La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que ajustará y reducirá todas las tablas de infracciones de tránsito, en cumplimiento del Decreto Supremo n.° 017-2026-MTC. Este proceso, que marcará un cambio en las multas de tránsito en Lima y Callao, iniciará con la prepublicación de las nuevas tablas el 2 de septiembre, momento a partir del cual la ciudadanía podrá enviar comentarios y observaciones, según confirmó Pavel Flores, vocero de la entidad, en diálogo con Canal N.
¿Cuándo se conocerán los cambios en las multas de tránsito?
Flores explicó que el 2 de septiembre se publicará el proyecto de la nueva tabla de infracciones, abriendo un periodo de consulta pública. Durante este tiempo, operadores, especialistas y ciudadanos podrán presentar aportes y sugerencias. Una vez concluida esta etapa, la ATU procederá con la revisión final y la publicación oficial, momento en el que las nuevas disposiciones empezarán a regir. En palabras del funcionario, la medida busca que “nuestros operadores, ciudadanos, especialistas puedan dar sus comentarios, precisiones y observaciones y posteriormente continuar con el trámite para ya su publicación y vigencia”.
Principales cambios: reducción y ajuste de las sanciones
La ATU revisará integralmente la totalidad de los códigos de infracción, incluyendo los correspondientes a los servicios de transporte público regular y especial, como taxis, transporte turístico, de trabajadores y de estudiantes. Flores remarcó que el ajuste responde a principios de razonabilidad y proporcionalidad, considerando la gravedad y naturaleza de cada falta.
El vocero explicó que ya se han realizado reducciones previas en las sanciones por informalidad. Las ordenanzas municipales anteriores establecían sanciones de hasta cuatro Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La ATU las redujo luego a dos UIT y ahora propone que la sanción más grave, para el transporte informal, se fije en una sola UIT. “Es la multa más grave que nosotros tenemos o es la actividad más grave que tenemos. Evidentemente, las que sean menos gravosas y más leves tendrán otros porcentajes”, detalló el funcionario.
Reducción de las multas y efectividad de la fiscalización
Flores subrayó que la reducción de las multas no busca incentivar el incumplimiento, sino lograr que el monto sea “idóneo para que la conducta se pueda disuadir”. El funcionario precisó que la ATU, a diferencia de los gobiernos locales, no actúa como entidad recaudadora. “Lo que nosotros tenemos que hacer es implementar el sistema de transporte urbano. Y para implementar el sistema integrado de transporte, yo necesito reducir y/o erradicar la informalidad”, explicó.
En ese sentido, remarcó que la fiscalización efectiva se complementa con la medida preventiva de internamiento vehicular para los casos más graves. Flores ejemplificó que hay buses y colectivos que acumulan decenas de miles de soles en multas y aún así continúan circulando, por lo que la retención del vehículo se ha convertido en una herramienta clave. “Nosotros ya no solamente colocamos la imposición de la multa o de la sanción, sino que internamos el vehículo. Y ahí sí corrige la conducta”, afirmó.
Objetivo: fortalecer el sistema de transporte y combatir la informalidad
Según el comunicado de la ATU, la revisión de la tabla de infracciones se enmarca en el objetivo de fortalecer el marco regulatorio del transporte público y contribuir a una fiscalización más clara y adaptada a las características de cada servicio. La entidad reiteró su compromiso de avanzar en la implementación del Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao (SIT) y promover un transporte público más ordenado, seguro y eficiente.
La adecuación de las multas y sanciones deberá cumplirse dentro del plazo previsto por la norma y se realizará bajo criterios estrictos de equidad, proporcionalidad y oportunidad, teniendo en cuenta las opiniones que surjan durante la consulta pública. La medida también permitirá acceder a una reducción del 90 % de las multas impuestas por infracciones de transporte público y privado, según lo establece el Decreto Supremo n.° 017-2026-MTC.
Flores insistió en que la finalidad es garantizar vehículos y servicios de transporte urbano que cumplan con las normas y brinden seguridad a los usuarios, priorizando la formalidad y la supervisión efectiva en las calles.
