El presidente Nasry Asfura respondió a los reclamos de médicos por pagos pendientes en el sistema público de Salud. (FOTO: Hondudiario)

El presidente Nasry Asfura endureció este martes su respuesta frente a los reclamos del personal médico y defendió la velocidad con la que su Gobierno intenta resolver problemas acumulados en el sistema sanitario hondureño.

Me están juzgando como que si tengo una varita mágica en la mano”, reclamó el mandatario al ser consultado sobre las críticas de médicos que mantienen acciones de presión por pagos pendientes.

Asfura sostuvo que los problemas de la Secretaría de Salud “vienen de hace décadas” y rechazó que pueda exigirse a una administración de pocos meses resolverlos de manera inmediata.

Pero al mismo tiempo lanzó un cuestionamiento directo a las asambleas informativas.

“Si los médicos están en asambleas informativas y no ven pacientes, ¿cómo recuperamos ese tiempo y esa salud? La salud no es retroactiva”, manifestó.

El paciente queda en medio del conflicto

La frase resume el principal argumento del Ejecutivo: aunque los trabajadores tengan reclamos pendientes, suspender consultas afecta a pacientes que no pueden recuperar posteriormente una cita, procedimiento o tratamiento perdido.

Asfura insistió en que no considera enemigos a los médicos y pidió trabajar conjuntamente para cumplir los acuerdos laborales.

Según el mandatario, alrededor de 30.000 trabajadores se encuentran contemplados dentro de compromisos pendientes del sector.

El conflicto plantea, sin embargo, una tensión difícil de resolver: el Gobierno exige continuidad en la atención mientras el gremio reclama que también se respeten obligaciones laborales acumuladas.

Asfura cuestionó las asambleas informativas y pidió mantener la atención a los pacientes. (FOTO: Hondudiario)

Asfura asumió directamente el control de Salud

El mandatario, quien también asumió funciones al frente de la Secretaría de Salud, aseguró que está interviniendo directamente en la administración para mejorar abastecimiento y funcionamiento hospitalario.

Sostuvo que los medicamentos adquiridos ya están llegando a los establecimientos y que los materiales quirúrgicos tendrán entregas durante esta semana y la próxima.

También mencionó caravanas médicas hacia comunidades y la apertura de 46 nuevas plazas para especialistas.

Su argumento es que los resultados deben medirse a lo largo de toda la administración.

“Todavía tengo más de 40 meses”, recordó al defender el tiempo disponible para demostrar avances.

Más de L420 millones ya pagados, pero quedan obligaciones superiores a L1.000 millones

Asfura también presentó cifras para responder a los cuestionamientos.

Según explicó, más de 380 jubilados y exempleados ya recibieron pagos superiores a L420 millones, aproximadamente US$15,64 millones.

Sin embargo, todavía existen alrededor de 800 personas pendientes, con obligaciones que superarían los L1.000 millones, unos US$37,25 millones.

El mandatario indicó además que más del 73% de los pagos correspondientes al 31 de julio ya había sido cancelado hasta la mañana de este martes, incluyendo ajustes vinculados con inflación y antigüedad.

Las cifras muestran tanto el avance que intenta destacar el Gobierno como la magnitud de los compromisos todavía pendientes.

Todavía existen alrededor de 800 personas con obligaciones pendientes superiores a L1.000 millones (US$37,25 millones). (FOTO: Hondudiario)

El argumento de que los problemas vienen de administraciones anteriores es frecuente cuando un Gobierno enfrenta sistemas deteriorados.

Pero asumir una institución también significa asumir sus obligaciones pendientes.

Ahí está precisamente el desafío político para Asfura: puede señalar que no creó todos los problemas del sistema, pero sí tiene ahora la responsabilidad de administrarlos y resolverlos.

El presidente pide tiempo, los médicos piden pagos y los pacientes necesitan atención ahora.

Por eso, más allá de quién tenga razón en la disputa pública, el verdadero indicador será otro: si hospitales y centros de salud pueden seguir funcionando mientras Gobierno y trabajadores terminan de resolver una deuda acumulada durante años.