El presidente de Estados Unidos, Donald Trump ordenó al secretario del Interior, Doug Burgum, decidir en 90 días si el lobo gris y el lobo gris mexicano perderían la protección de la Ley de Especies en Peligro de Extinción, como parte de una medida para atender a las quejas de ganaderos cuyos animales han sido casado por el lobo. Este anuncio surge a pesar de que México y Estados Unidos han sostenido durante cinco décadas un programa para recuperar a la especie.
La medida alcanza al lobo mexicano, del que quedan 317 ejemplares en libertad. Organizaciones dedicadas a su conservación advirtieron que la población mantenía problemas de diversidad genética y requería protección para aumentar su presencia en vida silvestre, por lo que retirar su estatus como especie protegida lo pone en un riesgo inminente.
La orden enviada desde la Casa Blanca, instruyó a Burgum a determinar si el lobo gris y el lobo mexicano cumplían los requisitos para ser retirados de la lista federal de especies en peligro de extinción. Cabe mencionar que Trump ya había intentado retirar la protección federal del lobo gris durante su primer mandato. Un tribunal anuló esa decisión tras los cuestionamientos sobre si las poblaciones de la especie tenían condiciones suficientes para sostenerse sin las salvaguardas previstas en la legislación estadounidense.
La medida reabre la disputa entre rancheros y grupos conservacionistas
La administración estadounidense sostuvo que la revisión respondió a pérdidas de ganado atribuidas a lobos. La orden no detalló el número de ataques que motivaron el procedimiento ni las entidades donde se concentraron los casos.
Los programas estatales y federales de Estados Unidos contemplaron compensaciones para ganaderos que acreditaran daños provocados por la depredación de lobos. También financiaron medidas para reducir los encuentros entre rebaños y animales silvestres.
Entre esas acciones estuvieron el retiro de animales muertos, la vigilancia de los rebaños durante el pastoreo y el uso de mecanismos disuasivos. Las organizaciones conservacionistas sostuvieron que esas alternativas debían recibir más recursos antes de retirar protecciones legales.
Greta Anderson, subdirectora de Western Watersheds Project, dijo en un comunicado que el peso de los lobos sobre la industria ganadera “palidece” frente a los efectos de los acuerdos comerciales recientes promovidos por Trump y frente a los problemas que la ganadería del oeste de Estados Unidos enfrenta por las condiciones climáticas cambiantes.
Los grupos que defienden a la especie sostienen además que existen mecanismos públicos para atender las pérdidas. De acuerdo con el despacho, los ganaderos pueden recibir compensaciones por daños causados por la depredación de lobos mediante programas estatales y federales.
Regan Downey, directora de educación y defensa del Wolf Conservation Center, cuestionó la decisión de Trump y planteó que el gobierno debía respaldar soluciones no letales. “El problema no son los lobos mexicanos, sino el enfoque de la administración para resolver los supuestos conflictos”, señaló.
México y Estados Unidos impulsaron la recuperación desde la década de 1970
El nuevo proceso para retirar analizar retirar las protecciones ocurre mientras México y Estados Unidos han mantenido acciones conjuntas de reproducción, traslado y liberación del lobo mexicano, una subespecie que llegó a desaparecer de la vida silvestre.
Las campañas de exterminio realizadas durante las décadas de 1950 y 1960 redujeron de forma drástica la población de Canis lupus baileyi. El sector ganadero y autoridades de ambos países impulsaron entonces la caza de los animales bajo el argumento de que representaban un riesgo para el ganado y podían transmitir rabia —el mismo argumento que ahora se pretende utilizar para analizar nuevamente su estatus de conservación.
Después de esas campañas solo quedaron siete ejemplares resguardados para iniciar programas de reproducción. A partir de ellos comenzó el trabajo para conservar la especie y establecer nuevas poblaciones fuera de cautiverio.
El Programa Binacional para la Recuperación del Lobo Mexicano reunió a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), instituciones académicas, autoridades ambientales de Estados Unidos y comunidades rurales. El plan buscó formar poblaciones viables, conservar la diversidad genética y devolver a los animales a zonas donde fueron eliminados.
Durango se incorporó ese año a las acciones de reintroducción. La Sierra Madre Occidental concentró parte de los esfuerzos para ampliar la presencia del lobo mexicano en territorio nacional.
