La explosión de un coche bomba frente a una comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, Zacatecas, el pasado 30 de agosto dejó 11 personas heridas y daños en viviendas, vehículos e instalaciones policiales. En el automóvil fueron utilizados aproximadamente 200 kilos de material explosivo.
El ataque ocurrió en uno de los territorios donde el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantiene una disputa con grupos rivales. Zacatecas comparte esa condición con Guanajuato y Michoacán, entidades donde la organización ha buscado ampliar su presencia frente a estructuras criminales que conservan posiciones en corredores y municipios estratégicos.
Para Víctor Sánchez Valdés, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila y especialista en seguridad, los ataques registrados en esas entidades tienen un elemento común: ocurren en zonas donde el CJNG intenta avanzar sobre territorios bajo control o influencia de otras organizaciones. El uso de vehículos explosivos, explicó, puede entenderse dentro de esa disputa territorial y no únicamente como una forma de atacar un objetivo específico.
“Lo que distingue a esta ola —de ataques— es el uso, por parte del Cártel Jalisco, de estos explosivos en aquellas entidades que se puede decir que son una frontera criminal, en donde están buscando expandirse”, explicó Sánchez Valdés en entrevista con Infobae México.
Guanajuato, Michoacán y Zacatecas, las fronteras criminales
Guanajuato es uno de los principales escenarios de esa disputa. El CJNG mantiene una rivalidad con el Cártel Santa Rosa de Lima por el control de distintas zonas de la entidad, una confrontación que ha tenido consecuencias en municipios donde ambas organizaciones buscan conservar o ampliar su presencia.
“Hay que recordar que Guanajuato es una entidad que, desde hace varios años, tiene más homicidios a nivel nacional. Es una entidad que vienen peleando el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Santa Rosa de Lima. Y que, por tanto, se puede decir que es una de las fronteras criminales que hoy sigue disputando el Cártel Jalisco”, señaló el investigador.
Michoacán representa otro de esos espacios de confrontación. La frontera con Jalisco concentra zonas donde el CJNG se ha enfrentado con organizaciones locales y facciones que buscan conservar áreas de influencia. Para Sánchez Valdés, el uso de explosivos se inscribe en ese intento de modificar el equilibrio territorial.
Zacatecas presenta una configuración distinta. El investigador explicó que el CJNG mantiene presencia en la parte sur de la entidad, mientras que en el norte operan grupos vinculados con Los Cabrera Sarabia, aliados de La Mayiza, del Cártel de Sinaloa.
En ese escenario ocurrió el ataque de Ojocaliente. García Harfuch señaló el 4 de septiembre que una de las principales líneas de investigación relacionaba el atentado con la disputa entre células del CJNG y el Cártel del Pacífico por el control de rutas, territorios y actividades ilícitas. El funcionario también informó que tres personas habían sido detenidas por su presunta participación en el ataque.
La ubicación del municipio resulta relevante por su posición en el sureste de Zacatecas y por su conexión con zonas limítrofes con Aguascalientes. El ataque contra la comandancia ocurrió en una región donde también se habían registrado otros hechos con explosivos días antes, de acuerdo con el reporte presentado por las autoridades federales.
El coche bomba también busca condicionar a las autoridades
La utilidad del explosivo no se limita al enfrentamiento entre grupos criminales. Sánchez Valdés explicó que estos ataques también pueden funcionar como una advertencia dirigida a corporaciones locales y estatales para dificultar su colaboración con organizaciones rivales, es decir, para que no establezcan alianzas con sus grupos antagonistas.
“Estos artefactos no sólo están enfocados en los rivales. O sea, sirven para demostrar este músculo, amedrentar a las autoridades, y evitar que estas, tanto locales como estatales, ayuden a sus rivales”, explicó.
En esa lógica, una comandancia policial adquiere un doble valor como objetivo: representa a la autoridad que interviene en un territorio disputado y permite exhibir ante los grupos rivales la capacidad de una organización para atacar una instalación oficial.
El especialista señaló que esa capacidad implica disponer de recursos, logística y personal capaz de trasladar un volumen considerable de explosivos, colocarlo dentro de un vehículo y hacerlo detonar sin que los responsables permanezcan en el lugar.
“Es la lógica criminal es el hecho de decir: yo tengo la capacidad operativa de conseguir, como en Ojocaliente, 200 kilos de explosivos, ponerlos en un auto, detonarlos a distancia y tronarlo frente de una estación de policía”, señaló Sánchez Valdés.
El ataque del 30 de agosto dejó 11 personas lesionadas y provocó daños en viviendas, vehículos e instalaciones de la corporación. García Harfuch detalló que diez viviendas sufrieron daños severos y otras 53 afectaciones menores, además de daños en 15 vehículos.
Atacar a distancia reduce el riesgo para los integrantes del grupo
Otra de las ventajas de esta modalidad, de acuerdo con Sánchez Valdés, está en la posibilidad de activar el artefacto sin que quienes participan directamente en el ataque tengan que permanecer junto al vehículo.
“El poder activarlo a distancia, el no poner en peligro a su propia gente. Obviamente, el tamaño de la explosión es muy grande y causa miedo”, explicó.
Esa característica modifica también el propósito del ataque. Para el investigador, el efecto buscado no necesariamente depende de provocar el mayor número posible de víctimas mortales, sino de generar una respuesta social y mediática que permita transmitir la capacidad de la organización.
“No se está buscando tanto la letalidad, sino más bien el impacto social y mediático. O sea, es por ello, pues que mucha gente habla que se trata de actos terroristas. Yo coincido con esa apreciación”, afirmó.
La elección de instalaciones policiales refuerza ese efecto. El objetivo no es únicamente el daño material provocado por la detonación, sino mostrar que una organización criminal puede llevar un artefacto explosivo hasta una zona vigilada y utilizarlo contra una corporación que forma parte de la estructura de seguridad local.
Zacatecas y Michoacán enfrentan un escenario político adicional en 2027
Para Sánchez Valdés, la disputa territorial adquiere una dimensión adicional en entidades que tendrán procesos electorales locales en 2027. El especialista no plantea que los ataques tengan necesariamente un origen electoral, sino que la transición política puede aumentar el interés de las organizaciones criminales por influir en las autoridades locales.
En ese contexto, los ataques pueden convertirse también en mecanismos de presión sobre funcionarios y corporaciones que intervienen en zonas donde los grupos criminales buscan consolidar posiciones.
“También se convierten en mecanismos para presionar a las autoridades locales. En el caso de Zacatecas y Michoacán, tendrán elecciones a la gubernatura el siguiente año. Entonces, eso tiene una implicación o un grado más de interés: ir condicionando esta transición”, señaló.
Insight Crime: la disputa por Zacatecas se extiende a rutas y municipios estratégicos
El contexto territorial descrito por Sánchez Valdés coincide con un análisis reciente publicado por Insight Crime sobre el repunte de la violencia en Zacatecas.
El portal especializado en crimen organizado señaló que la confrontación entre el CJNG y La Mayiza se desarrolla alrededor del control de territorios y corredores utilizados para actividades criminales.
De acuerdo con Insight Crime, Ojocaliente se encuentra dentro de una zona estratégica del sureste de Zacatecas, cercana a las rutas que conectan con Aguascalientes. El medio ubicó la violencia reciente dentro de la disputa entre estructuras relacionadas con el CJNG y La Mayiza, particularmente por el control de esa franja del estado.
Insight Crime también señaló que el aumento de los enfrentamientos ha estado acompañado por el uso de distintas modalidades de explosivos, entre ellas vehículos y motocicletas cargados con artefactos, drones y minas. El medio identificó ese cambio táctico como parte de la evolución de la confrontación entre los grupos que buscan ampliar sus posiciones en Zacatecas.
Según la investigación de Insight Crime, el incremento de los ataques con explosivos se ha producido junto con una mayor presión sobre autoridades y comunidades de las zonas donde se desarrolla la disputa. El medio también documentó mensajes atribuidos a integrantes del CJNG en los que se dirigían amenazas contra integrantes de La Mayiza y funcionarios de Zacatecas.
El contexto descrito por Insight Crime permite dimensionar el ataque de Ojocaliente más allá de la detonación frente a una comandancia. La agresión ocurrió dentro de una zona donde dos estructuras criminales disputan posiciones, rutas y capacidad de influencia, mientras que la instalación policial funcionó como un objetivo que permitió trasladar esa confrontación al espacio de las autoridades.
La entrevista con Sánchez Valdés apunta a la misma dirección desde otra perspectiva: el valor de un coche bomba dentro de una disputa criminal no depende únicamente de las víctimas que pueda provocar, sino también de la capacidad que exhibe para penetrar un territorio rival, presionar a las autoridades y comunicar que el grupo cuenta con recursos para disputar una zona.
