Un informe de la Procuraduría General de la Nación sobre fallas en el esquema de seguridad de Miguel Uribe Turbay. El documento pide a la Fiscalía Gneral de la Nación y a la Justicia Penal Militar investigar a fondo omisiones que habrían facilitado el magnicidio del senador y precandidato presidencial.
Las cuatro fallas señaladas fueron la presunta filtración de información reservada del esquema, el debilitamiento de la protección directa durante el acto en el parque El Golfito del 7 de junio de 2025, la reacción tardía para coordinar apoyos y la falta de articulación operativa, incluida la ausencia de relevos para agentes que descansaban, informó Semana.
El documento, que reposa en el ente investigador y el sistema de justicia especializado, cobró nueva relevancia tras conocerse reuniones de integrantes del esquema con la banda de sicarios y la reactivación de la investigación penal contra el subcomisario Víctor Hugo Gómez Velasco, jefe del cuerpo de seguridad, por prevaricato por omisión. A eso se sumó la decisión sobre Augusto Rodríguez, exdirector de la Unidad Nacional de Protección (UNP), a quien la Corte Constitucional ordenó ofrecer excusas públicas a la familia por revelar información sensible.
La presunta filtración de información del esquema
La primera falencia apunta a que la organización criminal tenía datos detallados sobre los movimientos de Uribe Turbay y su familia, así como sobre la composición del esquema y la función de cada escolta. Para la Procuraduría, esa información reservada habría salido de integrantes de la propia protección.
El informe cita declaraciones de implicados en la logística y ejecución del atentado para sustentar esa línea. Uno de los testimonios que incluye el texto dice: “La Firma (citando al menor identificado con las iniciales E. J. M. M.) me dijo dónde estaban ubicados los policías. Me dijo que había uno en la esquina, que había otro en la esquina del Oxxo, que había otro entre la gente y que había otro que estaba rodando. Que iban a ser tres escoltas, pero no me dijo las ubicaciones, solo que había tres escoltas”.
El máximo organismo del Ministerio Público añadió otro señalamiento que agrava la sospecha, aunque planteado como materia de investigación y no como hecho probado. Citando testimonios de menores implicados, el documento recoge la versión de que “los escoltas estaban comprados”.
Con esos elementos, el ente de control pidió avanzar para establecer si hubo relación entre la conducta omisiva del oficial y el entramado delictivo que ejecutó el crimen. Esa línea tomó fuerza tras conocerse reuniones de integrantes del esquema con la banda de sicarios, hecho que llevó al cambio reciente de escoltas asignados a la viuda María Claudia Tarazona.
El vacío de protección durante el acto público
La segunda falencia se centra en el momento del discurso en el parque El Golfito, en Bogotá, cuando la protección directa quedó reducida. La Procuraduría advirtió que allí se produjo el descuido más delicado de la jornada.
Según varios testigos citados en el informe, el escolta Ricardo Céspedes se alejó del senador y fue hasta uno de los vehículos blindados para dejar una chaqueta. Esa decisión dejó la protección directa exclusivamente en manos de Gómez Velasco.
Fue entonces cuando el menor sacó el arma y disparó contra el precandidato presidencial. El reporte sostiene que el esquema actuó con pocos integrantes en un espacio abierto y concurrido, con personas sin identificar alrededor del dirigente político.
El organismo, con base en testimonios y en un informe policial, concluyó que hubo una débil optimización del personal disponible y una falla técnica que consideró inexcusable. Ese vacío de cobertura durante el acto aparece como el segundo eje de los reparos disciplinarios y penales.
La reacción tardía y la falta de coordinación operativa
La tercera y la cuarta falencia se concentran en la prevención fallida y en la desarticulación del esquema antes del evento. Según el informe, Gómez Velasco conoció la agenda del sábado 7 de junio de 2025 a las 7:07 a. m., pero solo empezó gestiones a la 1:50 p. m.
La Procuraduría calculó que pasaron 6 horas y 43 minutos entre el aviso inicial y la búsqueda de contactos de la policía local. Para el ente de control, ese margen dejó apenas una hora y 40 minutos antes del acto de las 15:30 p.m. para coordinar seguridad en un entorno de alto riesgo.
El escrito también plantea que el subcomisario tenía capacidad para advertir la vulnerabilidad de la jornada e incluso sugerir que se cancelara. La procuradora firmante expuso que, con solo dos hombres de seguridad, el jefe del esquema podía decirle al senador que no debía asistir al mitin en esas condiciones.
A eso se suma la ausencia de gestiones formales para pedir apoyos. “No existió ningún radicado, oficio o correo electrónico dirigido al Grupo de Protección del Congreso o a la Policía Metropolitana de Bogotá solicitando refuerzos o apoyos para un mitin en un lugar abierto”, señala el informe al que accedió el medio citado.
La descoordinación también alcanzó a la vigilancia territorial del barrio Modelia. Los patrulleros de los cuadrantes 5 y 6 declararon que nunca fueron informados del evento y que su presencia en la zona obedeció a un reporte por consumo de estupefacientes, no a una labor de protección articulada.
