La Fiscalía General de la Nación solicitó una audiencia de formulación de imputación contra Laura Camila Sarabia Torres por su presunta responsabilidad en los delitos de abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado.
La decisión obecede como parte de la investigación por el polígrafo practicado a Marelbys Meza tras la pérdida de una maleta en enero de 2023, en uno de los escándalos más recordados durante la administración de Gustavo Petro.
Así se confirmó la mañana del martes 1 de septiembre de 2026, luego de que Infobae Colombia conoció que el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, en Bogotá, programó la diligencia para el 14 de septiembre de 2026 a las 9:00 a. m..
En esa audiencia, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia expondrá ante un juez los cargos que el ente acusador pretende atribuirle a Sarabia, quien para la época de los hechos se desempeñaba como jefa de Gabinete de la Presidencia de la República.
La solicitud se concentra en lo ocurrido entre el 27 y el 29 de enero de 2023. Según el comunicado de la Fiscalía, Marelbys Meza habría sido obligada a someterse a una prueba de polígrafo luego de la desaparición de una maleta de propiedad de Sarabia. El equipaje contenía documentos y dinero.
La Fiscalía llevará el caso por dos delitos en la audiencia de septiembre
La formulación de imputación es un acto procesal mediante el cual la Fiscalía comunica a una persona que existe una investigación en su contra y le atribuye participación en hechos con relevancia penal.
Esa audiencia no representa una condena ni define la responsabilidad de la investigada, que podrá ejercer su defensa y controvertir los argumentos y elementos del ente acusador.
El caso adquirió relevancia pública por las circunstancias en que se produjo el examen a Meza, quien trabajaba como niñera para Sarabia.
La prueba se realizó en la Casa Galán, sede de inteligencia ubicada frente a la Casa de Nariño, luego de que se reportara la pérdida de dinero y documentación en el apartamento de la entonces funcionaria.
De acuerdo con la información conocida sobre el expediente, Meza fue trasladada al lugar para rendir el polígrafo el 30 de enero de 2023.
La investigación busca establecer bajo qué condiciones se ordenó y ejecutó el procedimiento, así como la eventual intervención de Sarabia en esa decisión.
El intento de una salida restaurativa quedó descartado: los motivos que llevaron la decisión
Antes de la solicitud de imputación, la defensa de Laura Sarabia y la representación de Marelbys Meza adelantaron conversaciones con la Fiscalía para buscar una salida por justicia restaurativa.
Sin embargo, días antes se conoció que la alternativa contemplaba un reconocimiento de los hechos, medidas de reparación simbólica y una compensación económica para la exniñera.
Para esto, la fórmula requería la aprobación del ente acusador, y la expectativa de las partes era evitar que el caso avanzara hacia una etapa de juicio si se cumplían los compromisos que surgieran del acuerdo.
Para tal fin, la apoderada de Meza presentó en julio de 2026 una solicitud para activar ese mecanismo ante Marcela Abadía Cubillos, fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
El documento planteaba que la decisión de Meza respondía a una voluntad libre, expresa e informada, pero el monto de una eventual reparación económica no trascendió.
Esa vía perdió fuerza por dos hechos dentro de la investigación. El primero fue la colaboración del capitán Óscar Leandro Mojica Cordón, quien firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía el 2 de julio de 2026. El oficial se comprometió a declarar bajo juramento sobre la presunta orden para practicar el polígrafo.
Según los términos de su colaboración, Mojica afirmará que Sarabia lo contactó después de conocer la desaparición del dinero y que, durante esa comunicación, le solicitó cambios en el esquema de seguridad y dio la instrucción para que Meza fuera sometida al examen.
Un testigo y una segunda petición de víctima cambiaron el escenario
La declaración del capitán Mojica es uno de los elementos que la Fiscalía tendría en cuenta para sostener su teoría del caso.
El testimonio resulta relevante porque el oficial formaba parte del esquema de seguridad y porque su versión contradice la explicación que Sarabia entregó públicamente sobre el episodio.
En enero de 2024, la entonces funcionaria negó haber ordenado la práctica del polígrafo, y agregó que las decisiones de ese tipo correspondían a su esquema de seguridad y sostuvo que el supuesto hurto se abordó como un asunto de seguridad nacional, debido a que en la maleta había 7.000 dólares y documentos de Estado.
Sarabia también afirmó que, cuando llegó a su vivienda, el lugar ya tenía presencia de policías vestidos de civil y que la coordinación del procedimiento estaba en manos de la entonces teniente Sandy, responsable de su esquema de protección.
La Fiscalía pretende controvertir esa versión con el relato de Mojica. La eventual declaración del oficial buscaría establecer que la decisión de someter a Meza al polígrafo procedió directamente de Sarabia y no de los integrantes de su seguridad.
El segundo elemento que incidió en el fracaso de la salida restaurativa fue la petición de Fabiola Perea para intervenir como víctima. Perea sostiene que agentes de civil acudieron a su vivienda sin una orden judicial, tomaron imágenes del inmueble y reunieron información sobre sus familiares, con posibles afectaciones a su intimidad.
La solicitud de Perea amplió el debate sobre las consecuencias del procedimiento abierto tras la pérdida de la maleta. Su abogado, Mauricio Marín, sostuvo que la Fiscalía escucharía el pedido para reconocerla formalmente como víctima dentro del expediente.
Mario Iguarán, abogado de Sarabia, ha señalado que su cliente está dispuesta a comparecer ante las autoridades y a entregar las explicaciones que la Fiscalía solicite.
La defensa tendrá la oportunidad de pronunciarse formalmente durante la audiencia del 14 de septiembre y en las etapas posteriores del proceso.
