El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones anunció la creación de un grupo de trabajo especializado para hacer seguimiento a las medidas destinadas a prevenir el reclutamiento de menores de edad a través de redes sociales.
La decisión fue planteada durante una reunión entre la ministra TIC, Alexandra Falla Zerrate, y representantes de la Asociación Latinoamericana de Internet (Alai), en la que se abordó el uso de plataformas digitales por parte de estructuras delincuenciales para acercarse a niños, niñas y adolescentes.
El anuncio se conoce pocos días después de que Human Rights Watch (HRW) advirtiera sobre el crecimiento del reclutamiento de menores por parte de grupos armados en Colombia y señalara que las redes sociales se han convertido en uno de los mecanismos utilizados para contactar a posibles víctimas.
Durante el encuentro con los representantes del ecosistema digital, la ministra Falla planteó la necesidad de fortalecer las medidas existentes y establecer acciones que permitan prevenir, identificar y retirar con mayor rapidez los contenidos relacionados con el reclutamiento. De acuerdo con el Ministerio TIC, el nuevo equipo tendrá como una de sus funciones verificar los avances de los compromisos adquiridos por las plataformas y otros actores.
Un seguimiento semanal
La principal medida anunciada es la conformación de un grupo especializado que realizará seguimiento permanente a las acciones desarrolladas por las plataformas digitales frente a este tipo de contenidos. El equipo se reunirá semanalmente para verificar los avances de los compromisos establecidos y revisar las medidas implementadas para evitar el reclutamiento de menores.
La propuesta contempla la participación de actores del ecosistema digital y busca establecer un mecanismo de seguimiento sobre las respuestas de las plataformas ante publicaciones que puedan ser utilizadas para captar o inducir a niños, niñas y adolescentes a vincularse con estructuras armadas o delincuenciales.
Durante la reunión también se discutió el papel de las herramientas tecnológicas en la identificación de este contenido. Uno de los puntos analizados fue el uso de inteligencia artificial para detectar y filtrar publicaciones asociadas con el reclutamiento.
El Ministerio TIC señaló que estas herramientas permiten identificar y retirar una parte importante de las publicaciones, pero planteó que los sistemas automatizados deben complementarse con procesos de revisión humana interdisciplinaria. La razón expuesta durante el encuentro es que algunos contenidos pueden superar los filtros tecnológicos y requieren una evaluación adicional para determinar su naturaleza.
En ese sentido, la ministra instó a los actores del ecosistema digital a crear equipos integrados por personas que conozcan las formas de comunicación utilizadas en Colombia, tanto visuales como verbales y escritas. La intención es que estos equipos puedan identificar este tipo de comunicaciones y actuar de manera inmediata.
Tecnología para evitar que los contenidos lleguen a las plataformas
Otro de los puntos planteados por Falla fue la necesidad de avanzar no solamente en el retiro de publicaciones después de su identificación, sino también en herramientas que permitan impedir su publicación.
La ministra manifestó su preocupación por la circulación de contenidos que pueden ser utilizados para captar o inducir a menores al reclutamiento y planteó el desarrollo de mecanismos tecnológicos, incluida la programación adecuada de algoritmos de detección, para identificar estas publicaciones y evitar que circulen de manera oportuna.
Raúl Echeberría, director ejecutivo de Alai, señaló durante la reunión que las plataformas actualmente logran retirar más del 90% de los contenidos identificados relacionados con esta problemática. Frente a este dato, Falla sostuvo que el desafío consiste en reducir todavía más el porcentaje de publicaciones que logran superar los mecanismos de detección.
El objetivo planteado por la ministra es llegar al 100% de neutralización de este tipo de contenidos, de acuerdo con la información entregada por la cartera. La discusión también incluyó la necesidad de una respuesta conjunta entre las autoridades, las empresas tecnológicas, los demás actores del ecosistema digital y las familias.
La preocupante alerta de Human Rights Watch
El anuncio del Ministerio TIC se produce después del informe de 124 páginas publicado el 24 de agosto por Human Rights Watch, que examinó las dinámicas del reclutamiento, los factores que aumentan el riesgo para los menores y las estrategias empleadas por los grupos armados para captarlos.
Para elaborar el informe, Human Rights Watch realizó 184 entrevistas con funcionarios gubernamentales, trabajadores humanitarios, líderes indígenas y comunitarios, defensores de familia y miembros de organizaciones de derechos humanos y de infancia. También realizó reuniones con niños y niñas víctimas de reclutamiento o que estuvieron en riesgo de ser reclutados.
La organización revisó además más de 70 cuentas y 40 publicaciones en plataformas como Facebook y TikTok que, según el informe, glorificaban la pertenencia a grupos armados o invitaban a los usuarios a integrarse a ellos. De acuerdo con un análisis de datos de la Defensoría del Pueblo realizado por Human Rights Watch, al menos 1.500 niños, niñas y adolescentes han sido reclutados desde 2021. La organización indicó que, aunque no existen datos exhaustivos, las cifras oficiales disponibles muestran un aumento de los casos desde 2023.
El informe señala que los grupos armados disidentes de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) están detrás de la mayoría de los casos denunciados y que más de la mitad se concentran en el Cauca.
Human Rights Watch también documentó que los grupos armados han utilizado las redes sociales para difundir contenidos que presentan de manera favorable la vida dentro de sus filas, publicar supuestas ofertas laborales utilizadas como mecanismo de captación y establecer contacto con menores mediante chats públicos y servicios de mensajería privada.
El informe también identificó deficiencias en las políticas estatales de prevención y atención. Según Human Rights Watch, la política pública aprobada en 2018 está desactualizada, carece de un plan de acción claro y no cuenta con un presupuesto específico. La organización señaló además limitaciones en la capacidad de ejecución de las instituciones encargadas de coordinar la respuesta y dificultades presupuestales y de personal en los niveles departamental y municipal.
En materia judicial, Human Rights Watch afirmó que en la última década aproximadamente el 1% de las denuncias por reclutamiento dio lugar a una investigación penal y solo el 0,2% terminó en una condena.
