Mujeres en Panamá continúan fuera de los principales espacios de poder, afirma estudio

En Panamá, las mujeres sostienen la política local, pero continúan fuera de los principales espacios de poder.

Aunque superan la mitad del padrón electoral y de la militancia partidaria, su presencia en alcaldías, como representantes de corregimientos y en otros puestos políticos, permanece limitada.

La contradicción aparece desde las bases de los partidos hasta las urnas.

Las mujeres participan más que los hombres en los procesos electorales y movilizan votos en sus comunidades, pero rara vez son escogidas para encabezar las candidaturas a las alcaldías.

Esto lo afirma el informe Análisis de la participación política femenina en los gobiernos locales en Panamá, períodos 2009–2024, elaborado por Tamara Martínez Paredes, que sostiene que esta situación responde a barreras legales, económicas, culturales y políticas.

El documento plantea que la paridad establecida en las normas todavía no se convierte en una igualdad efectiva dentro de los gobiernos locales.

Los datos históricos y los resultados de las elecciones de 2019 y 2024 muestran que la proporción de mujeres electas como alcaldesas se mantiene cerca del 14,8%. En las concejos y en las representaciones de corregimiento, la presencia femenina apenas ronda el 12%.

Las cifras contrastan con el peso que tienen las mujeres en la estructura electoral. Ellas representan algo más del 50% del padrón, registran una participación superior a la de los hombres y componen más de la mitad de la militancia de los partidos políticos.

El problema no está en la falta de participación. La dificultad, siempre según el documento, aparece cuando llega el momento de definir quiénes competirán por los cargos de mayor jerarquía y quiénes tendrán acceso a los recursos necesarios para sostener una campaña.

El análisis identifica varias “válvulas de escape” en la legislación panameña. Se trata, dice, de excepciones y mecanismos que permiten a los partidos incumplir o debilitar las reglas de paridad durante los procesos de postulación interna, nacional y local.

Según el documento, el diseño institucional facilita que la igualdad formal en las listas no se refleje en los resultados. La norma puede exigir una proporción determinada de candidatas, pero las reglas internas y las excepciones terminan reduciendo sus posibilidades de llegar a los puestos principales.

Las campañas locales representan otra barrera para las mujeres. Informes recientes citados en el análisis señalan que muchas candidatas dependen de sus propios recursos, de redes informales de financiamiento y del apoyo económico de familiares.

Esta dependencia limita la competencia frente a candidatos que cuentan con estructuras partidarias más sólidas o con redes de respaldo financiero más amplias. La falta de fondos también afecta la capacidad de las mujeres para sostener actividades de campaña, visibilizar sus propuestas y disputar espacios dentro de los partidos.

A esa dificultad se suma la violencia política de género. Las agresiones buscan desalentar la participación, afectar la imagen pública de las candidatas y reducir su presencia en los procesos electorales.

Panamá cuenta con la Ley 184 de 2020, que previene y sanciona la violencia política contra las mujeres. Se advierte que el instrumento surgió del trabajo de mujeres políticas organizadas en distintos grupos y partidos, quienes impulsaron normas de igualdad en el ámbito público.

La existencia de la ley no ha eliminado el problema. Los monitoreos realizados antes y durante la campaña electoral de 2024 registraron un aumento de los ataques contra candidatas, con una presencia cada vez mayor en internet y en las redes sociales.

El Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías documentó esa situación en el estudio Seguras en línea: Edición Elecciones Panamá 2024. La investigación recopiló información sobre agresiones dirigidas a candidatas a la Presidencia, la Vicepresidencia, la Asamblea Nacional y las alcaldías de distrito, revela el informe.