“¿Hablo con Espert? Luis Espert no bancó la presión. Como la fiscal, que renunció”. Con esa frase, en tono de burla, Martín Darío Rettori se refería a la fiscal María Paula Hertrig en una de las llamadas que realizó desde la Unidad Carcelaria Nº 31 de Florencio Varela, donde estaba detenido y desde la cual, según la investigación, planeaba matarla.
El audio corresponde a uno de los llamados que hizo el sospechoso después de que Hertrig se apartara de la causa, el 25 de agosto de 2025, al descubrir en un teléfono secuestrado mensajes en los que él y su cómplice, Ariel Libertini, diseñaban un plan para atentar contra su vida. La mención a Espert alude al entonces diputado de La Libertad Avanza que renunció a su candidatura legislativa tras quedar envuelto en un escándalo por sus vínculos con un empresario procesado por narcotráfico en Estados Unidos.
Los dichos de la llamadas fueron recuperados en el marco de las tareas de investigación ordenadas por el fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, quien tomó el expediente tras la denuncia y ordenó intervenir las líneas de los imputados durante meses. Las escuchas, analizadas por personal de la fiscalía y la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI), no se limitaron a ese audio: a lo largo de la investigación los equipos registraron múltiples comunicaciones desde los penales que permitieron reconstruir el alcance del plan.
En otra llamada interceptada, Rettori describía lo ocurrido: “Mi causa. La fiscal se recusó cuando abrió el teléfono”. En otro fragmento, ante una voz masculina no identificada que afirmaba “nosotros somos mafia y en la calle te agarramos a recontra tiro”, respondió: “Preguntame. Le mando a cagar a balazos a la casa”.
Las pruebas se sumaron a los chats que los presos mantenían con ChatGPT, recuperados durante el análisis forense de un iPhone registrado a nombre de la hija de Rettori. En esas conversaciones, le pedían al sistema de inteligencia artificial una foto de Hertrig e información sobre ella, su vida personal, sus movimientos y su familia. La instrucción judicial concluyó que las consultas fueron hechas a pedido del propio imputado.
Con ese caudal de pruebas, Ferrari solicitó allanar las celdas de ambos sospechosos. El operativo se realizó este viernes en forma simultánea en los dos penales y concluyó con el secuestro de tres celulares y la aprehensión de Rettori y Libertini.
Con las pruebas reunidas durante las escuchas, el juez Ricardo Costa, titular del Juzgado de Garantías Nº 1 de San Isidro, libró órdenes de allanamiento y secuestro en las unidades penitenciarias donde ambos imputados estaban alojados. Los procedimientos se ejecutaron de forma simultánea este viernes.
En la Unidad Carcelaria Nº 21 de Campana, donde estaba Libertini, incautaron dos celulares y procedieron a su aprehensión. En la UC Nº 31 de Florencio Varela de Máxima Seguridad, donde se encontraba Rettori, secuestraron un tercer dispositivo y también lo detuvieron. En total, tres teléfonos quedaron en poder de la instrucción como prueba.
Las amenazas
El caso tuvo origen en agosto de 2025, cuando Hertrig, agente fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Boulogne, llevaba adelante una causa por robo agravado y asociación ilícita contra una banda dedicada a entraderas y escruches en el conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires. En el marco de esa investigación, había logrado la detención de los dos líderes del grupo: Rettori, de 42 años, y Ariel Ernesto Libertini, de 47.
Al revisar uno de los teléfonos secuestrados en esa misma causa, la fiscal encontró mensajes en los que ambos internos coordinaban un plan para matarla. Las comunicaciones incluían fotografías de su domicilio, los números de teléfono de ella, de su pareja y de su padre, y datos sobre los vehículos que usaba.
En uno de los audios, Rettori era explícito: “O le mando a la casa una corona de muerto o, cuando sale, tiene una CRV o un 208, cuando sale con uno de esos dos la hago cagar a balazos”, según supo Infobae de fuentes del caso.
El 25 de agosto de 2025, Hertrig se excusó de la causa y solicitó que la conducta fuera investigada como instigación a cometer homicidio calificado por el uso de arma de fuego.
