La reforma que busca excluir de los procesos electorales a los opositores que han sido desnacionalizados y que son señalados oficialmente como “traidores a la patria” será aprobada el 21 de septiembre en primera legislatura, según el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras.
Durante una sesión especial en el norte del país, Porras explicó que las consultas parlamentarias sobre las enmiendas finalizarán el primero de septiembre. La propuesta, impulsada por el régimen de Daniel Ortega, requiere ser ratificada en dos legislaturas distintas: la actual, que se extiende hasta el 15 de diciembre de 2027, y una siguiente, para que pueda entrar en vigor de acuerdo con el procedimiento constitucional. Esta información fue confirmada por EFE.
El Parlamento, controlado por una mayoría oficialista, avanzó con el debate de la reforma tras declaraciones realizadas por Ortega el 19 de julio. En ese acto público, el mandatario afirmó que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”, lo que motivó a la Organización de los Estados Americanos (OEA) a convocar de urgencia a los cancilleres de la región para analizar la situación del país.
Reacciones internacionales y contexto político
Diversos países y organismos internacionales han manifestado su preocupación o rechazo ante las declaraciones de Ortega y el avance de la reforma. Entre ellos se encuentran Costa Rica, Estados Unidos, Panamá (que retiró a su embajador), Guatemala, República Dominicana, Chile, Bolivia, Brasil, Perú, Uruguay, la Unión Europea, el secretario general de la OEA, Alberto Ramdin, y el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk. Según reportes de EFE, el tema ha generado gran atención en el ámbito internacional.
La iniciativa fue impulsada luego de que Ortega, durante la conmemoración del aniversario de la revolución sandinista en Managua, declarara: “Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder”. Estas palabras intensificaron el debate sobre el rumbo del proceso democrático nicaragüense.
Implicaciones para el cronograma electoral
Originalmente, Nicaragua debía celebrar elecciones generales en noviembre de 2026. Sin embargo, reformas constitucionales previas ampliaron el periodo presidencial, trasladando la fecha de los comicios a noviembre de 2027.
La reforma tiene como objetivo impedir que quienes han perdido la nacionalidad nicaragüense por decisión oficial participen en futuras elecciones. El oficialismo sostiene que la iniciativa busca salvaguardar la soberanía nacional, mientras que críticos y observadores advierten que podría limitar la competencia política y reforzar el control del poder por parte del régimen.
En este escenario, la pregunta sobre el futuro de las elecciones en Nicaragua está ligada a la ratificación de la reforma en ambas legislaturas. Si el proceso se completa, la exclusión de los opositores desnacionalizados quedaría formalmente establecida en la Constitución.
Consolidación del poder y figuras principales
Desde 2007, Daniel Ortega gobierna Nicaragua. A partir de 2017, lo hace junto a su esposa, Rosario Murillo, quien asumió el cargo de copresidenta tras una reforma constitucional en 2025. La creación de ese puesto fue cuestionada internacionalmente, especialmente por Estados Unidos, que puso en duda la legitimidad de Murillo al asumir el cargo sin pasar por elecciones.
El avance de la reforma y las reacciones que genera en la comunidad internacional continúan en seguimiento. Las decisiones de las próximas semanas serán determinantes para el futuro político de Nicaragua y para el desarrollo del sistema democrático en el país.
