Como en buena parte del mundo, también en la Argentina el debate público se degradó. En tiempo de polarizaciones ideológicas y grietas políticas -potenciadas por las redes sociales- todo es blanco o negro. O se está de un lado o del otro. Con la cabeza fría, todos sabemos que la realidad, en general, tiene matices y que, con frecuencia, la razonabilidad está en el medio. Con las disculpas por el lugar común, el sentido común es en los tiempos que corren el menos común de los sentidos.
La fuerte polémica que suscitó la suspensión en la provincia de Buenos Aires de la aplicación de la ley que bajó la edad de imputabilidad de 16 a 14 años dispuesta por la jueza Marta Elba Pascual constituye un excelente ejemplo. Dejando de lado el debate de si la magistrada estaba facultada para tomar la decisión que tomó al respecto -debate que dejamos en manos de los juristas-, su decisión provocó una ola de críticas, básicamente por ser considerada “abolicionista” y privilegiar a los que delinquen.
Los fuertes cuestionamientos -sobre todo en las redes sociales (¡cuándo no!)- alcanzaron a la institución que presentó el habeas corpus: Federación Familia Grande Hogar de Cristo -y a su líder, el conocido padre Pepe Di Paola-, que a través de más de un centenar de sedes en barrios populares de todo el país acoge a los adictos más pobres, muchos de los cuáles deambulan sin rumbo, o sea, a los que están en la peor situación, sin que el Estado llegue a contenerlos.
La nueva ley sobre el Régimen Penal Juvenil, si bien establece que a partir de los 14 años los menores pueden ser procesados, juzgados y eventualmente condenados, la prisión es para los casos más graves como homicidio o secuestro con un límite máximo de 15 años de encierro, mientras que para las penas menores o iguales a tres años la justicia evaluará la prestaciones de servicios comunitarios o tobillera electrónica, entre otras medidas restaurativas.
Asimismo, precisa que los menores privados de su libertad deben ser alojados -hasta cumplir los 18 años- en establecimientos especializados, exclusivos para jóvenes. E instaura el derecho a que reciban asistencia profesional médica, psicológica, nutricional y social periódica, con el objetivo explícito de avanzar en su resocialización y educación, en línea con la ley nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Si el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad -que viene de lejos- fue fuerte, no menos intenso resultó el del financiamiento de la ley. Es que miembros del Poder Judicial, autoridades provinciales y especialistas advirtieron que haría falta una cantidad de recursos para contar con la infraestructura carcelaria adecuada y el pago a los profesionales para la resocialización, y luego que los consignados en la ley son insuficientes.
La Federación Familia Grande Hogar de Cristo y defensores oficiales de menores presentaron un habeas corpus preventivo colectivo en el juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo de la doctora Marta Pascual. El argumento fue la falta de infraestructura y recursos edilicios adecuados en la provincia para albergar a los menores bajo la nueva normativa.
Tras conocerse la decisión de la jueza -el habeas corpus fue presentado el 31 de agosto-, y producirse la ola de críticas a ella -que incluyó tres pedidos de juicio político- y a la propia institución del padre Pepe, el sacerdote salió a aclarar por qué presentaron el habeas corpus. Por lo pronto, señaló que ellos no buscaban la derogación de la ley porque el debate ya se había saldado legislativamente con su correspondiente aprobación.
“Lo que queremos saber -subrayó- es si existe la infraestructura necesaria para que, al ampliarse la cantidad de adolescentes bajo el régimen penal juvenil, haya lugares adecuados que permitan una salida mejor y no peor del menor a la sociedad y para eso hacen falta lugares (de privación de la libertad) adecuados, además de gente preparada que pueda acompañarlos en el proceso de resocialización”.
En ese sentido, manifestó la presunción de que la ley haya sido aprobada sin el presupuesto necesario porque -dijo- “aprobar una ley es fácil, pero hacerlo sin los recursos conspira contra sus objetivos”. Consideró que una discusión en este momento entre “mano dura” o “garantismo” tiene en buena medida un fin electoralista que esquiva el planteo: las condiciones de detención.
“Si no estamos dispuestos a preparar esos lugares, nos vamos convirtiendo en algo muy distinto a lo que queremos”, advirtió. Y completó: “Los datos estadísticos muestran una incidencia muy baja de menores de 16 años en delitos graves, lo que interpela sobre el sentido de llenar de adolescentes a institutos sin un plan de fondo que puede provocar que salgan peor”.
Es cierto que para quien le matan a un ser querido la estadística pasa a ser el cien por ciento. Un menor que mata con clara intencionalidad es un peligro para la sociedad y no puede estar en la calle. Pero el vital reclamo de seguridad en tiempos de mucha inseguridad implica que la privación de la libertad no debe ser un perfeccionamiento de quien delinque.
Más allá de que la propia Constitución Nacional, además de establecer que las cárceles deben ser “sanas y limpias”, proclama un fin de custodia segura y resocialización. Dicho sea de paso, una iniciativa como “Los Espartanos” mediante la práctica del rugby entre los internos permitió bajar verticalmente el índice de reincidencia criminal.
Por lo demás, la baja de la edad de imputabilidad apunta a las consecuencias -que, por supuesto, deben ser atendidas-, pero no a las causas del problema. En un contexto en el que más de la mitad de los menores son pobres, el hecho de que muchos caigan en la marginalidad y las adicciones es un caldo de cultivo para la delincuencia.
Cuando en el pasado reciente el 70 por ciento de los menores del país llegó a estar por debajo de la línea de la pobreza no se escucharon debates tan acalorados como ahora. Tampoco los hay ante el avance del narcotráfico, ni el crecimiento de la ludopatía, particularmente en menores (una ley duerme el sueño de los justos).
La cuestión es obvia: si no se va al fondo del problema, no alcanzarán los institutos y las cárceles. Sobre todo, no estaremos más seguros. Decir que suspender la ley por 60 días no cambia nada es una claudicación. Afortunadamente, muchas de las mejoras a lo largo de la historia de la humanidad no se guiaron por ese espíritu.
La jueza citó para este miércoles a una audiencia para escuchar medidas de los responsables de las áreas involucradas en la provincia en orden a lo que pide la ley.
Ojalá tanta polémica sirva para algo.
