La Comisión de Miami-Dade aprobó en primera votación un presupuesto de USD 14.300 millones para 2027 que recorta servicios de transporte y anticipa una mayor presión fiscal en los próximos años.
Miami Herald informó que el condado calcula una posible pérdida de cerca de USD 700 millones anuales en impuestos a la propiedad si prospera la Enmienda 3 en Florida.
La propuesta de la alcaldesa Daniella Levine Cava avanzó casi sin cambios después de una audiencia pública y un debate que se extendieron durante nueve horas. La votación definitiva quedó fijada para el 17 de septiembre, tras una segunda audiencia pública.
El plan elimina 12 rutas de autobús, suprime los recorridos previos a las 6:00 y reduce el servicio posterior a las 22:00 en cerca de tres docenas de líneas. Las rutas que desaparecerían este otoño permitirían ahorrar alrededor de USD 9 millones, aunque usuarios y defensores del sistema cuestionaron el impacto sobre quienes dependen de esos trayectos para trabajar.
Los reclamos por los recortes en el transporte
La discusión sobre los autobuses fue uno de los puntos más sensibles de la jornada. De acuerdo con la cobertura de Miami Herald, Tala Habash, organizadora de Transit Alliance Miami, pidió durante la audiencia que los comisionados restituyeran cerca de USD 1 millón para preservar los recorridos de madrugada.
“¿Qué espera el condado que hagan estos pasajeros?”, preguntó Habash. La organizadora contó que habló con usuarios del transporte que desconocían los cambios previstos antes de que fueran anunciados.
“Hablé con una mujer exhausta que volvía a casa después de su turno de noche en Burger King”, dijo. “Deberías haber visto su cara cuando escuchó la noticia a las 5:30 de la mañana”.
Nicholas Ostermann, guardia de seguridad, sostuvo ante los comisionados que la eliminación de su línea podría costarle el empleo porque es su única alternativa asequible para llegar al trabajo a las 6:00. “No es una comodidad”, afirmó sobre su ruta de autobús. “Es mi sustento”.
Marleine Bastien, cuyo distrito incluye sectores del norte de Miami con algunos de los mayores niveles de pobreza del condado, rechazó que la falta de recursos justifique el cierre de recorridos. “Necesitamos encontrar la manera de mantener estas rutas abiertas y a nuestros trabajadores en movimiento”, dijo durante el debate.
Las alternativas para financiar las rutas
Aunque propuso los recortes, Levine Cava volvió a defender un aumento de 50 centavos en la tarifa del transporte público, una medida que intentó impulsar el año pasado y que quedó fuera del presupuesto para 2027.
El viernes, poco después de las 12:30, la alcaldesa planteó el tema ante la comisión. “Amigos, necesitamos aumentar la tarifa del transporte público. Esa es la cuestión fundamental”, dijo a los comisionados.
En un memorando enviado esta semana, Daniella Levine Cava detalló opciones para recuperar fondos destinados al servicio de autobuses: eliminar MetroConnect, elevar el impuesto local a la gasolina de tres a cinco centavos por galón y subir la tarifa de USD 2,25 a USD 2,75. Según la propuesta, esas medidas aportarían unos USD 26 millones anuales.
MetroConnect recibe un subsidio de USD 5,5 millones y ofrece viajes en autos privados por USD 3,75 en zonas con una cobertura limitada de autobuses.
La comisionada Raquel Regalado pidió retirar la mayor parte de esos fondos. “Es muy popular en mi distrito”, dijo sobre el programa. “Pero cuesta 5 millones de dólares”. La mayoría rechazó su pedido para que la alcaldesa estudiara ese recorte.
Déficits previstos y reservas reducidas
El presupuesto mantiene equilibradas las cuentas solo para 2027. El diario estadounidense señaló que Miami-Dade proyecta déficits desde 2028 si no aplica recortes de servicios o aumentos de impuestos, mientras los costos salariales y de servicios superan el crecimiento de los ingresos y se desacelera el mercado inmobiliario.
La Enmienda 3 agravaría ese escenario. El condado calcula que, una vez implementada por completo en 2029, la iniciativa restaría unos USD 700 millones en ingresos por impuestos a la propiedad, cerca del 20% de los casi USD 3.300 millones incluidos en el presupuesto actual por ese concepto.
Para cubrir gastos inmediatos, Miami-Dade utilizará este año una reserva de USD 89 millones apartada para futuros proyectos ferroviarios. De acuerdo con el presupuesto, esos recursos quedarán prácticamente agotados en 2028.
El director de presupuesto, Ray Baker, advirtió ante los comisionados que el fondo de emergencia se encuentra por debajo del nivel recomendado. El condado debería contar con unos USD 500 millones en reservas, pero dispone de menos de USD 90 millones para afrontar una calamidad como un huracán. “Estamos muy por debajo de donde deberíamos estar”, dijo.
Seguridad y tarifas de agua
El gasto total del presupuesto aumenta 8%, impulsado por ingresos del Aeropuerto Internacional de Miami, PortMiami, las tarifas de basura y agua y otros fondos no tributarios. La parte financiada con impuestos sube 4%, mientras los costos de nómina avanzan 5% por salarios y atención médica.
La votación más ajustada de la madrugada habilitó un aumento del 6% en las tarifas de agua para propietarios de viviendas de todo el condado. La medida fue aprobada por siete votos contra seis, con Roberto González, Vicki López, Natalia Milian Orbis, René García, Regalado y el presidente de la comisión, Anthony Rodriguez, en contra.
La sheriff de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, solicitó un aumento del 12% en los impuestos a la propiedad que financian a su agencia independiente.
Levine Cava recomendó una suba del 6%, y los comisionados respaldaron por ahora ese nivel. Cordero-Stutz defendió el pedido al asegurar que los recursos “se traducen en agentes en las calles y en la atención de las llamadas al 911”. Rodriguez resumió la tensión: “La seguridad pública debe ser lo primero, pero debemos ser fiscalmente responsables”.
Ambiente, vivienda y recolección de residuos
Más de 150 personas se inscribieron para la audiencia pública, que comenzó a las 17:00 del jueves y terminó a las 2:11 del viernes. La participación ciudadana duró casi cuatro horas; luego, los comisionados debatieron durante otras cinco los ocho proyectos de ley necesarios para aprobar el plan fiscal que comienza el 1 de octubre.
Defensores del programa de Tierras Ambientalmente Amenazadas reclamaron al menos USD 20 millones para comprar y mantener humedales, bosques tropicales y otras áreas sensibles.
La propuesta de la alcaldesa asigna solo una fracción de esa cifra. Samantha Barquin defendió la iniciativa ante la comisión: “EEL ha obrado milagros, protegiendo algunos de nuestros lugares más singulares”.
El presupuesto mantiene en USD 2 millones la financiación para abogados que representan a residentes de bajos ingresos amenazados por desalojos.
Briyana Joseph, residente de Liberty City, pidió que la partida no se reduzca y recordó que su familia se mudó a una habitación de motel después de perder su vivienda de alquiler: “Sentí vergüenza, una emoción que una niña de ocho años nunca debería sentir”.
El ajuste en la recolección de basura
Después de que los comisionados rechazaran en mayo un aumento de USD 14 en la tarifa anual de recolección de basura, que actualmente es de USD 702, el condado eliminará cuatro de los ocho equipos que recogen residuos voluminosos abandonados en la vía pública. La medida no afectará la recolección regular ni el reciclaje.
Roberto González pidió recortar gastos en los altos cargos de la administración y destinar esos recursos a la Oficina del Sheriff, para cubrir la brecha de USD 52 millones entre las propuestas de Levine Cava y Cordero-Stutz.
También advirtió que la presión para reducir los impuestos a la propiedad seguirá incluso si la Enmienda 3 no alcanza el 60% de los votos requeridos en noviembre: “Se avecinan alivios fiscales para los residentes. Parece que aún no estamos preparados”.
