Colombia tendría una ventana corta para evitar la pérdida de su autonomía energética. La advertencia fue hecha por Luz Stella Murgas, presidenta de la Asociación Colombiana de Gas Natural, Naturgas, durante la presentación del estudio “Futuro de los hidrocarburos en Colombia: una mirada cuantitativa”, elaborado por el Centro Regional de Estudios de Energía, CREE, y RGL Consultor EU, con respaldo del Comité Intergremial de Petróleo y Gas.
De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, el diagnóstico del gremio apunta a que el país cuenta con apenas tres años para tomar decisiones que permitan recuperar reservas, reactivar exploración y evitar una dependencia creciente de las importaciones. Según Murgas, las reservas probadas están en uno de sus puntos más bajos: 7,4 años de petróleo y 5,9 años de gas.
“El punto de quiebre definitivo está entre los años 2029 y 2032, porque las reservas probadas actuales llegarán a su límite hacia 2035, en cualquiera de los escenarios que hemos planteado”, afirmó la dirigente gremial. También advirtió que, si no hay cambios, Colombia podría verse obligada a importar cerca del 65 % del gas en 2035 y más del 90 % del petróleo hacia 2045.
Producción cae y exploración se frena
El informe expone un deterioro en varios indicadores del sector. La producción de petróleo en Colombia cayó 27,3 % desde 2015, mientras que la de gas disminuyó 31,8 %. A esto se suma una reducción del 65,6 % en los pozos exploratorios durante la última década.
Otro dato clave es que el país no firma un nuevo contrato de exploración y producción desde agosto de 2022. Para los gremios, esta parálisis limita la posibilidad de encontrar nuevas reservas y compromete la seguridad energética futura.
El estudio también señala que los bloqueos a la operación petrolera alcanzaron en 2024 su nivel más alto en diez años, con 1.942 casos. Esa situación, según el diagnóstico, no solo afecta la producción actual, sino que envía señales negativas para la inversión y dificulta la ejecución de proyectos en las regiones.
El presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, ACP, Frank Pearl, advirtió que el impacto también será fiscal. Según los cálculos del estudio, entre 2025 y 2050, el aporte del sector por regalías, impuesto de renta y dividendos de Ecopetrol podría llegar a $695 billones en un escenario de mayor producción. En cambio, si no se reactiva la exploración, el aporte sería de apenas $162 billones.
La diferencia entre ambos escenarios alcanza los $533 billones, una cifra que, según Pearl, muestra la magnitud de lo que está en juego para las finanzas públicas y para la transición energética.
Gremios piden decisiones rápidas
“En el escenario en que se toman en conjunto las medidas de política pública para que este sector vuelva a hacer sísmica, a explorar y a producir, tendremos como país $695 billones adicionales que hoy no tenemos”, afirmó Pearl.
El dirigente gremial sostuvo que Colombia debe tener dos objetivos: recuperar la soberanía, autonomía y seguridad energéticas, y garantizar recursos para financiar nuevas tecnologías y políticas sociales. Según dijo, la transición energética requiere una “chequera grande” y el sector de hidrocarburos puede aportar parte importante de esos recursos.
El estudio advierte que esos ingresos son relevantes en momentos en que Colombia enfrenta un déficit fiscal cercano al 7 % del PIB. Según el documento, el déficit fue de 6,7 % en 2024 y tendría una proyección de 7,1 % para 2025, con base en cifras del Fondo Monetario Internacional. Esto exigiría un ajuste fiscal permanente de unos $70 billones para estabilizar la deuda.
Para los gremios, el debate no debe plantearse como una decisión entre transición energética y desarrollo de hidrocarburos. Su argumento es que ambos procesos pueden avanzar al mismo tiempo, siempre que exista una hoja de ruta que permita garantizar abastecimiento, ingresos fiscales y recursos para nuevas tecnologías.
La agenda propuesta incluye siete frentes de acción, entre ellos reactivar contratos de exploración y producción, agilizar proyectos de gas natural y costa afuera, y avanzar con rigor técnico en yacimientos no convencionales. El llamado central es tomar decisiones antes de que la ventana entre 2029 y 2032 se cierre y el país pierda capacidad de respuesta frente a su demanda energética.
