El Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED) activó por primera vez en su historia el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y elevó el caso de México a la Asamblea General de la ONU.
La decisión, adoptada el 19 de marzo de 2026 y transmitida a todos los Estados miembros el 12 de mayo por el secretario general António Guterres, concluye que existen indicios fundados de que las desapariciones forzadas se han cometido y se siguen cometiendo en México como crímenes de lesa humanidad, ante una crisis que acumula más de 135 mil personas desaparecidas y 72 mil restos humanos sin identificar, de acuerdo con un artículo de Michael W. Chamberlin en Aristegui Noticias.
Apenas diez días después de esa transmisión, el 22 de mayo, México y la Unión Europea (UE) firmaron en la Ciudad de México el Acuerdo Global Modernizado y el Acuerdo Comercial Interino. El momento abrió una pregunta que la sociedad civil mexicana lleva meses planteando ante las embajadas europeas: si Bruselas honrará sus compromisos con el multilateralismo o guardará silencio ante la crisis humanitaria que el propio sistema de tratados de la ONU ya no puede ignorar.
El artículo 34 de la ONU nunca había sido invocado hasta el caso mexicano
El artículo 34 de la Convención es un mecanismo de última instancia. Permite al Comité llevar un caso con carácter urgente ante la Asamblea General cuando existen indicios de que la desaparición forzada se practica de manera generalizada o sistemática en un país.
El CED concluyó que en México las desapariciones responden a tres fuentes: particulares o grupos criminales, autoridades estatales, y grupos criminales con apoyo o tolerancia del Estado. El organismo documentó además una tasa de impunidad del 99% en esos casos y señaló que las fiscalías carecen de autonomía efectiva para investigar la posible colusión de servidores públicos con los perpetradores.
El promedio diario de desapariciones pasó de 25 a más de 40 personas en los últimos dos años, de acuerdo con un estudio del medio A Dónde Van Los Desaparecidos basado en el registro oficial del Estado. Esa aceleración llevó al CED a solicitar a la Asamblea General que aporte cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada en búsqueda, análisis forense e investigación.
El caso está enlistado bajo el punto 71 de la agenda de la Asamblea General —“Promoción y Protección de los Derechos Humanos”— y se prevé que la Tercera Comisión lo analice entre octubre y noviembre de 2026. Es la primera vez que ese mecanismo llega tan lejos en la historia de la Convención, según el artículo de Aristegui Noticias.
Ursula von der Leyen prometió defender los derechos humanos diez días antes de que el caso llegara a la ONU
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró el 22 de mayo en la Ciudad de México: “Juntos construiremos un futuro mejor para nuestros ciudadanos y para el planeta, encontrando puntos comunes para defender las instituciones internacionales, impulsar un crecimiento limpio y promover los derechos humanos y la igualdad de género”. El boletín oficial de la UE señaló que los dirigentes se comprometieron a colaborar en la reforma de las instituciones de gobernanza mundial.
El Parlamento Europeo aprobó el 8 de julio la resolución que acompaña al Acuerdo Global Modernizado, con 388 votos a favor, 161 en contra y 120 abstenciones. El documento proyecta que las exportaciones totales de bienes y servicios de la UE hacia México podrían aumentar un 75% y que las empresas europeas podrían ahorrar hasta 100 millones de euros al año en aranceles.
Esa misma resolución subraya que “en un contexto geopolítico cada vez más fragmentado, los eurodiputados consideran que la asociación estratégica entre la UE y México es fundamental para defender el orden internacional basado en normas y promover el multilateralismo”. El defensor de derechos humanos Michael W. Chamberlin, autor del análisis publicado en Aristegui Noticias el 29 de agosto, señala que eso es precisamente lo que está en juego en la próxima sesión de la Asamblea General.
El caso Ternium expone a qué contexto llegan las inversiones europeas en México
Chamberlin advierte ante Aristegui Noticias que las empresas europeas que inviertan en México pueden verse involucradas en contextos dominados por el crimen organizado. El caso más documentado es el de la acerera Ternium, con sede central en Luxemburgo, que opera la mina Las Encinas en Michoacán, una de las más grandes del país.
En enero de 2023, el defensor de derechos humanos Ricardo Arturo Lagunes Gasca y el líder indígena Antonio Díaz Valencia desaparecieron cuando representaban a comunidades indígenas en disputa con esa mina. Su automóvil apareció abandonado y con impactos de bala en los límites de Michoacán y Colima, zona bajo control del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Global Rights Advocacy y las familias de los desaparecidos presentaron una queja ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en Luxemburgo contra Ternium por falta de conducta empresarial responsable. La abogada Alejandra Gonza, representante de las familias, declaró a Aristegui Noticias: “Ternium es una empresa poderosa en México y en la región. Tiene influencia política y económica. Cuenta con su propio sistema de seguridad y vigilancia. Queremos usarlo para obtener información y responder a una pregunta sencilla: ¿dónde están?”
La compañía acumuló una facturación de USD 17.600 millones en 2023. Las familias la acusan de ignorar sus solicitudes de reunión y de negarse a asumir responsabilidades en el esclarecimiento de los hechos.
La región de Aquila, donde opera la mina, está bajo el control del mismo cártel. Chamberlin plantea en el análisis publicado por el medio una pregunta directa: “¿Valdrá la pena incidir desde la amistad y el derecho internacional para cambiar ese contexto?”
El Acuerdo Global Modernizado incluye, según el Parlamento Europeo, un compromiso vinculante con los principios democráticos y el Estado de derecho, y establece acciones conjuntas contra la corrupción, el blanqueo de capitales y la delincuencia organizada. Chamberlin sostiene en Aristegui Noticias que la cooperación de la UE debe ir más allá de la gestión del problema e incorporar mecanismos de evaluación de impacto que hasta ahora han estado ausentes.
La sociedad civil mexicana envió una carta a las delegaciones de los países miembros ante la ONU en Nueva York y a la Cancillería mexicana. La propuesta pide que la Asamblea General acuerde la conformación de una comisión independiente que consulte a Estados miembros, al CED y a los colectivos de familiares de víctimas para definir el procedimiento de aplicación del artículo 34.
El gobierno mexicano ha rechazado que en el país exista una política estatal de desaparición forzada. Chamberlin señala ante el medio que los funcionarios mexicanos buscan que el tema se omita en la Asamblea General.
La pregunta que el analista deja abierta en Aristegui Noticias apunta directamente a Bruselas: si los países de la UE serán cómplices de ese silencio o si honrarán el “compromiso compartido con el multilateralismo y las instituciones mundiales” que firmaron en la Ciudad de México hace apenas tres meses. La respuesta llegará entre octubre y noviembre de 2026, cuando la Tercera Comisión de la Asamblea General abra el debate.
