Al cabo de cuatro años de conversaciones, ceses al fuego, zonas de ubicación temporal y diferentes acercamientos con estructuras armadas y bandas urbanas, la política de Paz Total del expresidente Gustavo Petro llegó a su fin. Este proceso, que se desarrolló en medio de fuertes controversias, terminó sin un acuerdo colectivo que desmantelara a una organización armada mediana o grande.
El resultado de esta iniciativa, considerado como un fracaso a juzgar por las expectativas generadas, fue la antesala para que el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, optara por desmontar los espacios que seguían activos. Y no solo eso: reactivara la medidas judiciales y priorizara una estrategia de control territorial, persecución penal y sometimiento a la justicia.
Y es que el megaproyecto que buscaba poner fin a los distintos conflictos con los grupos armados, abarcó un espectro amplio, pero no pudo avanzar en mediciones verificables sobre su impacto. Y todo porque partió de una premisa más general que la negociación con grupos armados, pues incluyó la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y otra serie de características en su desarorllo.
Algunas de ellas, la puesta en marcha de eventuales mecanismos de sometimiento judicial, una serie de diálogos con organizaciones que alegaban motivaciones políticas y estrategias para reducir las violencias urbanas y territoriales. El diseño, en síntesis, buscaba combinar negociación, inversión estatal, participación comunitaria y presencia institucional, pero terminó diluyéndose.
La Paz Total, contrastada con las cifras
Una situación que no pudo matizar la administración Petro fue que la ejecución no produjo los resultados que el Gobierno esperaba. De acuerdo con el análisis hecho para Infobae Colombia por el profesor Nicolás Mayorga, de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana, los grupos armados se fortalecieron en sus bases, a la par de los diálogos.
Según el académico, las organizaciones armadas aumentaron de 15.120 integrantes en diciembre de 2022 a 28.802 en julio de 2026; es decir, un crecimiento del 90% durante el periodo en el que estuvo vigente esta política. A este registro, Mayorga también indicó en lo que sería una crisis humanitaria derivada del impacto de estas organizaciones al margen de la ley en Colombia.
Su diagnóstico apunta a que los homicidios pasaron de 13.939 casos en 2022 a 14.780 en 2025, mientras que el secuestro subió de 223 a 651 casos en ese mismo lapso. Con ello, también sostuvo que el confinamiento, el desplazamiento, la extorsión y el reclutamiento persistieron o crecieron en varias zonas donde había diálogos, lo que da cuenta de la ineficacia del plan trazado por Petro.
“La violencia no bajó en conjunto. Cambió de forma”, enfatizó el académico, que fue claro en expresar que la reducción parcial de combates entre la fuerza pública y determinadas estructuras no se tradujo, necesariamente, en una mejora para las comunidades. De hecho, los grupos conservaron la capacidad de imponer controles de movilidad, cobrar extorsiones y también reclutar menores.
“Es fácil entender cómo un número baja mientras el control armado sube. Un cese al fuego reduce los combates entre el Ejército y un grupo armado, porque ambos bandos dejan de dispararse, y eso hace bajar las cifras de enfrentamientos. Pero el grupo armado sigue en el territorio: sigue cobrando extorsión, sigue reclutando y sigue decidiendo quién entra y quién sale de un pueblo”, dijo.
Por su parte, el exfiscal General Francisco Barbosa coincidió con este balance de fracaso, aunque se enfocó en cómo la decisiones judiciales jugaron un papel clave para este desenlace. “Fue una política fallida que terminó beneficiando al crimen organizado, multiplicó la incertidumbre y confundió la negociación con ausencia de coerción”, sostuvo en diálogo con Infobae Colombia.
Visión distinta, cabe acotar, tiene el exjefe negociador del proceso de paz con las disidencias del Estado Mayor de Bloques y Frente (Embf), Camilo González Posso, que no está de acuerdo en el postulado en que el proceso haya dejado problemas sin resolver. E incluso, hizo énfasis en cómo estos diálogos ofrecieron resultados progresivos en territorios atacados por la criminalidad.
Expansión armada sin una desmovilización colectiva: el gran dilema
Para Mayorga, el impacto de la política de Paz Total podría reflejarse en la existente brecha entre el crecimiento de las estructuras y el reducido número de integrantes que dejaron las armas en procesos colectivos verificables. Datos que desnudarían la incapacidad del Gobierno Petro de avanzar hacia la desmovilización de estos grupos al margen de la ley, con los que estableció diálogo
Según su análisis, el Clan del Golfo pasó de 4.061 integrantes a 10.268; el Estado Mayor Central aumentó de 3.576 a 4.480; la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb) creció de 1.415 a 2.359, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) pasó de 5.851 a 7.123 miembros. Al mismo tiempo, las disputas territoriales se ampliaron de siete focos en 2022 a 14 en 2026.
El académico distinguió entre los sometimientos individuales ocurridos durante operaciones militares y una desmovilización derivada de una negociación. Bajo esa diferencia, afirma que el único tránsito colectivo y verificable a la vida civil que dejó la Paz Total correspondió a los 99 exmiembros de la Cneb a la Zona de Ubicación Temporal en el Valle del Guamuez en Putumayo.
Aunque en este punto, es válido precisar que la reciente decisión del presidente De la Espriella, de ordenar el fin de esta zona y obligar a una verificación individual de cada uno de estos exintegrantes, podría poner en riesgo el éxito de este proceso, pues se presume que al menos la mitad de estos exdisidentes ya dejó el lugar ante la incertidumbre jurídica que causó la decisión.
“Negociar significa mantener conversaciones con un grupo armado. Desmovilizar implica la salida colectiva y verificable de sus integrantes”, explicó Mayorga. Para él, los indicadores no permiten equiparar gestos como la destrucción de material bélico o los sometimientos individuales con el desarme de una estructura, otra de las aristas que rondan a estos procesos en los territorios.
La comparación con los procesos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre 2003 y 2006, y con el Acuerdo Final suscrito con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en 2016, son claros ejemplos para dimensionar el revés de la Paz Total: que se cerró sin un resultado de esa escala que permitiera defender la continuidad de los procesos de diálogo.
Para el académico, el narcotráfico, las rentas ilegales y la debilidad estatal frente a estas acciones también explican, según él, el fenómeno que se desarrolló en zonas en las que se establecieron mesas de negociación, pero no se llegaron a fases definitivas hacia del desmonte de estructuras. “La propia cartera de Justicia reconoce que la política negoció sin una ley que ordenara el proceso”.
González Posso advirtió que reducir el problema a los grupos armados deja intacto el sistema criminal
Por su parte, el encargado de la delegación del Gobierno en los diálogos con las disidencias de las Farc asociadas a alias Calarcá, ofreció una visión distinta de lo que sucedió con la Paz Total. Aunque reconoció que los acuerdos de desarticulación no se concretaron y que los grupos tuvieron fracturas que bloquearon el avance de las negociaciones, salió en defensa de lo que se logró.
Para González Posso, un así, medir toda la política de la administración Petro únicamente por el destino de las mesas trata de invisibilizar otros efectos en las comunidades. “No se trató solamente de una política de conversación con grupos armados”, afirmó de entrada y en entrevista con Infobae Colombia recalcó que desde el Ejecutivo se fortaleció la relación con las poblaciones sometidas.
A su juicio, la Paz Total le permitió a las comunidades fortalecer sus capacidades de organización, resistencia y exigencia frente al Estado. Asimismo, consideró que hubo avances parciales en la implementación del Acuerdo Final de 2016 en asuntos agrarios, reincorporación, víctimas y de respaldo institucional a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad sobre este proceso.
Y habló de cómo las experiencias territoriales, en especial en Nariño y Putumayo, en donde se alcanzaron rutas para una integración a la vida civil, quedaron truncas o expuestas a la incertidumbre frente a las recientes decisiones del Gobierno De la Espriella: que buscarían cortar de tajo los progresos alcanzados y cómo los mismos han tenido influencia en diferentes ítems.
¿Qué pasó con los diálogos con el Estado Mayor Central de las disidencias?
Según el exjefe negociador, que también fue director del Instituto de Desarollos para la Paz (Indepaz), es cierto que el balance de la mesa con el Estado Mayor Central es crítico, aunque dio sus motivos. González Posso afirmó que la principal dificultad consistió en haber negociado con una estructura que aparentaba tener una unidad de mando, pero que no existía en la práctica.
“Lo primero que se demostró era que no eran una organización centralizada, sino una coordinación de fracciones diversas, dispersas también, tremendamente horizontales, sin una unidad de mando”, señaló el también académico, que acto seguido explicó cómo la fragmentación tuvo efectos directos en la mesa de negociación que lideró hasta la suspensión definitiva.
Esta mesa se instaló en octubre de 2023 y, según el exnegociador, para marzo de 2024 el sector asociado a alias Iván Mordisco y a estructuras del occidente del país se apartó del proceso. Las divisiones internas, las disputas por rentas ilegales y las guerras entre facciones limitaron el cumplimiento de compromisos de protección a la población y de avanzar hacia una hoja de ruta.
“Tuvimos un proceso de paz con una organización que se fue fraccionando y que fue de más a menos”, resumió González Posso, lo que impidió ir hacia el sometimiento o reincorporación de sus integrantes. Y es que, en lugar de acelerar una transición hacia la legalidad, las estructuras que se debilitaban priorizaron su supervivencia frente a rivales armados según su interpretación.
Con ello, González Posso reiteró que una política de seguridad enfocada de forma exclusiva en neutralizar cabecillas y grupos armados puede ignorar las redes económicas, políticas y sociales que sostienen las economías ilegales en las zonas de conflicto y que son el combustible que ha permitido el asentamiento de estas estructuras armadas, ante lo que ha sido la ausencia estatal.
“Lo que existe en Colombia es una complejidad de estructuras criminales múltiples, en las que se asocian grupos armados con agentes económicos y con agentes políticos”, dijo el exnegociador, que de inmediato puso como ejemplo la Amazonía, en donde la disputa no se limita a los grupos armados, sino que involucra males como el acaparamiento de tierras, deforestación y narcotráfico.
De esta manera, cuestionó la idea de clasificar a todas las organizaciones bajo una misma categoría criminal, pues para él, las organizaciones con antecedentes paramilitares y lógicas de rentas ilegales requieren una respuesta distinta de la que corresponde al ELN o a sectores de las disidencias con referencias ideológicas y trayectorias que está relacionadas con las antiguas Farc.
“Efectivamente, hay unos grupos que tienen un antecedente en el paramilitarismo, que han mutado, pero que de todas maneras vienen de esa huella. No se puede colocar en el mismo terreno al Clan del Golfo y al ELN, que, por supuesto, después de tantas décadas ha tenido también cambios, pero cuenta con un marco político de identidades que no se puede desconocer”, expresó González.
Suspensión de órdenes de captura: el eterno ‘galimatías’ en procesos de negociación
Uno de los asuntos más complejos para entender los procesos de negociación y sus posibilidades está en la suspensión de órdenes de captura para permitir la presencia de voceros de los grupos en las mesas. Barbosa, que ocupó la Fiscalía General de la Nación durante el inicio del Gobierno Petro, sostuvo que la administración intentó llevar esa figura más allá de los límites jurídicos.
“Una cosa es facilitar jurídicamente el proceso de negociación y otra muy distinta pretender que la justicia quedara derogada y desapareciera durante ese proceso”, afirmó el exfiscal en entrevista concedida a Infobae Colombia. De esta forma, recordó que se opuso a levantar órdenes de captura contra personas requeridas con fines de extradición, lo que le valió fuertes choques con Petro.
En su criterio, el caso de Alexander Díaz Mendoza, nombre de pila de “Calarcá”, reflejó las consecuencias de una arquitectura jurídica imprecisa, pues desde su óptica se otorgaron prebendas a disidentes que no estuvieron comprometidos con la negociación. “La paz no puede volverse un mecanismo para burlar la justicia. No es un salvoconducto para delinquir”, acotó el exfiscal.
Frente a esta asunto, el jurídico, González Posso aceptó a esta redacción que ese fue uno de los puntos débiles de la Paz Total, pese a que está convencido de que las suspensiones eran necesarias para viabilizar reuniones y actividades en los territorios; no obstante, cuestionó la amplitud de las decisiones en relación con cabecillas e integrantes que no aportaron a los procesos.
“Esas órdenes de captura tienen que ser acotadas, territorialmente definidas, temporalmente establecidas y rigurosamente controladas”, explicó el exnegociador. En un diagnóstico, el problema no es la existencia del instrumento, sino que las autorizaciones quedaron formuladas de manera “demasiado general” y permitieron interpretaciones que excedían las actividades de una negociación.
También cuestionó la crítica que atribuye la expansión armada a todos los ceses al fuego. Indicó que los ceses bilaterales extensos fueron excepcionales y que, en paralelo, la fuerza pública mantuvo operaciones ofensivas; sin embargo, admitió que la política tuvo falencias operativas, problemas de diseño institucional y una concentración excesiva de funciones en la Oficina del Alto Comisionado.
“No podemos decir que fueron los ceses los que significaron ventajas o que amarraron a la fuerza pública. Con el Clan del Golfo o con la gente del Bloque Occidental del Cauca casi no hubo y sin embargo, aquí hubo grandes iniciativas; y se desarrollaron más de 600 operaciones, sobre todo después de 2024.Entonces, creo que hay una valoración que no corresponde”, precisó.
El exjefe negociador y entre ellas, que propuso separar institucionalmente la implementación del Acuerdo Final, las conversaciones con grupos armados y las estrategias de reducción de la violencia urbana, recordó que en la única mesa donde hubo un cese al fuego bilateral “más o menos largo”, que duró 18 meses, fue justamente en la mesa con “Calarcá”, por lo que salió en su defensa.
En esto parece estar en desacuerdo Mayorga, que también se refirió a este asunto, pues a su juicio si bien es cierto que no se puede afirmar que el cese causó por sí solo el crecimiento armado, “porque el narcotráfico y la debilidad estatal también influyen”, aunque sí fue enfático en señalar en que estos grupos “usaron el espacio sin presión ofensiva para expandirse”.
De La Espriella cerró las mesas y anunció un modelo de sometimiento y ofensiva territorial
Ante el fracaso de la política de Paz Total, la respuesta de Abelardo De la Espriella fue la del desmonte de los procesos que continuaban abiertos. El 26 de agosto anunció que su Gobierno eliminaría el modelo de su antecesor porque, sugún dijo, permitió que organizaciones delictivas obtuvieran beneficios sin demostrar aportes reales a la paz en el territorio nacional.
Luego, el Ejecutivo adoptó resoluciones para cerrar espacios de diálogo, revocar designaciones de representantes y reactivar órdenes de captura; y avanzó con extradiciones de los que habían participado como voceros o gestores de paz. Así pues, señaló que los procesos de diálogo “no pueden convertirse en refugios frente a la justicia” y que el tránsito a la legalidad debía acreditarse.
“Ningún gobernador ni ningún alcalde puede adelantar, por su cuenta, negociaciones, acuerdos o contactos clandestinos con estructuras terroristas”, advirtió el 4 de septiembre, cuando también aseguró que su política admite el sometimiento a la justicia para los que abandonen las actividades criminales, pero excluye nuevas mesas de negociación con organizaciones armadas.
Y por último, el 10 de septiembre, habló de un presunto detrimento patrimonial del orden de los $7.000 millones, que fueron al parecer destinados al pago de honorarios para voceros, representantes y negociadores, sin que se registraran balances satisfactorios en las nueve mesas de negociación política, espacios sociojurídicos y de acercamiento y mesas urbanas.
Frente a esta determinación, Barbosa la respaldó sin excepciones. “Se requiere imperio de la ley, justicia en los territorios, recuperación del orden público y mecanismos de sometimiento a la justicia, colectivos e individuales”, afirmó el exjefe del ente acusador, que fue claro en decir que otorgar reconocimiento político a grupos menores fue uno de los errores de origen de la Paz Total.
En efecto, cuestionó que el Petro hubiera tratado como interlocutores políticos a estructuras que no tenían estatus político. “Organizaciones criminales locales que sometían a la población con extorsiones, secuestros y microtráfico. Eso generó una especie de anarquía en las negociaciones que llevó a la derogatoria de la justicia colombiana, y eso es inadmisible”, concluyó.
Nariño: la disputa entre el cierre nacional y las experiencias regionales
En ese orden de ideas, el giro de De la Espriella afecta, según González Posso, de forma directa a Nariño, en donde el gobernador Luis Alfonso Escobar ha defendido los resultados de los diálogos regionales con Comuneros del Sur, a los que también se les puso fin, e insistió en la necesidad de evaluar los procesos de acuerdo con las dinámicas de cada territorio; propuesta denegada.
Escobar, que rechazó negociar por debajo de la mesa, sostuvo que Nariño comparte la intención de recuperar la seguridad y fortalecer la presencia estatal, pero cree que la respuesta debe incorporar oportunidades económicas, transformación institucional y condiciones de paz territorial; e invitó al presidente a conocer los resultados que dejaron esos procesos en el sur de Colombia.
En este punto, el exjefe negociador con las disidencias de “Calarcá”, Camilo González Posso, coincidió con la idea de que no todos los territorios admiten una misma fórmula y consideró que abandonar los avances en Nariño y Putumayo desconoce que allí existían rutas y compromisos para la integración a la vida civil, y que no pueden acabarse por diferencias de tipo político.
“No hay ninguna explicación para que se prefiera la guerra total en la frontera con Ecuador, en Nariño y Putumayo, a darle continuidad a unos procesos que tienen unas rutas establecidas y unas posibilidades”, afirmó González Posso, pues reiteró que existían unos compromisos de avanzar hacia la desmovilización. “Pero no hay ninguna explicación de que se abandone”, agregó sobre el tema.
De hecho, su advertencia va más allá de las mesas cerradas, sino un complejo escenario que se generaría con estas determinaciones. González Posso señaló que el Gobierno debe preservar instrumentos de diálogo y transformación social, incluso si corrige los problemas de seguridad jurídica, representación, verificación y coordinación institucional que afectaron la Paz Total.
“Este gobierno debe acoger el mandato constitucional de trabajar por la paz, pero entendiendo que no es equivalente a hacer la guerra, que es la guerra hacia la paz, pues es una teoría que conduce a más violencia. Entonces, una política de guerra y de seguridad que desconozca la necesidad de instrumentos pacíficos me parece un error”, sintetizó en su extenso análisis.
Petro defendió los diálogos como una alternativa a la guerra contra las drogas
Tras la muerte de Naín Pérez, alias Bendito Menor, y que hacía parte de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), el expresidente Petro defendió su política y sostuvo que el propósito de los diálogos con estas estructuras era lograr la desmovilización total de la misma, cortar sus vínculos con el narcotráfico y reducir la extorsión y el secuestro en la Costa.
En su defensa, el exmandatario afirmó que su estrategia buscaba atraer a los jóvenes y campesinos de territorios bajo control de las mafias hacia actividades legales, educación y proyectos de desarrollo. “La mejor medida contra el narco es quitarles la población de la que alimentan sus actividades”, escribió en su perfil de X, que se convirtió en una especie de trinchera ideológica.
Del mismo modo, habló de cómo impulsó con éxito la sustitución voluntaria de cultivos y los programas sociales como herramientas para debilitar las redes ilegales y cuestionó el regreso a una política de guerra contra las drogas, a la que atribuyó décadas de violencia, desplazamiento y expansión de mercados ilícitos. Todo un panorama positivo que contrasta con sus críticos.
En relación con este balance, Mayorga rebatió esa interpretación de Petro, pues su conclusión es que las iniciativas de sustitución o diálogo no lograron revertir el crecimiento nacional de los cultivos de coca ni el aumento de las capacidades de los grupos. “Ninguna estructura armada mediana o grande dejó de existir como resultado de la Paz Total”, afirmó el académico.
En síntesis, la discusión quedó zanjada entre dos diagnósticos. Entre los que consideran que la Paz Total debilitó la coerción estatal, facilitó la expansión armada y dejó resultados insuficientes; y los que indican que el fracaso de las mesas no invalida la necesidad de una paz con enfoque regional, inversiones sociales, seguridad jurídica y acciones contra las redes que financian el conflicto.
