidades identificaron 33.007 iniciativas en 170 municipios afectados por conflicto, pobreza y debilidad institucional.
Hasta marzo de 2025, solo 18.501 iniciativas, equivalentes al 56%, tenían una ruta de implementación activa. A finales de ese año, la Agencia de Renovación del Territorio había identificado 3.436 proyectos estructurados sin financiación.
Atlantic Council propuso seleccionar proyectos compatibles con las prioridades del nuevo gobierno, entre ellos caminos rurales, puentes, transporte fluvial, sistemas de riego y drenaje, agua potable, salud y educación. También recomienda ampliar el uso de Obras por Impuestos, mecanismo que permite a las empresas destinar parte de sus obligaciones tributarias a inversión pública en zonas afectadas por el conflicto.
En ese punto, el informe destaca la propuesta del vicepresidente José Manuel Restrepo de quintuplicar el valor anual de los proyectos que pueden ejecutarse por esa vía. La idea es movilizar inversión privada no solo en subregiones Pdet, sino en otros municipios golpeados por la violencia.
La tercera recomendación distingue entre el futuro paquete de asistencia y recursos que el Congreso de Estados Unidos ya aprobó en febrero de 2026: USD 15 millones para actividades vinculadas con derechos humanos y USD 25 millones para apoyar a comunidades afrocolombianas e indígenas.
Según el documento, parte de esos USD 25 millones podría destinarse a la reconstrucción de comunidades del Pacífico afectadas por el terremoto del 10 de agosto, con inversiones en agua y saneamiento, electricidad, centros educativos y de salud, conectividad, carreteras y transporte fluvial.
Los fondos para derechos humanos podrían usarse para reforzar la protección de líderes sociales, documentar amenazas y apoyar organizaciones civiles que trabajan en zonas de conflicto.
La cuarta recomendación se concentra en el reclutamiento de menores, que la coalición vincula con la débil presencia estatal y la escasez de oportunidades educativas, sociales y económicas.
El documento propone aprovechar la Ley 2590, aprobada en julio de 2026, que ordena crear un plan nacional contra el reclutamiento, un observatorio para consolidar información sobre riesgos y protocolos nacionales y locales de respuesta.
La propuesta es que la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de Estados Unidos preste asistencia técnica a instituciones colombianas como la Policía y la Fiscalía para mejorar la recolección y el intercambio de información.
Una prioridad sería identificar con mayor precisión el uso creciente de redes sociales por parte de grupos armados para atraer menores con ofertas falsas de trabajo e ingresos.
