“Una de las ideas que, como saben sus señorías, fue discutida con los isleños el pasado noviembre es la del leaseback: la concesión a la Argentina del título de soberanía, junto con el arrendamiento simultáneo al Gobierno de Su Majestad de todos los territorios y zonas marítimas por un período sustancial”.
El 30 de junio de 1981, nueve meses antes de la guerra, la Cámara de los Lores, en Londres, debatió abiertamente alternativas para negociar la disputa de Malvinas, incluido un eventual esquema de soberanía nominal argentina y administración británica por varias generaciones.
Esa misma noche, el Gobierno de Margaret Thatcher confirmó que retiraría en 1982 al HMS Endurance, el principal símbolo de presencia naval británica en el Atlántico Sur.
Todo quedó documentado en la transcripción a la que accedió TN y pertenece a un debate parlamentario publicado en Hansard, el archivo oficial de los debates del Parlamento británico.
El texto reproduce el debate titulado “The Falkland Islands: Sovereignty”, registrado en el volumen 422. No es una sesión secreta, una minuta diplomática ni una pieza interna del Foreign Office, pero muestra que, poco antes del desembarco argentino en las islas, en la Cámara de los Lores se debatió de manera simultánea la negociación sobre soberanía, el leaseback y la retirada del HMS Endurance.
En Londres gobernaba Margaret Thatcher, con Lord Carrington al frente de la diplomacia británica. La Argentina seguía bajo la última dictadura militar y Roberto Viola había asumido la presidencia de facto el 29 de marzo de 1981. El Reino Unido atravesaba una crisis severa. La política antiinflacionaria del gobierno de Thatcher había empujado a la economía a la recesión: en junio de 1981 el desempleo rondaba el 10%, la producción industrial se contraía y el país discutía los costos sociales de un ajuste que ya había destruido cientos de miles de empleos.
Las Islas Malvinas también atravesaban una situación particular: eran una comunidad pequeña, aislada y de infraestructura precaria: unos 1850 habitantes dependían de la conexión aérea semanal desde Comodoro Rivadavia —operada por la Fuerza Aérea Argentina— y de una ayuda pública británica cuestionada en Whitehall por su alto costo relativo por habitante. Esa dependencia de la cooperación argentina para sostener comunicaciones, abastecimiento y vida económica volvía más urgente una salida política. Mientras tanto, Londres vacilaba ante el costo de invertir en un territorio remoto, disperso y difícil de conectar con el mundo.
La guerra todavía no aparecía como un desenlace inevitable en el lenguaje público de ambas capitales, pero la disputa de soberanía se mantenía y cargaba con una presión política creciente.
Por eso, ese martes a las 20:42, según la hora consignada en las intervenciones que figuran en los documentos, la apertura estuvo a cargo de Lord Buxton of Alsa.
Lord Buxton of Alsa era en realidad Aubrey Leland Oakes Buxton (1918–2009), un empresario de televisión, productor de documentales y conservador en la Cámara de los Lores desde 1978. No era un especialista diplomático ni un representante oficial de las islas: su involucramiento con Malvinas surgía de su hija, la realizadora y fotógrafa de naturaleza Cindy Buxton. El entonces gobernador de las islas, James Parker, se había acercado a Lord Buxton para explorar la posibilidad de filmar la fauna local y promover el turismo.
Por eso, cuando Buxton tomó la palabra esa noche, lo hizo porque conocía de primera mano -por el trabajo de su hija y su entorno- las condiciones de aislamiento, las estancias, la economía lanera, la fauna y las dificultades de comunicación de los isleños
Así, fue él quien formuló una Unstarred Question: una pregunta parlamentaria sin votación ni moción formal, utilizada para abrir una discusión sobre política pública. Preguntó si el Gobierno de Margaret Thatcher continuaría las conversaciones con Argentina para encontrar áreas de cooperación que ayudaran a resolver la disputa de soberanía.
Después de formular su consulta, Buxton empezó casi pidiendo disculpas por la hora, pero rechazó que el asunto se tratara de manera apresurada por la incomodidad de los propios parlamentarios. Su primer movimiento fue fuerte: dijo que la situación en Malvinas se estaba agravando menos por la iniciativa negociadora del gobierno de Thatcher, a la que declaró apoyar, que por la “tradicional indiferencia británica” y por una aparente disposición de Londres a “lavarse las manos” frente al problema.
Buxton describió a Malvinas como un archipiélago cuya única conexión regular con el mundo exterior era, entonces, un vuelo semanal de la Fuerza Aérea Argentina desde Comodoro Rivadavia a Puerto Stanley. Así, el hombre planteaba que si Buenos Aires decidía interrumpir ese servicio, los isleños iban a volver a depender de barcos lentos e irregulares, con correo que podía demorar tres meses y una brusca degradación de sus condiciones de vida.
Buxton no negó que la Argentina estuviera desplegando una política de acercamiento. Reconoció que Buenos Aires prestaba el servicio aéreo y otras facilidades económicas y sociales, aunque leyó esa cooperación como un intento de conquistar la adhesión de los isleños. La contrapuso, además, con la desconfianza que generaban la inestabilidad argentina, la represión de la dictadura y el antecedente del incidente del buque científico Shackleton.
Su exposición también corría el foco de la soberanía: habló de pesca, posibles yacimientos petroleros, turismo, conservación ambiental y presencia de flotas de la Unión Soviética, Polonia y Alemania Oriental en el Atlántico Sur. Malvinas era, más que sólo una comunidad aislada, un espacio de recursos potenciales y una pieza de la proyección británica sobre el Atlántico Sur y la Antártida.
Fue en ese punto cuando Buxton introdujo la otra novedad que atravesaría la sesión: los recortes de defensa. Dijo estar “alarmado” por lo que había trascendido de la reciente declaración gubernamental, según la cual el HMS Endurance (el único buque británico de patrulla de hielo en la Antártida) sería retirado en 1982. Todavía no era una confirmación formal del ministro presente: Buxton hablaba de una decisión informada públicamente y le exigía a Lord Trefgarne que aclarara cuál sería el futuro de la presencia naval británica en la zona.
El Endurance no era una gran nave de combate ni un rompehielos en sentido técnico. Era un buque naval apto para operar entre los hielos, asistir a las bases británicas en la Antártida, realizar patrullas y tareas de apoyo, y sostener una presencia visible en torno de Malvinas, Georgia del Sur y la península antártica. Para Buxton, su retiro amenazaba la influencia británica, el acceso a la región y los intereses de largo plazo asociados a los recursos del Atlántico Sur.
“Todo este asunto del Endurance es una perspectiva aterradora, especialmente para las Islas Malvinas”. Y preguntó cuán frecuentes serían las prometidas visitas de otros barcos de la Royal Navy y si alcanzarían para representar los intereses británicos en la región.
Buxton no proponía una entrega ni reclamaba una ruptura con la Argentina. En la parte más reveladora de su intervención aceptó incluso que el leaseback podía ser una salida, aunque “quizá impopular”, si el arrendamiento era lo bastante largo como para proteger la vida y los intereses de los isleños. Imaginó en su formulación cuestiones más amplias: una base —por ejemplo, de la OTAN— donde la Argentina pudiera izar su bandera, o, como alternativa preferible, un tratado sudatlántico británico-argentino de cooperación “militar, científica y económica”.
En sentido amplio, el leaseback se venía considerando en la diplomacia británica desde la década de 1970, cuando distintos gobiernos británicos buscaban una salida negociada al conflicto de soberanía. Pero como propuesta concreta —transferir a la Argentina el título nominal de soberanía y arrendar de inmediato las islas al Reino Unido por un largo plazo— entró de lleno en la agenda del gobierno de Thatcher durante 1980.
La idea proponía separar el título de soberanía del control efectivo: la Argentina recibiría el reconocimiento formal sobre las islas, pero las arrendaría inmediatamente y por varias décadas al Reino Unido, que conservaría su administración. Era una salida diplomática atractiva en el papel, pero “quizá impopular” porque para los isleños implicaba admitir, desde el inicio, la debida soberanía argentina cuya consecuencia final podía ser la pérdida de su vínculo político con Gran Bretaña.
Buxton cerró con un llamado que, leído después de la guerra, suena casi naive: pidió a Londres y Buenos Aires que examinaran “todas las demás opciones” y concluyó: “Seamos amigos y unámonos para nuestro beneficio mutuo”. No hubo votación ni resolución. Era una Unstarred Question, el formato parlamentario elegido para abrir un debate y obligar al Gobierno a fijar posición.
El relevo en el debate lo tomó Lord Shackleton, autor del informe económico que cinco años antes había radiografiado el aislamiento y las posibilidades de desarrollo de las islas. Con un paso de cortesía típicamente inglés, dijo que Buxton había hecho una exposición tan completa que él casi no tendría nada que agregar; antes de intervenir, reconoció el trabajo de los gobernadores y destacó los documentales de Cindy Buxton, hija del lord que había abierto la discusión.
Tras la gentileza, Shackleton se inclinó por un tono más sombrío. Admitió avances parciales en infraestructura y en la reorganización de algunas estancias, aunque sostuvo que la mayor parte de las recomendaciones de su informe de 1976 seguía incumplida. Turismo, pesca, comunicaciones, exploración de recursos y presencia estatal continuaban siendo asuntos pendientes en un territorio que Londres decía defender, pero al que no terminaba de dotar de medios para sostenerse.
Luego puso el foco en la decisión que de fondo atravesaba toda la noche: el retiro del HMS Endurance. No lo presentó como la baja de un barco más, sino como el abandono de una capacidad concreta para patrullar el hielo, llegar a las bases antárticas y exhibir presencia británica en el Atlántico Sur. “Esto es realmente un desastre”, dijo.
Después de Shackleton habló Lord Mottistone. Su nombre era David Peter Seely, un capitán de la Royal Navy, también conservador.
“Mis lores, intervengo brevemente”, comenzó. Enseguida apeló también al código de cortesía de la Cámara: dijo que su “noble amigo”, Lord Buxton, había cubierto “todo el terreno” tal como él mismo habría querido hacerlo.
Mottistone extendió esa deferencia a Shackleton. Aclaró, con una precisión casi ceremonial, que había leído su informe completo, “incluido el anexo”, y respaldó enfáticamente lo que acababa de escuchar sobre el HMS Endurance. Allí, entre los cumplidos y los títulos, apareció la preocupación concreta: si el buque era retirado, ¿eso significaba también que serían retirados los Royal Marines destinados en las islas?
Dirigió la pregunta a Lord Trefgarne, el ministro de Thatcher, a quien también llamó su “noble amigo”. Su preocupación era clara, si el barco se iba, ¿qué presencia británica quedaría en tierra?
La respuesta no llegó todavía. Mottistone cerró expresando su deseo de que el Gobierno escuchara cuidadosamente a Buxton y permitiera, finalmente, que los isleños vivieran sus vidas como deseaban.
Después de Mottistone se levantó, como si estuviera esperando el momento, Lord Stewart of Fulham. Su intervención traía otra autoridad y experiencia a la sala. Stewart había sido canciller británico durante los gobiernos laboristas de Harold Wilson y había conducido la relación con la Argentina en los años en que Londres ya buscaba fórmulas para salir del estancamiento. No hablaba, por lo tanto, desde una preocupación sectorial ni desde la defensa naval: hablaba básicamente como un ex responsable de la política exterior británica que ya había lidiado con la disputa.
“No es razonable esperar que Gran Bretaña abandone la soberanía de las Islas Malvinas contra los deseos evidentes de todos los isleños”, planteó Stewart.
Luego aprovechó para saldar una vieja disputa política. Recordó que, mientras había sido canciller, dirigentes conservadores habían difundido que el gobierno laborista se preparaba para entregar las islas. “Eso era completamente falso”, dijo; y añadió que ni él ni sus colegas habrían aceptado abandonar la soberanía, salvo que los propios isleños algún día decidieran ser ciudadanos argentinos, una posibilidad de la que no veía señal alguna.
Sin embargo, Stewart no levantó la voz para clausurar la conversación con la Argentina. Al contrario: explicó que la voluntad de los isleños era un límite irrenunciable, pero no una salida automática al conflicto. La Argentina no aceptaba separar la cooperación económica, las comunicaciones o el desarrollo regional de la cuestión de soberanía; por eso, como había comprobado mientras fue canciller, todo diálogo terminaba tarde o temprano frente a la misma disputa.
El excanciller dejó así planteado el último marco antes de la respuesta oficial. Le pidió al ministro que dijera qué avance era posible sobre los intereses comunes de la Argentina y el Reino Unido en el desarrollo del Atlántico Sur, con los isleños como beneficiarios. También reclamó precisiones sobre el Endurance, la investigación hidrográfica y las comunicaciones.
Su cierre fue sobrio, casi romántico. Admitió las dificultades de la distancia y la técnica, pero sostuvo que una de las ayudas más importantes que Londres podía dar a los isleños era mantenerlos vinculados con el mundo y “hacerles saber que, aunque el Parlamento no discutiera siempre sus asuntos, Westminster no los olvidaba”.
Cuando terminó Stewart, la sala había dejado sobre la mesa todas las contradicciones de la política británica hacia Malvinas. Había negociación, pero también límites; promesas de protección, pero recortes; una comunidad que Londres decía defender, pero a la que “mantenía aislada y sometida a la incertidumbre”. Entonces se levantó Lord Trefgarne, el ministro encargado de responder por el Gobierno de Margaret Thatcher. Su nombre era David Garro Trefgarne, segundo barón Trefgarne, un político conservador de 40 años en 1981 y miembro de la Cámara de los Lores por título hereditario. Esa noche no intervenía como un lord más: hablaba como subsecretario parlamentario del Foreign Office, es decir, como la voz formal del gobierno en el debate sobre Malvinas.
Trefgarne comenzó con una fórmula de contención. Dijo que la cuestión despertaba “emociones profundas”, y que era lógico que ocurriera. Agregó que los isleños, al leer el registro de aquella noche, se sentirían reconfortados por el apoyo expresado en la Cámara. Para el Gobierno, afirmó, lo esencial era que sus intereses fueran protegidos y sus deseos respetados.
El ministro no dejó dudas sobre la doctrina formal de Londres. El Gobierno, dijo, no tenía “ninguna duda” acerca de la soberanía británica y todos los gobiernos del Reino Unido habían rechazado la pretensión argentina “de manera absoluta y sin reservas”.
Sin embargo, esa afirmación no cancelaba la negociación. Trefgarne admitió que la disputa no podía quedar indefinidamente sin resolver y que la Argentina no aceptaba hablar de cooperación económica, comunicaciones o desarrollo regional si la soberanía quedaba afuera. La contradicción de aquella noche volvía a quedar expuesta: Londres afirmaba que no dudaba de su soberanía, pero reconocía que debía discutir precisamente aquello que decía no poner en duda.
Trefgarne repasó entonces el camino diplomático de los meses anteriores. Recordó conversaciones con la Argentina en Nueva York, la visita de Nicholas Ridley a las islas en noviembre de 1980 y un nuevo encuentro bilateral en febrero de 1981. Señaló que los representantes isleños habían formado parte de las delegaciones británicas y que Londres había intentado avanzar en cooperación sin resolver de inmediato la soberanía.
Ese intento había fracasado. La Argentina no aceptaba separar los intereses económicos, las comunicaciones y el desarrollo regional de la cuestión territorial. Para el Gobierno británico, la consecuencia era incómoda pero clara: si quería reabrir las conversaciones, debía admitir que la soberanía estaría sobre la mesa.
“Nuestra posición actual es que seguimos creyendo que debe buscarse una solución negociada a la disputa y que deben celebrarse nuevas conversaciones”, dijo el hombre del oficialismo. Pero añadió la frase que le daba sentido a toda la discusión: esas conversaciones “tendrán que abarcar la cuestión de la soberanía”.
Con eso, el funcionario confirmaba algo muy preciso: el Gobierno de Thatcher todavía consideraba que la negociación era necesaria y aceptaba que no habría negociación real con la Argentina si el tema de la soberanía quedaba excluido.
Y fue entonces cuando Trefgarne puso nombre propio a la alternativa que había atravesado toda la noche, pero que hasta ese momento había aparecido como una hipótesis defendida por Buxton y discutida en los márgenes de la política británica: el leaseback.
Dijo que una de las ideas consideradas (y ya conversada con los isleños en noviembre anterior) consistía en otorgar a la Argentina “el título de soberanía”, acompañado por el “arrendamiento simultáneo” al Gobierno británico de todos los territorios y zonas marítimas involucrados durante “un período sustancial”. No habló de una fórmula cerrada ni de un acuerdo a punto de firmarse. Habló de una posibilidad concreta dentro de una negociación todavía abierta.
“Una de las ideas que, como saben sus señorías, fue discutida con los isleños el pasado noviembre es la del leaseback: la concesión a la Argentina del título de soberanía, junto con el arrendamiento simultáneo al Gobierno de Su Majestad de todos los territorios y zonas marítimas por un período sustancial”, explicó Trefgarne.
La frase era importante por lo que decía y por lo que evitaba prometer. El Gobierno de Thatcher no anunciaba la entrega de las islas; tampoco descartaba que el reconocimiento nominal de la soberanía argentina pudiera formar parte de una salida. Separaba, como había explicado Buxton, el título jurídico del control cotidiano: Buenos Aires obtendría una victoria formal; Londres conservaría por décadas la administración efectiva.
Pero el ministro incorporó enseguida una condición. Antes de proponer cualquier fórmula, afirmó, el Gobierno necesitaba el acuerdo de los isleños para negociar y un nuevo mandato de ellos. Londres esperaba todavía una definición de la comunidad local. No había plazos fijados: se aproximaban las elecciones para el Consejo Legislativo de las islas y, según Trefgarne, no era posible tomar antes decisiones que podían afectar de manera fundamental la vida de sus habitantes.
Hasta ahí, Trefgarne respondía al corazón político del debate. Después comenzó a recorrer, uno por uno, los asuntos que los lores habían dejado planteados: el proyecto de ley de nacionalidad, la asistencia económica, las recomendaciones del informe Shackleton, la exploración petrolera y, finalmente, la retirada del Endurance.
El hombre de Thatcher se refirió a una inquietud de Buxton por el proyecto de Ley de Nacionalidad que se discutía entonces en el Parlamento. Dijo que los habitantes de Malvinas pasarían a ser ciudadanos de los territorios dependientes británicos y que quienes tuvieran derecho de residencia en el Reino Unido serían, además, ciudadanos británicos. Procuraba asegurar que el vínculo entre las islas y Londres, así como las obligaciones del Gobierno hacia sus habitantes, no se verían alterados por esa norma.
Antes de llegar al Endurance, Trefgarne se detuvo en el petróleo, otro de los fantasmas —o promesas— de aquella noche. Dijo que alrededor de las islas se habían realizado dos estudios sísmicos, pero que no alcanzaban para demostrar la existencia o la ausencia de hidrocarburos. El Gobierno recibiría solicitudes de compañías interesadas en explorar, afirmó, aunque reconoció que mientras persistiera la disputa política con la Argentina cualquier programa de exploración tendría un límite inevitable.
Shackleton interrumpió para preguntar si había noticias de descubrimientos concretos, ante los rumores que circulaban sobre hallazgos más al oeste, frente a Río Gallegos. El ministro fue terminante: no había descubrimientos confirmados en el área; sólo estudios sísmicos.
Finalmente, Trefgarne llegó a la pregunta que había atravesado el debate. Respondió a Buxton, Shackleton y Mottistone en una misma frase: confirmó que el HMS Endurance sería dado de baja en 1982, cuando regresara al Reino Unido después de su siguiente despliegue en el Atlántico Sur y la Antártida.
“No hay planes para reemplazarlo”, dijo el ministro.
Trefgarne agregó que la guarnición de Royal Marines en Malvinas conservaría su dotación y que otros barcos británicos serían enviados a la región “de tanto en tanto”. Pero la respuesta no alteraba el núcleo de la decisión: el buque naval apto para operar entre los hielos y sostener una presencia regular en el extremo sur sería retirado sin un reemplazo previsto.
La noche del 30 de junio de 1981 no dejó un acuerdo, ni una salida para Malvinas. Dejó algo más incómodo: la prueba de que la cuestión seguía abierta, que Londres discutía fórmulas para negociar con la Argentina y que incluso el leaseback no había sido descartado del todo. También dejó expuesto un repliegue británico: mientras la diplomacia admitía que la soberanía debía discutirse, el Gobierno de Thatcher confirmaba que retiraría al HMS Endurance sin reemplazarlo.
Nueve meses después, la dictadura argentina tomó una decisión distinta. En lugar de continuar una disputa diplomática larga, desigual y todavía sin resolver, ordenó el desembarco del 2 de abril de 1982. La recuperación de Malvinas, una causa histórica de todos los argentinos, quedó así asociada a una invasión decidida por un gobierno de facto que buscaba legitimidad en medio de su propia crisis y que no consultó a la sociedad ni a quienes terminarían combatiendo.
La guerra que siguió dejó 649 argentinos muertos, cientos de heridos y un daño que atravesó generaciones y lo continúa haciendo al día de hoy.
