La mayoría de la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó un informe que no atribuye responsabilidades políticas a ministros de Estado por los contratos suscritos para incorporar generación eléctrica durante la crisis energética de 2024, pese a que las operaciones examinadas en el denominado caso Progen continúan bajo investigaciones administrativas y penales.
El documento recibió 80 votos favorables, 63 negativos y tres abstenciones durante la sesión del Pleno realizada el domingo 30 de agosto. El informe fue preparado por la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana y obtuvo el respaldo del oficialismo de Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados.
La fiscalización comprendió las contrataciones realizadas por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) con Progen Industries LLC y Austral Technical Management (ATM), empresas seleccionadas para implementar proyectos de generación térmica en medio de los prolongados cortes de electricidad que afectaron al país.
Celec firmó el 2 de agosto de 2024 dos contratos con Progen por aproximadamente USD 149 millones. El primero, de unos USD 99 millones, correspondía a una central de 100 megavatios en Salitral, Guayaquil. El segundo, por cerca de USD 50 millones, contemplaba otros 50 megavatios en Quevedo, provincia de Los Ríos.
Una semana después, la empresa estatal contrató a Austral Technical Management por aproximadamente USD 90 millones para implementar 91 megavatios adicionales en Esmeraldas. En conjunto, las tres contrataciones fiscalizadas bordearon los USD 239 millones.
Los proyectos no entregaron dentro de los plazos previstos toda la generación para la que fueron contratados. En el caso de Progen, Celec llegó a desembolsar aproximadamente USD 104 millones por los proyectos de Salitral y Quevedo, mientras las plantas no alcanzaban la operación comercial contemplada originalmente.
Las contrataciones fueron posteriormente examinadas por la Contraloría General del Estado. Sus auditorías identificaron irregularidades en diferentes etapas de los procedimientos y generaron determinaciones administrativas y civiles, además de documentación relacionada con posibles responsabilidades penales.
La subcontralora Gabriela Sulca informó ante la Asamblea, días antes de la votación, que los controles efectuados alrededor de los proyectos habían derivado en sanciones administrativas contra 22 personas, nueve informes con posibles indicios de responsabilidad penal sometidos a análisis y 49 exámenes patrimoniales. También se reportaron responsabilidades civiles por alrededor de USD 84 millones en los exámenes correspondientes.
La mayoría legislativa consideró, sin embargo, que esos hallazgos no eran suficientes para trasladar las responsabilidades detectadas al ámbito político ministerial. El informe concluyó que durante la fiscalización no se establecieron actos u omisiones atribuibles a autoridades sometidas al control político previsto en el artículo 131 de la Constitución que permitieran configurar un incumplimiento de funciones.
Diana Jácome, legisladora de ADN y presidenta de la Comisión de Transparencia, sostuvo que las responsabilidades establecidas por los organismos de control se concentraban en funcionarios que participaron directamente en los procedimientos contractuales, la administración de los proyectos y la autorización de desembolsos.
La oposición rechazó esa interpretación. Legisladores de la Revolución Ciudadana cuestionaron que la Comisión descartara responsabilidades políticas sin haber agotado las comparecencias de las máximas autoridades que condujeron el sector eléctrico durante las diferentes fases de los contratos. Los integrantes opositores de la mesa habían elaborado un informe de minoría que planteaba una lectura diferente de la actuación gubernamental.
La discusión ha involucrado las gestiones de Roberto Luque, Antonio Goncalves e Inés Manzano al frente del sector energético. Goncalves era ministro de Energía cuando se firmaron los contratos de agosto de 2024 y posteriormente fue incorporado al proceso penal abierto por las operaciones con Progen.
La votación de la Asamblea no modifica esa investigación. La Fiscalía mantiene una causa por presunto peculado en la que, hasta finales de agosto, habían sido investigadas 31 personas. El 27 de agosto, diez nuevos procesados recibieron orden de prisión preventiva, entre ellos exasesores y funcionarios relacionados con Celec y los proyectos contratados.
Tampoco concluyó toda la fiscalización parlamentaria alrededor de Progen. La Comisión de Fiscalización desarrolla por separado una investigación sobre la denominada “ruta del dinero”, destinada a examinar los movimientos y el destino de los recursos desembolsados.
