El Consejo Interuniversitario Nacional puso números sobre la mesa: faltan $4 billones para sostener el sistema universitario público. La advertencia llegó directo al Congreso, en medio de un ajuste que ya lleva tres años.

¿Cuánto se puede estirar una universidad sin plata antes de que se rompa? El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) puso ese límite en números concretos esta semana: si el Presupuesto 2027 se aprueba tal como está, las universidades no podrán abrir sus puertas el año próximo, según planteó el titular del organismo, Franco Bartolacci, en una audiencia realizada en el Anexo A del Congreso de la Nación.

La frase no es una metáfora. Es una proyección basada en un dato duro: hay una diferencia de casi $4 billones entre lo que prevé el Gobierno nacional y lo que necesita el sistema de educación superior para funcionar. El reclamo de fondo es que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada a fines de 2025 y todavía sin aplicación efectiva.

Tres años de ajuste, una Corte que el Gobierno ignora

El vicepresidente del CIN, Anselmo Torres, lo resumió sin vueltas: hace tres años que las universidades funcionan con un 60% menos de recursos. No es un dato aislado, es el resultado de un desfinanciamiento sostenido que ya dejó marcas en programas de becas, gastos de funcionamiento, infraestructura y salarios.

Lo llamativo —o no tanto, si se sigue el patrón de esta gestión— es que el propio Gobierno nacional se abstiene de cumplir con un fallo de la Corte Suprema que ordenó aplicar la cautelar sobre los artículos de la ley vinculados a salarios y becas. Es decir: hay una orden judicial y el Ejecutivo la esquiva.

Un presupuesto que no contempla ni la inflación

La rectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Mónica Biasone, agregó un detalle que grafica la magnitud del problema: el proyecto de Presupuesto 2027 ni siquiera incluye la inflación proyectada para el año que viene, ni los acuerdos paritarios que puedan cerrarse, ni los gastos en infraestructura, ciencia y técnica. Un presupuesto que se queda corto antes de empezar a ejecutarse.

A la lista de recortes se suman el fin de programas de financiamiento, el congelamiento de becas y la eliminación de fondos para Ciencia y Tecnología: un combo que compromete no solo el funcionamiento diario de las universidades, sino la producción científica y el sostenimiento de estudiantes que dependen de esas becas para seguir cursando.

La pelota, otra vez, en el Congreso

El reclamo universitario llega en un contexto conocido: el de un Gobierno que insiste en el ajuste como política de Estado, aun cuando eso signifique desoír a la Justicia y poner en riesgo la continuidad de la educación pública.

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