El país sudamericano se ha convertido en un campo de pruebas del gobierno del presidente Trump para frenar la influencia de Pekín en el hemisferio occidental, pero sin mayores resultados.

Luis Miguel Castilla, quien era en ese entonces embajador de Perú en Washington, recibió en 2015 una severa llamada telefónica del Departamento de Estado, después de que funcionarios estadounidenses se enteraran de que una empresa china financiaría un nuevo y ambicioso proyecto portuario en la costa del Pacífico.

Preguntaron la razón por la cual Perú estaba concediendo a Pekín un punto de apoyo estratégico en Sudamérica.

La respuesta de Castilla fue contundente: los inversores occidentales ya habían rechazado el proyecto.

Los promotores del puerto, pertenecientes al sector privado peruano, "han venido a tocar la puerta acá y a Europa y ninguno les ha abierto", dijo Castilla. "Entonces, espacio que se deja, espacio que otra toma".

Hoy en día, el megapuerto de Chancay, al norte de Lima, la capital, respaldado por China y valorado en 1,3 millardos de dólares, se ha convertido en el símbolo más visible de la presencia económica de China, que es cada vez más grande en Perú.

También es una de las razones clave por las que el país --que el secretario de Estado Marco Rubio tiene previsto visitar esta semana-- se ha convertido en un campo de pruebas para uno de los objetivos fundamentales del presidente Donald Trump en América Latina: frenar la influencia de Pekín en el hemisferio occidental.

Altos funcionarios del gobierno han advertido, aunque sin ofrecer pruebas, de que los proyectos financiados por China amenazan la soberanía de Perú y, en el caso del puerto, podrían proporcionar a Pekín un punto de apoyo militar.

Pero en Perú, la presión de Washington choca con una realidad difícil. China se ha convertido en el mayor socio comercial de Perú y en un importante inversor en minería, energía e infraestructura, una relación que ha contribuido a sustentar una de las economías más resilientes de Sudamérica.

Ni siquiera la toma de posesión en julio de la presidenta Keiko Fujimori, una conservadora acérrima que se ha comprometido a estrechar la cooperación en materia de seguridad con Washington, parece que vaya a traer el giro anti-China que busca el gobierno de Trump.

Fujimori no ha dado indicios de que vaya a reducir los lazos con China. En su primer discurso ante el Congreso, describió a Perú como un "puente" entre América Latina y Asia.

Durante la última década, Perú ha pasado por nueve presidentes, cuatro procesos de destitución, repetidas oleadas de protestas masivas, un intento de autogolpe e innumerables escándalos de corrupción.

A pesar de eso, ha mantenido un crecimiento económico constante, una inflación baja y la confianza sólida de los inversores, y ha evitado las crisis de deuda y las fuertes recesiones que han azotado a varios de sus vecinos.

Sin embargo, los beneficios han sido desiguales. Millones de peruanos siguen viviendo en la pobreza y dependen de sistemas educativos y sanitarios que carecen de fondos suficientes.

Los expertos atribuyen la estabilidad económica de Perú en gran medida a un banco central independiente y a gobiernos sucesivos que dejaron la política económica en manos de economistas de carrera, lo que la aisló de la política.

Además, China se ha convertido en un pilar fundamental de la economía peruana. Cuando la crisis financiera de 2008 hundió la demanda de minerales por parte de Estados Unidos y Europa, el auge de la construcción en China siguió absorbiendo el cobre y el hierro peruanos. China acabó superando a Estados Unidos como principal socio comercial de Perú y hoy en día compra aproximadamente un tercio de las exportaciones del país.

"China ha sido el socio perfecto en estos años porque te compraba todo", dijo Eduardo Dargent, analista político peruano.

Más allá del comercio, las empresas chinas se han expandido de forma constante hacia sectores de los que las empresas occidentales se han retirado: las empresas estatales chinas han comprado empresas peruanas de infraestructuras a compañías estadounidenses y europeas. Hoy en día, las empresas chinas controlan el sistema de distribución eléctrica de Lima y desempeñan un papel importante en los sectores del transporte, la banca y las telecomunicaciones.

Los expertos describen a China como un socio paciente, con empresas estatales que a menudo piensan en plazos más largos que las empresas privadas occidentales, sometidas a la presión de ofrecer beneficios trimestrales a los accionistas. El presidente chino, Xi Jinping, inauguró el puerto en noviembre de 2024, y lo llamó "un nuevo corredor de tierra y mar entre Asia y América Latina para la nueva era".

Para Washington, sin embargo, la presencia de China representa algo inquietante. Funcionarios estadounidenses han advertido en repetidas ocasiones que el puerto de Chancay podría acabar facilitando el acceso a la marina china. Después de su toma de posesión, un enviado del gobierno de Trump propuso un arancel del 60 por ciento sobre la mercancía que pasara por puertos controlados por China en América Latina, aunque esta medida no ha llegado a aplicarse.

"La inversión china impulsa la agenda política del Partido Comunista Chino en el extranjero, a menudo a expensas del país receptor", dijo un portavoz del Departamento de Estado en un comunicado. "Bajo el liderazgo del presidente Trump, Estados Unidos está trabajando para hacer frente a los riesgos que plantea para la seguridad y la prosperidad de nuestro hemisferio".

Las tensiones diplomáticas se intensificaron este año tras el estallido de una disputa legal sobre qué autoridad ejercía la agencia reguladora de transportes de Perú sobre el puerto, que es gestionado por una empresa privada.

"Perú podría verse impotente a la hora de supervisar Chancay", que está controlado por "propietarios chinos depredadores", escribió en X el Departamento de Estado en febrero. "Que esto sirva de advertencia para la región y el mundo: el dinero barato chino cuesta soberanía".

Sin embargo, las autoridades peruanas afirman que el puerto está regulado por la autoridad portuaria, la policía, las aduanas, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y otros organismos.

"Tenemos una fiscalización constante y minuciosa", dijo Paola Fune, responsable de asuntos gubernamentales del puerto.

El puerto de Chancay, gestionado por el gigante naviero estatal chino COSCO, ha reducido los tiempos de transporte marítimo a China de hasta 40 días a 23, según afirman los funcionarios del puerto, y se espera que se convierta en un importante centro comercial, lo que aumentará la integración de Perú en los mercados asiáticos.

El puerto cuenta con grúas autónomas, camiones sin conductor, operaciones de carga controladas a distancia y un túnel de 1,8 kilómetros de longitud que canaliza el tráfico de contenedores por debajo de la ciudad.

Los hoteles y restaurantes se están expandiendo rápidamente en Chancay, mientras que las universidades y las redes de salud han comenzado a adquirir terrenos para campus secundarios y oficinas.

La élite política y tecnocrática de Perú considera que el puerto es un gran logro para el país y muestra indignación ante las indicaciones del gobierno de Trump sobre cómo gestionar sus relaciones comerciales.

"Han estado lanzando críticas al azar, pero no consiguen que quede grabado", dijo Cynthia Sanborn, una destacada experta en China de la Universidad del Pacífico de Lima. "Los peruanos están realmente orgullosos de ese puerto".

"Estados Unidos viene y dice: 'Oh, están perdiendo soberanía'. Eso es muy paternalista", dijo Sanborn.

Las críticas de Washington suenan falsas, según los analistas, porque muchos peruanos perciben un marcado contraste entre la participación china y la estadounidense.

Mientras que China ha invertido grandes sumas de dinero en puertos, minas e infraestructuras eléctricas, la participación de Estados Unidos se ha enfocado en proyectos de seguridad financiados por Perú, entre los que se incluyen una modernización de la base naval peruana por valor de 1,5 millardos de dólares y la compra de aviones de combate F-16 estadounidenses.

"Los chinos están invirtiendo en Perú y Perú le está dando su dinero a Estados Unidos", dijo Sanborn.

La presión de Estados Unidos para la compra de 24 aviones F-16 provocó críticas generalizadas por su costo de 3500 millones de dólares y la carga que supone para los recursos públicos.

"¿No hay otros usos más importantes para ese dinero que comprar aviones de combate?", dijo Castilla, quien actualmente es investigador visitante sénior en la London School of Economics.

La tensión se hace patente en la postura combativa del embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, cuya retórica mordaz ha alejado a la clase política peruana. Cuando por un momento pareció que el acuerdo sobre los aviones de combate se iba a frustrar, Navarro escribió en X que Washington utilizaría "todas las herramientas disponibles" para promover sus intereses "si negocian de mala fe con Estados Unidos".

En toda América Latina, las empresas chinas han financiado más de 300 proyectos de infraestructura por un valor superior a los 130 millardos de dólares y dominan cada vez más sectores como la electrónica y los vehículos eléctricos, afirmó Enrique Dussel Peters, economista de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Washington ha tratado el comercio con China como una cuestión ideológica en lugar de como una necesidad económica para América Latina, señaló, y es posible que no sea consciente de la gigantesca tarea que supondría intentar revertir "la enorme presencia de China en el continente americano".

"Pareciera ser que con una decisión el viernes, el lunes podemos desaparecer a China", dijo Dussel.

Estados Unidos sigue siendo un socio comercial fundamental para Perú y es el principal mercado para las exportaciones agrícolas y textiles, sectores que generan muchos más puestos de trabajo que algunas industrias dominadas por China.

Castilla afirmó que estaba de acuerdo con las quejas que desde hace tiempo plantean los estadounidenses sobre el contrabando, el robo de propiedad intelectual y la competencia desleal por parte de algunas empresas chinas. Sin embargo, añadió que presionar a los países para que elijan un bando sin ofrecer alternativas de inversión comparables conlleva el riesgo de alejar a los aliados y empujar a los países hacia Pekín.

Estados Unidos "está haciendo un poco de bullying", dijo.

Sin embargo, los líderes latinoamericanos --incluso aquellos estrechamente alineados con Trump-- no muestran ninguna intención de romper los lucrativos vínculos con China. Esperan que su región se beneficie de ser un campo de batalla en la disputa por la influencia entre las superpotencias mundiales.

José Tam, abogado especializado en inversiones asiáticas y exdirector de la Cámara de Comercio Peruano China, afirmó que Perú recibe con agrado una mayor inversión estadounidense.

"Lo que en realidad no debería ser nuestro problema es la parte geopolítica", dijo. "Nosotros, como país en desarrollo, lo que necesitamos es inversión y nos da igual que sea china, neozelandesa o de Estados Unidos o de México, de quien sea".

Mitra Taj colaboró con reportería desde Lima.

Genevieve Glatsky es reportera del Times. Vive en Bogotá.

Mitra Taj colaboró con reportería desde Lima.