Estados Unidos analiza pedir la extradición de la abogada A. G. por una eventual obstrucción a la justicia en una investigación conjunta con Colombia - crédito imagen Ilustrativa Infobae

Un día después de que las autoridades colombianas y estadounidenses informaran sobre la incautación de al menos 44 bienes pertenecientes a la red de narcotráfico denominada Los del Dorado, pese a la presunta intromisión de una abogada y un expolicía, en la mañana del domingo 13 de septiembre se conocieron nuevos detalles de la mujer que hoy es buscada por la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés).

Según información revelada por El Tiempo, la mujer podría enfrentar extradición a Estados Unidos por una presunta filtración de información reservada a narcotraficantes investigados junto con agentes del FBI. La posibilidad se analiza por una eventual obstrucción a la justicia.

La profesional del derecho, identificada en documentos del caso como A. G., está señalada de alertar a integrantes de Los de El Dorado sobre investigaciones en curso y medidas dirigidas a afectar sus bienes. La pesquisa también busca establecer si actuó como la principal responsable de las filtraciones o como intermediaria.

La información conocida indica que los presuntos capos recibieron avisos anticipados sobre el avance de las actuaciones judiciales y que, después de esas alertas, realizaron traspasos de propiedades para impedir su incautación. La investigación revisa si esos movimientos buscaron proteger activos obtenidos con actividades de narcotráfico.

El FBI está tras la pista de abogada colombiana y expolicía que alertaron a poderosos capos sobre millonaria incautación de bienes - crédito FBI/Fiscalía General de la Nación

Según documentos conocidos por El Tiempo, la primera señal de la filtración surgió hace más de un año, cuando los integrantes de la organización supieron que eran objeto de una investigación. Uno de ellos les habría comunicado que les pedían 700 millones de pesos para conseguir que el expediente quedara anulado en la Fiscalía.

El grupo mencionado fue relacionado con el caso que citó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, durante la semana anterior. La estructura pagaba a miembros del Clan del Golfo para custodiar laboratorios de cocaína en Puerto Boyacá.

La droga salía en camiones que transportaban ganado rumbo a la costa colombiana, desde donde la organización planeaba enviarla a Estados Unidos y Centroamérica. Uno de los capos detenidos, que busca beneficios judiciales, aportó datos sobre la supuesta participación de la abogada y de un expolicía.

La reunión habría ocurrido en un centro comercial de Envigado

Un documento interno de la Fiscalía General, fechado el 10 de agosto, recoge el testimonio de un integrante de la banda. Según ese relato, uno de los investigados se reunió con A. G. en 2025 en la plazoleta de comidas del centro comercial Viva Envigado.

Edilson (uno de los capos) manifiesta que, posteriormente, Olfer (otro de los señalados mafiosos) averiguó y que efectivamente había una investigación en contra de ellos, que se reunión con la abogada A. G. para el año 2025, que no recuerda si antes o después de semana santa, en el comercial Viva Envigado, exactamente en la plazoleta de comidas”, señala el expediente.

El testigo sostuvo que la abogada les transmitió que el proceso ya estaba demasiado avanzado y que no había margen para retirarlos de la investigación. También les habría recomendado ocultarse ante el avance de las autoridades.

La investigación sostiene que Los del Dorado recibió alertas anticipadas sobre medidas judiciales y traspasó bienes para impedir su incautación - crédito Fico Gutiérrez/X

Ella les dijo que tenía sus contactos en el búnker de la Fiscalía, luego ya después Olfer le manifestó que iba a conseguir la información por otro lado, creo que era a través de un funcionario retirado de la Sijín o Dijín de la Policía”, señala el documento obtenido por El Tiempo.

El mismo informante atribuyó a la profesional del derecho contactos dentro del búnker de la Fiscalía. Más tarde, uno de los capos habría optado por buscar datos mediante otra persona, presuntamente un funcionario retirado de la Sijín o la Dijín.

Esa vía alternativa habría requerido el pago de 12 millones de pesos para conseguir una copia de una carpeta individual. El testimonio también aludió a la posibilidad de entregar dinero a un investigador para demorar el curso de la actuación judicial.

El detenido afirmó que otro integrante de la estructura conservaba audios de la abogada. Entre los materiales mencionados figurarían un documento con el logo de la Fiscalía y una lista de personas bajo investigación.

La doctora A. decía que había que dar una plata o incentivo a un investigador para dilatar esa situación, Yulian tenía varios audios de la abogada, entre esos muestra donde estaba el nombre Olfer en un documento junto con más o menos 10 personas, alcance a leer que estaba ”Ober", “Yulian”, “Mono Chucho”, “el Calvo”, “Calero” y otros que no recuerdo, ese documento tenía el logo de la Fiscalía”, señala el testimonio de uno de los integrante de Los del Dorado.

La Fiscalía revisa otros expedientes vinculados con la abogada

Los bienes ocupados a Los del Dorado están ubicados en Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá y Santander - crédito @FiscaliaCol/X

Fuentes conocedoras de la investigación indicaron al diario nacional que los procesados mencionaron de forma reiterada a A. G. durante las diligencias realizadas en Colombia con participación de agentes estadounidenses.

La intervención de la Oficina Federal de Investigación abre la posibilidad de que Estados Unidos solicite la extradición de la abogada por una presunta obstrucción a la justicia. Una persona cercana al expediente señaló que en Colombia existen antecedentes de abogados extraditados por esa conducta.

La participación de la agencia estadounidense abre la puerta para que la abogada pueda ser extraditada a Estados Unidos por el delito de obstrucción a la justicia. En Colombia ya hay antecedentes de profesionales del derecho han sido extraditados por esa conducta”, señaló una de las fuentes a El Tiempo.

Las autoridades también revisan otros procesos que estuvieron en manos de la profesional del derecho. El objetivo es determinar si hubo filtraciones en expedientes distintos y establecer quién habría sido su supuesto enlace dentro de la Fiscalía.