Malvinas en el discurso y un buque británico en Ushuaia: la polémica que incomoda al Gobierno de Milei
El Gobierno de Javier Milei justificó el amarre del buque petrolero británico VS Promise en Ushuaia y cuestionó la aplicación de la Ley Gaucho Rivero. El Gobierno nacional defendió el ingreso del VS Promise al puerto de Ushuaia y eligió una interpretación restrictiva de la normativa fueguina para ju
El Gobierno de Javier Milei justificó el amarre del buque petrolero británico VS Promise en Ushuaia y cuestionó la aplicación de la Ley Gaucho Rivero.
El Gobierno nacional defendió el ingreso del VS Promise al puerto de Ushuaia y eligió una interpretación restrictiva de la normativa fueguina para justificarlo. El buque, de bandera británica, había realizado tareas vinculadas con la carga de petróleo en el norte de Tierra del Fuego antes de dirigirse hacia la capital provincial.
La explicación oficial parte de un dato concreto. Para la Casa Rosada, la Ley Gaucho Rivero no impide el ingreso de cualquier embarcación vinculada con el Reino Unido. Adrián Ravier sostuvo este martes que la norma alcanza a los buques asociados a Inglaterra cuando trabajan desde la cuenca Malvinas, una situación que, según la versión nacional, no se corresponde con la actividad desarrollada por el VS Promise.
“El accionar del buque no viola ninguna ley”, afirmó Ravier durante una conferencia de prensa en Casa Rosada.
El funcionario agregó que el barco no llegó desde las Islas Malvinas, sino que venía de operar en territorio argentino y, particularmente, de la propia provincia de Tierra del Fuego. También señaló que la monoboya desde la que se realizó la operación pertenece a jurisdicción provincial. Con ese argumento, Nación sostiene que el Gobierno fueguino había dado su aval antes del ingreso de la embarcación al puerto.
La provincia tiene otra posición. Para la administración de Gustavo Melella, la discusión no puede reducirse a determinar de dónde venía el buque o qué tarea puntual realizó. La Ley Gaucho Rivero establece restricciones para embarcaciones de bandera británica en territorio fueguino y, desde esa perspectiva, el amarre de un petrolero británico en Ushuaia resulta incompatible con el sentido de esa normativa.
La contradicción que queda planteada con la intervención del puerto
La discusión tiene una particularidad que excede al VS Promise. El puerto en el que amarró el buque fue intervenido por el Gobierno nacional a comienzos de año.
La medida fue ejecutada mediante la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN). Entre los argumentos utilizados por Nación para avanzar sobre la administración de la terminal estuvo su importancia estratégica para los intereses argentinos en el Atlántico Sur.
Si el puerto constituye una infraestructura estratégica por su ubicación y por su relación con el Atlántico Sur, la presencia de un buque de bandera británica plantea un problema político que no se resuelve solamente determinando si existió o no una infracción administrativa. La propia intervención nacional fue presentada como una herramienta para resguardar intereses considerados estratégicos por el Estado argentino.
Ahora, ante los cuestionamientos de Tierra del Fuego, la Casa Rosada sostiene que la bandera británica del buque no alcanza para convertir su operación en un asunto de soberanía.
La explicación oficial separa al buque de la cuestión Malvinas
La defensa de Nación se construye sobre esa distinción. El Gobierno de Milei sostiene que el VS Promise no llegó desde las Islas Malvinas y que tampoco desarrolló tareas relacionadas con la explotación de recursos en el archipiélago. Según la explicación oficial, sus actividades se desarrollaron en territorio argentino y estuvieron vinculadas con la carga de petróleo en la zona norte de Tierra del Fuego.
De esta manera, la Casa Rosada plantea que la bandera de la embarcación y la cuestión de soberanía sobre Malvinas son asuntos diferentes.
Es una definición que deja en segundo plano el carácter político que tiene para Tierra del Fuego la circulación y permanencia de embarcaciones británicas en su territorio. La provincia sostiene desde hace años una política específica respecto de los buques vinculados con el Reino Unido y cuenta con la Ley Gaucho Rivero como uno de sus principales instrumentos.
Una disputa que también se juega en la Justicia
La pelea entre Nación y Tierra del Fuego por el puerto tiene un capítulo judicial todavía abierto. El Gobierno de Melella cuestiona la intervención de la terminal dispuesta por Nación y reclama recuperar su administración. La llegada del VS Promise se produce dentro de ese escenario. Una administración nacional que tomó el control del puerto alegando razones estratégicas y un gobierno provincial que sostiene que esa intervención afecta sus facultades sobre una infraestructura central para la provincia.
La discusión por el buque británico agrega un elemento particularmente sensible a ese conflicto. Tierra del Fuego no solo cuestiona quién administra el puerto, sino también qué decisiones se toman bajo esa administración y con qué criterio se habilita el ingreso de embarcaciones vinculadas con el Reino Unido.
El Gobierno nacional, en cambio, defiende la legalidad de la operación y responsabiliza parcialmente a la propia provincia por haber intervenido previamente en la autorización vinculada con la monoboya.
Así, mientras Nación utiliza el argumento de la legalidad de la operación, Tierra del Fuego pone el acento en la aplicación de su legislación y en el significado político de permitir el amarre de un buque británico en Ushuaia.
