Las tres mesas de negociación abiertas durante la administración del expresidente Gustavo Petro quedaron oficialmente desmanteladas tras la expedición de nueve resoluciones el 28 de agosto de 2026.
El Gobierno de Abelardo de la Espriella no solo puso fin a los diálogos; además, revocó el reconocimiento a los representantes de los grupos armados y retiró a los funcionarios oficiales de las delegaciones. En el caso de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn) ordenó la reactivación de las órdenes de captura contra sus líderes, según la resolución ejecutiva 348 del 28 de agosto de 2026.
Las medidas afectan directamente los canales de interlocución con las estructuras de “Calarcá”, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb) y las Acsn, conocidas como Los Pachenca. Las resoluciones suprimen el marco jurídico que permitía su interlocución con el Estado y suprimen cualquier legitimidad formal de sus delegados.
El 28 de agosto, la administración del también abogado y empresario materializó un cambio de rumbo respecto a la política de Paz Total. Las resoluciones emitidas formalizan el desmonte de los espacios de diálogo y marcan el cierre definitivo de los intentos de negociación con estos grupos armados.
El Gobierno fundamentó el cierre de la mesa con las estructuras bajo el mando de Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, en la “ausencia de voluntad de paz”. La Resolución 343 de 2026 concluyó el proceso que había iniciado en octubre de 2023 y que, tras divisiones internas, continuaba con los bloques Magdalena Medio, Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes. ∫
La decisión implica la anulación del acto administrativo que permitía la existencia de la mesa. Entre los motivos, el Ejecutivo señaló incumplimientos durante el quinto ciclo de conversaciones y la imposibilidad de certificar una intención genuina de reincorporación a la vida civil.
En paralelo, la Resolución 342 de 2026 revocó la designación de varios representantes de la organización, como Adolfo Ballesteros Fernández, Óscar Ojeda, Robinson de Jesús González y Diana Carolina Rey Rodríguez, entre otros. Todos ellos pierden el reconocimiento formal que los habilitaba para negociar con el Estado.
Cierre de la mesa con la CNEB y retiro de delegados oficiales
La Mesa de Diálogos de Paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano también fue cerrada por “pérdida de voluntad de paz”. La Resolución 346 de 2026 ordenó el levantamiento de las conversaciones, revocando el reconocimiento a los miembros de la Cneb, incluidos nombres como José Vicente Lesmes y Geovanny Andrés Rojas, alias Araña.
Al mismo tiempo, el Gobierno revocó la designación de Armando Novoa García como jefe negociador y retiró a su comitiva, entre quienes estaban Parmenio Cuéllar y María Camila Moreno. Se desmantela así la estructura de representación oficial para ese proceso.
La Cneb surgió tras la fragmentación de la Segunda Marquetalia y agrupó a exintegrantes de otras estructuras armadas. El Ejecutivo argumentó que ya no existían elementos para acreditar una intención de reintegración a la vida civil por parte de esta organización.
Terminación del espacio con las Acsn y consecuencias judiciales
El espacio sociojurídico creado para las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada también fue cancelado. El Gobierno consideró que la organización no demostró voluntad real de paz ni disposición al sometimiento judicial. Nueve integrantes de las Acsn, entre ellos Daniel Bravo Arias y Orlando Pérez Ortega, perdieron su estatus de representantes.
La decisión incluyó la solicitud de reactivar las órdenes de captura contra los líderes de este grupo. Además, se revocó la designación de Óscar Mauricio Silva Osorio como coordinador gubernamental en este espacio, dejando sin interlocución oficial a la Acsn.
En el marco de estas resoluciones, dos nombres resaltan: Geovanny Andrés Rojas, alias Araña, deja de ser representante de la Cneb, mientras que Willinton Henao Gutiérrez, alias Mocho Olmedo, queda fuera de la mesa con las estructuras de “Calarcá”. Ambos aparecen, además, en recientes procedimientos relacionados con solicitudes de extradición hacia Estados Unidos.
Las resoluciones expedidas por el Gobierno el 28 de agosto no solo cierran las negociaciones heredadas de la administración anterior, sino que desmontan el andamiaje administrativo y jurídico que permitía la participación de estos grupos armados en procesos de diálogo con el Estado colombiano.
