El Ministerio Público de Guatemala activó una alerta general por amenazas contra fiscales que investigan estructuras vinculadas al narcotráfico, la extorsión y el tráfico de armas, mientras coordina con el Ministerio de Gobernación medidas de protección para evitar que las intimidaciones alteren el curso de las pesquisas.
Antes de que se conociera públicamente la denuncia, las autoridades habían ejecutado 11 allanamientos y varias órdenes de captura en diligencias relacionadas con narcomenudeo y extorsión. De acuerdo con la Policía Nacional Civil, en esos operativos fueron detenidas cuatro personas señaladas por extorsión, asociaciones delictivas y conspiración para cometer delitos vinculados con comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, entre ellas una empleada del Ministerio Público.
El fiscal general y jefe del MP Gabriel García Luna explicó, citado por Diario La Hora, que la institución cuenta con un esquema de seguridad para los fiscales que enfrentan riesgos en expedientes sensibles. También dijo que se realizan estudios de análisis de riesgo y que los funcionarios pueden comunicarse directamente para pedir resguardo cuando consideren comprometida su seguridad.
La medida responde a amenazas detectadas contra fiscales que llevan casos de alto impacto. Según explicó el jefe del Ministerio Público, además de la protección inmediata, hay investigaciones internas en marcha para establecer quiénes están detrás de las intimidaciones y cuál es su origen.
El resguardo se articula con Gobernación y la Policía Nacional Civil
García Luna sostuvo que el Ministerio Público necesita trabajar de manera coordinada con el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil en función de las competencias que establece el Código Procesal Penal. Esa coordinación se concentra en la seguridad de fiscales y operadores que participan en investigaciones penales.
El punto central de esa respuesta institucional es que los fiscales amenazados pueden solicitar medidas de protección y, a partir de esa petición, el MP define el nivel de riesgo y las acciones necesarias. El funcionario afirmó al medio que “hay estudios de análisis de riesgo. (Los fiscales) tienen la libertad y se comunican directamente para solicitar seguridad al momento en el que sientan que están comprometidos”.
El Ministerio de Gobernación informó que mantendrá y, si es necesario, reforzará la protección para los funcionarios amenazados. La cartera indicó que, por medio de la PNC, sostiene coordinación permanente con el Ministerio Público para resguardar a fiscales y operadores de justicia expuestos por su trabajo.
Según el ministerio, “la independencia del ejercicio fiscal es indispensable” para el Estado de Derecho. Añadió que ningún intento de intimidación debe servir para condicionar investigaciones dirigidas contra el crimen organizado.
Las amenazas surgieron en medio de pesquisas sobre el cartel de los Caradura
La denuncia pública del MP sobre estas amenazas se conoció el viernes 14 de agosto. El ente investigador indicó entonces que los fiscales afectados participan en expedientes relacionados con narcotráfico, extorsión y tráfico de armas, aunque evitó divulgar más detalles porque el hecho ya era objeto de investigación penal.
Un día antes, autoridades habían realizado diligencias bajo coordinación entre el MP y la PNC en casos vinculados al cartel de los Caradura. Esas acciones fueron presentadas como una primera fase de operativos orientados a desarticular a esa estructura, señalada de dedicarse al narcomenudeo en la ciudad de Guatemala.
Entre las personas capturadas figura Gladys Eugenia Pelén Chacchic, de 39 años, trabajadora como técnica en la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del MP. Según información difundida de forma extraoficial, está vinculada con almacenamiento, venta y distribución de droga en el barrio El Gallito, en la zona 3 capitalina.
Un juzgado guatemalteco la dejó ligada a proceso. El Ministerio Público ha sostenido que las diligencias seguirán pese a las amenazas y advirtió que “ninguna amenaza altera el curso de una investigación” y que “las diligencias en trámite continúan conforme a los criterios de objetividad, ética y estrategia establecidos en la Política de Persecución Penal, y alcanzan por igual a quienes ejecutan, planifican, ordenan, financian o encubren”.
El Ministerio de Gobernación amplió su mensaje más allá de los fiscales y mencionó también a periodistas y otros actores institucionales que investigan, denuncian o combaten actividades ilícitas. En ese pronunciamiento afirmó: “El Gobierno de Guatemala no cederá ante las presiones de estructuras criminales que busquen intimidar o debilitar a las instituciones del Estado”.
