La violencia política en la historia argentina: del orden colonial a las guerras por la Independencia
El caso de Salta y el liderazgo de Martín Miguel de Güemes permiten recorrer los orígenes de un proceso que marcaría la construcción del país. La organización territorial de España en América del Sur La misión de los historiadores es, muchas veces, rescatar hechos ocurridos siglos atrás cuya influen
El caso de Salta y el liderazgo de Martín Miguel de Güemes permiten recorrer los orígenes de un proceso que marcaría la construcción del país.
La organización territorial de España en América del Sur
La misión de los historiadores es, muchas veces, rescatar hechos ocurridos siglos atrás cuya influencia todavía se expresa en la evolución de las naciones, las provincias y las instituciones. Desde la llegada de los hombres del Imperio español al actual territorio argentino, hacia 1520, hace más de quinientos años, cuando Hernando de Magallanes tocó tierra en Puerto San Julián, celebró la primera misa un Domingo de Ramos, el 1° de abril, y luego procedió a ejecutar a sus primeros amotinados, el esfuerzo de las autoridades españolas por dotar a estos territorios de una organización política, social y religiosa fue formidable. Ese proceso puede compararse, por su búsqueda de unidad territorial e institucional, con el desarrollado siglos antes por el Imperio romano.
El fracaso colonizador de las expediciones llegadas desde Europa a nuestras tierras —como las de Juan Díaz de Solís, descubridor del Río de la Plata; Sebastián Caboto, explorador del río Paraná y fundador del fuerte de Sancti Spiritus, luego destruido; Pedro de Mendoza, fundador de la primera Buenos Aires, posteriormente abandonada; y el olvidado Pedro Sarmiento de Gamboa, explorador del estrecho de Magallanes— comenzó a revertirse cuando se desarrollaron las campañas de fundación de ciudades desde el Perú, Chile y el Paraguay.
Como curiosidad que ilustra la jerarquía de la organización imperial, los techos del antiguo salón de baile del Palacio Real de Madrid, construido por los reyes Borbones en el siglo XVIII y convertido luego en comedor, enumeran mediante medallones los cuatro reinos de España fuera de Europa: Perú, México, Chile y Filipinas.
El 21 de mayo de 1534 se fundaron las gobernaciones de Nueva Toledo y Nueva Andalucía, que abarcaban, entre otros gigantescos territorios, todo el Tucumán, es decir, las tierras ubicadas entre la cordillera de los Andes al oeste, el Alto Perú al norte, el borde de los bosques chaqueños al este y una línea imaginaria entre las actuales Buenos Aires y San Rafael.
La desaparición de Nueva Andalucía, tras el fracaso de Pedro de Mendoza, dejó el territorio en manos del Perú. Sin embargo, la llegada de expediciones desde la gobernación de Nueva Extremadura (Chile) a Cuyo y la fundación definitiva de Santiago del Estero, en 1553, hicieron depender al Tucumán de Santiago de Chile, cuando Francisco de Aguirre se proclamó “gobernador y capitán general de estas provincias del nuevo maestrazgo de Santiago y de la ciudad de la Serena”.
Para entonces, el Tucumán abarcaba las actuales provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Córdoba y Santiago del Estero, además de Tarija, en la actual Bolivia.
La organización del Tucumán
El 29 de abril de 1561, el Tucumán pasó a depender de Charcas por decisión de su Real Audiencia. El 29 de agosto de 1563, el rey Felipe II creó la gobernación del Tucumán, Juríes y Diaguitas, nombró a Francisco de Aguirre como autoridad y estableció la capital en Santiago del Estero. Poco después, el 14 de mayo de 1570, la ciudad se convirtió también en sede de la diócesis del Tucumán, la más antigua del actual territorio nacional.
Pero la llegada del siglo XVIII sería dramática para Santiago del Estero: en 1699 se trasladó la cátedra episcopal a Córdoba y, en 1700, la capital civil a Salta.
La creación del Virreinato del Río de la Plata, en 1776, y la posterior reorganización del territorio dieron lugar, en 1782, a las intendencias de Salta del Tucumán y Córdoba del Tucumán. Se estableció entonces “quedar por residencia y Capital del nuevo Gobierno la Ciudad de Córdoba del Tucumán, y comprender además las de Mendoza, San Juan del Pico, San Luis de Loyola y Rioja con sus respectivos distritos; y situarse la residencia del otro Gobierno del resto de la dicha Provincia en la Ciudad de Salta como más proporcionada a ser la Capital de las de Jujuy, San Miguel, Santiago del Estero y Catamarca, con sus correspondientes jurisdicciones”.
Este documento fundamental fue firmado por el rey Carlos III el 5 de agosto de 1783 y muestra la profundidad y precisión de las llamadas reformas borbónicas. Sin embargo, estas no lograron sus objetivos y, en menos de treinta años, comenzarían a asistir a la disolución del orden español americano.
Como dato de interés, el Cabildo de Salta es, junto con el de Luján, uno de los edificios de gobierno españoles que se conservan en su forma original en el territorio argentino.
Esta larga introducción resulta necesaria para comprender el profundo origen de las comunidades provinciales y el enorme peso de la tradición histórica en el devenir de los pueblos y en la conformación de la identidad de las instituciones de las provincias argentinas.
El Norte en los tiempos de la Independencia
La historia argentina no ha rendido el justo homenaje a los pueblos del Norte por su epopeya durante los años que van de 1810 a 1824. Se recuerdan las batallas y los combates, pero no siempre se hace hincapié en el formidable costo que sufrieron estos territorios, sus poblaciones, sus sociedades y sus economías, ni en el sacrificio de las mujeres y los niños, que debieron enfrentar su futuro en medio de la incertidumbre provocada por la guerra de la Independencia.
Como si fuera poco, hacia 1820 se sumaría el inicio de las guerras civiles, que terminarían de delinear el territorio de las provincias argentinas, prácticamente incólume hasta nuestros días y, en gran medida, respetuoso de las divisiones establecidas por España.
De este proceso de formación de los Estados provinciales solo ha desaparecido el territorio nacional de Los Andes, correspondiente a la porción argentina de la Puna de Atacama, que en 1943 fue distribuido entre Jujuy, Salta y Catamarca.
Al tiempo de la Revolución de Mayo de 1810, gobernaba Salta del Tucumán el peruano Nicolás Severo Isasmendi, quien, luego de una tímida adhesión al gobierno de Buenos Aires, fue reemplazado por Feliciano Chiclana. En medio de una grave crisis política, se sucedieron catorce gobernadores hasta el 20 de febrero de 1813, cuando la victoria del Ejército del Norte, al mando del general Manuel Belgrano, instauró definitivamente un gobierno revolucionario.
A ello siguió la primera decisión tomada por un gobierno patrio sobre estos territorios: la partición de la intendencia de Salta del Tucumán en dos provincias —término utilizado por primera vez con carácter institucional— mediante un decreto del director supremo Gervasio de Posadas, firmado el 8 de octubre de 1814.
La consolidación de Salta como provincia: Güemes
Las nuevas provincias serían Tucumán, formada por los territorios de Santiago del Estero, San Miguel y Valle de Catamarca, con capital en San Miguel del Tucumán; y Salta, con jurisdicción sobre Jujuy, Tarija, Orán, Santa María, los valles de Lerma y Calchaquíes y el litoral pacífico de Antofagasta y Atacama, con capital en Salta.
Los episodios vinculados con la guerra de la Independencia teñirían de dramatismo los inicios de ambas provincias. Salta, sin embargo, alcanzaría cierta estabilidad gracias al gobierno de Martín Miguel de Güemes, quien durante seis años encabezó la resistencia frente a las invasiones del ejército del Virreinato del Perú y, con mano firme, enfrentó también a los realistas salteños que plantearon una fuerte oposición a su gobierno.
La consolidación de Salta como provincia autónoma se produjo con la firma del Pacto de Cerrillos entre el jefe del Ejército del Norte, general José Rondeau, y el gobernador Güemes, el 22 de marzo de 1816. El acuerdo llegó luego del intento del jefe porteño de invadir Salta tras el desastre de Sipe Sipe y significó el reconocimiento definitivo del gobierno revolucionario salteño y la adhesión de la provincia al naciente Estado central.
Salta colonial.(Foto: Gentileza Eduardo Lazzari)
No sería exagerado considerar este acuerdo como uno de los primeros pactos preexistentes a los que alude la Constitución Nacional: logró evitar un enfrentamiento armado entre las fuerzas de un ejército regular central y el ejército salteño, muchas veces poco valorado por una estrategia basada en pequeños combates y una sola gran batalla en el marco de la guerra de la Independencia.
Vale destacar que Güemes comandó una fuerza de cerca de siete mil hombres y desarrolló una estrategia de guerra de guerrillas que había fracasado en el Alto Perú, pero resultó exitosa en Salta. Martín Miguel de Güemes fue, además, el único general de la guerra de la Independencia hispanoamericana que murió como consecuencia de una acción de guerra.
Sin duda, mantener el orden interno no fue sencillo para Güemes. Sin embargo, logró sostener el dominio territorial de la frontera norte a pesar de los avances y retrocesos del conflicto. Ese escenario permitió, entre otros factores, la realización del Congreso General Constituyente en San Miguel de Tucumán en 1816.
La amenaza del ejército español comenzó a desaparecer cuando el general José de San Martín llegó al Perú, lo que obligó a las autoridades militares realistas a desplazar sus ejércitos hacia el océano Pacífico para defender Lima, el último gran baluarte imperial.
Sin embargo, el fin de esa amenaza externa daría paso a otra forma de violencia: la guerra civil entre Salta y Tucumán, de la que también formaría parte Santiago del Estero.
El próximo domingo, si Dios quiere, transitaremos por la historia de la otra provincia creada en 1814, Tucumán, y por el nacimiento de las provincias de Santiago del Estero, La Rioja y Catamarca.
