La presidente de Costa Rica, Laura Fernández, anunció que el Gobierno reducirá de 27 mil millones de colones, unos USD 60,1 millones, a 11 mil millones de colones, cerca de USD 24,5 millones, el ajuste previsto para el Poder Judicial en el presupuesto de 2027. La liberación de esos recursos quedará sujeta al cumplimiento de tres condiciones vinculadas con auditorías, control legislativo y resultados de gestión.
Durante su cadena nacional dominical, Fernández afirmó que las instituciones bajo control del Ejecutivo absorberán la diferencia del recorte. La medida, según planteó, busca asegurar fondos para armas y chalecos antibalas, ante las advertencias de autoridades judiciales sobre el impacto que tendría la disminución presupuestaria en sus tareas.
La mandataria rechazó que el Gobierno sea responsabilizado por problemas acumulados en el sistema judicial y sostuvo que no aceptará que el Ejecutivo sea utilizado como “excusa” por deficiencias que, a su juicio, llevan años.
“No voy a ser el chivo expiatorio del Poder Judicial... ¿Estos problemas que llevan años son mi culpa? A mí no me utilizarán como excusa de sus errores", señaló la mandataria.
Los fondos dependerán de una revisión del fideicomiso judicial
La primera condición planteada por Fernández apunta a las cuentas auditadas del fideicomiso para infraestructura judicial administrado en el Banco de Costa Rica. La presidente pidió que esos registros sean evaluados por la Comisión Legislativa de Control de Ingreso y Gasto Público.
El segundo requisito será una certificación de la Contraloría General de la República sobre el cumplimiento de las disposiciones emitidas por las auditorías relacionadas con las obras financiadas a través de ese mecanismo.
La tercera exigencia, que Fernández definió como la principal, establece que la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público y luego el plenario de la Asamblea Legislativa deberán autorizar al Ministerio de Hacienda a liberar los recursos.
“Liberaremos los recursos en tractos solo después de que se cumplan tres pasos”, afirmó la mandataria en el mensaje difundido este domingo.
La reducción prevista quedará en 2%, según la presidente
Fernández señaló que el Ministerio de Hacienda había comunicado inicialmente una reducción de 27 mil millones para el presupuesto judicial de 2027. Tras una instrucción del Ejecutivo, agregó, el ajuste quedará limitado a 11 mil millones, equivalente a un 2%.
La presidente indicó que esa decisión no supone una concesión sin condiciones. “El Poder Judicial tendrá que dar cuentas al pueblo de Costa Rica de ese dinero”, sostuvo.
Entre los gastos cuestionados mencionó el alquiler del edificio de la Sala Constitucional. Según dijo, el monto pasó de 102 mil dólares mensuales en 2017 a 122 mil dólares desde 2024, pese a que solo asiste el 20% de los empleados.
Fernández pidió evaluar mora judicial, impunidad y corrupción
La mandataria afirmó que la Asamblea Legislativa deberá valorar la liberación de recursos a partir del desempeño institucional. Entre los indicadores que mencionó figuran la mora judicial, los errores de la Fiscalía, la impunidad y los casos de corrupción dentro del Poder Judicial.
Fernández también cuestionó los salarios de los magistrados y pidió explicaciones sobre los resultados que la población recibe a cambio de esas remuneraciones.
“La Asamblea Legislativa decidirá con base en el desempeño, con base en resultados”, señaló. La transcripción de la cadena nacional no incluye una respuesta del Poder Judicial a los cuestionamientos de la presidente.
