Madrid, 10 sep (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado este jueves que no se niega a un estatuto médico y ha avanzado que ha propuesto a los grupos parlamentarios la creación de un grupo de trabajo para estudiarlo, pero "sobre la base común" del estatuto marco que regula las condiciones laborales en el sistema sanitario.
El estatuto propio de los médicos "no puede hacerse sobre las cenizas de la mejora de las condiciones laborales de todos los profesionales", ha sentenciado este jueves en rueda de prensa la ministra de Sanidad al ser preguntada por la puerta que abrió ayer a la creación de un estatuto médico durante el control al Gobierno en el Congreso.
La ministra ha recordado que el proyecto de ley del estatuto marco que ahora debe empezar a tramitarse en esta cámara cuenta con un capítulo exclusivo para médicos y facultativos, del que no gozan el resto de profesionales.
Ahora, bien, "si algún colectivo siente la necesidad o cree la necesidad de que ese capítulo propio tiene que ser trasladado a un Estatuto propio, nosotros no nos negamos, siempre cuando esto sea sobre la base común de un estatuto marco para todos los profesionales", ha subrayado.
"Lo que hemos lanzado a los a los diputados y las diputadas y los diferentes grupos parlamentarios es que abran un intergrupo de trabajo, que se hace muy frecuentemente en el Parlamento, para el estudio del marco normativo y las condiciones de trabajo de los médicos que sea paralelo a ese trabajo de ponencia sobre el estatuto marco", ha avanzado.
Mónica García ha desvelado esta propuesta a pocas horas de que se reúna el Comité de Huelga Médica para decidir el día de octubre que iniciará el nuevo paro que ha convocado, que en esta ocasión será indefinido y permanente.
La idea es que en ese grupo de trabajo "se diriman no solamente las competencias, sino la capacidad que tienen los estatutos basales o básicos" estatal sobre las competencias que pueda tener cada servicio de salud.
Por otra parte, y sobre el impacto económico que tendrá la reforma de esta ley, que según la memoria de impacto normativo alcanzaría los 1.900 millones de euros en los primeros cinco años, ha respondido que "a nadie se le escapa" que la nueva organización que plantea la norma obliga a un refuerzo de las plantillas, que es competencia de las comunidades.
Y aumentar el personal o reducir las guardias "por supuesto" que tiene un impacto presupuestario del que se van a hacer cargo "todos", en un momento en el que "se han transferido más recursos que nunca a las autonomías", que han visto engrosado su presupuesto más de un 45 %.
Sin embargo, mientras unas "lo han trasladado directamente a sus servicios de salud", hay otras que no han hecho ese esfuerzo y, por ejemplo Madrid, "se ha dejado por el camino casi un 20 % del presupuesto. ¿Y dónde está? En Quirón y en quitarle los impuestos a los más ricos", ha concluido. EFE
