El Salvador llega al quinto aniversario de la Ley Bitcoin con un uso limitado de la criptomoneda entre la población, pero con un nuevo foco regulatorio: la tokenización de activos como vía de financiamiento para empresas, proyectos inmobiliarios y actividades agrícolas fuera del crédito bancario tradicional.
Desde la aprobación de la Ley Bitcoin, que entró en vigencia el 7 de septiembre de 2021, y luego de las reformas que eliminaron la obligación general de aceptar pagos en Bitcoin, el ecosistema regulatorio avanzó hacia la Ley de Emisión de Activos Digitales, que habilitó operaciones de tokenización. Esta herramienta ahora abre la posibilidad de facilitar el acceso a capital para negocios que no logran financiamiento por las vías bancarias tradicionales, explicó Fabián Delgado, gerente de desarrollo de negocios para Colombia y Latinoamérica de Bitfinex en entrevista con Infobae.
El especialista indica que el principal aporte de ese marco consiste en ampliar el acceso a la inversión y a la liquidez. “La tokenización viene a democratizar el acceso a la inversión”, afirmó.
Delgado señaló que los mercados financieros suelen exigir capital previo, historial crediticio o intermediarios, condiciones que excluyen a amplios sectores de la población. Bajo el esquema de tokenización, un activo puede dividirse en partes más pequeñas para que los interesados participen con montos menores. “Cuando un activo lo puedes fraccionar, el inversor ya no necesita comprar una unidad completa”, explicó.
Bitfinex inició operaciones en El Salvador el 31 de enero de 2024, nueve meses después de recibir su licencia como operador bajo la Ley de Emisión de Activos Digitales. Luego la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD) de El Salvador le otorgó en mayo de 2026 una licencia de Proveedor de Servicios de Activos Digitales (DASP). Con esa autorización, la plataforma sumó nuevas operaciones reguladas en el país, donde ya funcionan Bitfinex Securities y Bitfinex Derivatives.
Las Mypes podrían buscar capital para proyectos de expansión
El potencial de la tokenización cobra relevancia en un país donde las micro y pequeñas empresas (mypes) ocupan un lugar central en la actividad económica, pues representan más del 90% del sector empresarial salvadoreño. Para Delgado, una empresa que proyecta abrir nuevos locales, ampliar la producción o incorporar equipos puede estructurar una emisión de activos digitales con el objetivo de captar recursos de distintos inversionistas.
El primer paso, según expuso, es que la pequeña empresa determine la finalidad del financiamiento y el monto requerido. Después debe preparar un plan de negocios que detalle el destino de los recursos, las proyecciones de retorno y las condiciones que recibirán quienes aporten capital.
“Necesito X cantidad de dinero y a cambio voy a dar, pongo un ejemplo, rendimientos del 10 por ciento anual a mis inversionistas durante tres años”, planteó Delgado al describir una posible estructura de emisión.
Destacó que las mypes no necesitan desarrollar por cuenta propia la infraestructura tecnológica ni conocer los procesos técnicos detrás de los tokens para acceder a financiamiento. El especialista indicó que las plataformas autorizadas pueden acompañar la emisión dentro del marco jurídico salvadoreño. “Ellas (mypes) no necesitan conocer cómo funciona la tecnología, cómo se emiten los tokens ni nada, sino que nosotros nos encargamos precisamente de hacer ese acompañamiento”, afirmó.
Agregó que el mecanismo supone obligaciones para los emisores y que las empresas deben ofrecer información clara sobre el proyecto, el uso de los fondos, así como las condiciones de pago o rendimiento, ya que para los inversionistas la oportunidad también implica riesgos, pues el retorno depende de la evolución del negocio financiado y de los términos de cada emisión.
El agro y el sector inmobiliario aparecen entre los rubros con mayor potencial
Delgado identificó también al sector inmobiliario como uno de los ámbitos con más posibilidades de uso de la tokenización en El Salvador. Un proyecto de vivienda, un desarrollo comercial o la compra de un inmueble pueden dividirse en participaciones digitales, con lo que se reduce el capital inicial requerido de cada inversionista, ejemplificó.
Asimismo, mencionó al sector agropecuario, donde productores y pequeños agricultores enfrentan dificultades para obtener préstamos formales para cultivos, cosechas o compra de insumos. “Los campesinos muchas veces necesitan financiar cultivos, cosechas y demás, y a veces para ellos es súper difícil acceder a créditos por medio del sistema tradicional”, afirmó.
Para este tipo de productores, una emisión digital podría reunir recursos de varios aportantes bajo condiciones definidas de antemano. La propuesta depende de que los proyectos tengan una estructura financiera verificable, una previsión sobre sus ingresos y mecanismos de protección para las partes involucradas.
La adopción de estos modelos aún enfrenta barreras de conocimiento, señaló Delgado, quien sostuvo que la educación financiera y tecnológica debe acompañar cualquier expansión del mercado de activos digitales. “A veces las personas por desconocimiento quizás no lo usan, no lo adoptan y se pierden de grandes oportunidades”, mencionó.
El uso de Bitcoin sigue siendo limitado entre la población
Ese desafío coincide con los datos sobre el uso de Bitcoin en la población. Encuestas locales indican que más del 90% de los salvadoreños ha declarado que no utilizó la criptomoneda y datos del Banco Central de Reserva indican que menos del 1% de las remesas son enviadas mediante billeteras digitales.
Más bien, el uso de los activos digitales se concentra en entusiastas del sector y en algunos segmentos económicos, pero aún persiste desconfianza en la volatilidad de los criptoactivos.
