El diputado nacional de la UCR, Pablo Juliano, detalló la estrategia impulsada en la Cámara de Diputados para abordar la problemática de las deudas familiares y la morosidad crediticia en el país. El legislador, en diálogo con Ahora Noticias por SRT Media, cargó contra la postura del Poder Ejecutivo frente al problema y ofreció precisiones sobre el perfil del deudor en Argentina. Respecto a la actitud de la gestión nacional frente al reclamo social, Juliano señaló que el gobierno, cada vez que enfrenta una dificultad, opta inicialmente por negarla y atribuir responsabilidades a terceros. En ese sentido, recordó que Javier Milei se refirió críticamente en la Bolsa de Comercio a quienes no llegan a fin de mes, lo que a su criterio demuestra que el oficialismo "tiene roto el diagnóstico". Asimismo, remarcó que existe "una cruzada por tener razón de parte del presidente" y recordó que hace apenas dos semanas la indicación oficialista era impedir de manera drástica el tratamiento del tema en el Congreso. EL PERFIL DE LAS DEUDAS Y EL IMPACTO EN LA JUVENTUD Al analizar la magnitud del problema, el diputado radical explicó que los registros contemplan a quienes acumulan más de tres meses de mora, aunque existen casos de personas que arrastran compromisos impagos desde hace más de un año. Detalló que la deuda promedio ronda los 370.000 pesos, una cifra que se ubica apenas por debajo de una jubilación mínima y que fundamenta la necesidad urgente de una respuesta legislativa. Además, alertó sobre una estadística alarmante al remarcar que "el 40% de las personas endeudadas tienen menos de 25 años". UNA MEDIACIÓN SIN COSTO FISCAL PARA SALIR DE LA INFORMALIDAD Sobre la propuesta legislativa en discusión, Juliano aclaró que el proyecto de su espacio busca ser una "segunda oportunidad" mediante una instancia de mediación gratuita ante las oficinas de Defensa del Consumidor. El mecanismo permitirá denunciar los acreedores, revisar la constitución del monto acumulado y formular un plan de pago prorrateado. El legislador enfatizó que la iniciativa no implica que el Estado ponga dinero ni que la gente deje de pagar, asegurando que no posee costo fiscal. En palabras de Juliano, planteado "bien en criollo", la medida busca que los prestamistas puedan cobrar y que los usuarios eviten caer en el Veraz o en la informalidad financiera.