El Ministerio de Ambiente autorizó una serie de intervenciones extraordinarias para enfrentar inundaciones y la sequía prevista por el fenómeno de El Niño en Panamá.
Las medidas incluyen dragados, construcción de obras en cauces, instalación de puentes modulares, protección de fuentes de agua y rescate de animales y plantas amenazados.
Las disposiciones aparecen en la Resolución DM-0433-2026, publicada el 7 de septiembre en la Gaceta Oficial. El documento desarrolla las acciones ambientales que podrán ejecutarse durante la emergencia nacional y hasta 60 días después de su finalización, con un límite fijado inicialmente para el 30 de junio de 2027.
Una de las medidas de mayor alcance permite que determinadas obras estatales sean ejecutadas sin completar una evaluación de impacto ambiental, siempre que estén directamente vinculadas con la mitigación de los daños.
La excepción incluye trabajos en cauces, dragados y colocación de puentes modulares para restablecer comunicaciones o reducir riesgos.
Esto abre la puerta a retirar sedimentos, árboles, rocas y otros materiales que obstruyan ríos o aumenten el peligro de desbordamientos. También podrían realizarse adecuaciones destinadas a recuperar el flujo del agua y proteger comunidades, carreteras o infraestructuras amenazadas, aunque la resolución no autoriza intervenciones privadas bajo esta excepción.
La exoneración del estudio ambiental no representa un permiso ilimitado. Cada proyecto tendrá que estar relacionado directamente con la emergencia y quedar inscrito ante MiAmbiente.
Las autoridades deberán documentar su descripción, ubicación y entidad responsable, además de mantener controles que permitan revisar posteriormente sus efectos y el cumplimiento de las medidas de protección.
Las direcciones nacionales y regionales también podrán autorizar el aprovechamiento de madera caída como consecuencia del desastre. La medida permitirá retirar y utilizar árboles derribados por inundaciones, deslizamientos u otros eventos, pero exigirá su registro y la emisión de los permisos y las guías necesarias para transportar los productos forestales.
Para evitar que esa autorización sea utilizada como cobertura para la tala ilegal, los puestos de control de los organismos de seguridad verificarán las guías forestales emitidas durante la emergencia.
El uso indebido de estos documentos podrá generar sanciones administrativas, además de responsabilidades civiles o penales, dependiendo de la infracción cometida.
MiAmbiente deberá aplicar medidas especiales en áreas protegidas, fuentes de agua y zonas ambientalmente sensibles. La resolución permite restringir temporalmente el acceso a lugares considerados de alto riesgo o severamente afectados, una decisión que podría alcanzar parques, reservas, nacimientos de ríos y otros espacios vulnerables ante incendios, sequías o deslizamientos.
El documento también ordena priorizar el rescate, traslado, cuidado y protección de especies de flora y fauna expuestas a los efectos del fenómeno climático. Cuando resulte necesario, las autoridades podrán establecer centros temporales de rehabilitación para atender animales afectados y preparar su recuperación o posterior retorno a condiciones seguras.
Otra línea de acción será el seguimiento de los niveles de cuencas hidrográficas, lagos y embalses del país, con atención específica al lago Bayano. MiAmbiente coordinará con el Sistema Nacional de Protección Civil, la Autoridad del Canal de Panamá y otras instituciones el reporte de condiciones que puedan agravarse por la falta de lluvias.
El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá prevé un déficit de precipitaciones entre octubre de 2026 y marzo de 2027, mientras los efectos de El Niño podrían extenderse hasta mayo. Esta situación amenaza el abastecimiento de agua, la generación hidroeléctrica, la agricultura y la disponibilidad hídrica requerida para las operaciones del Canal de Panamá.
La emergencia tiene una naturaleza doble porque Panamá debe responder simultáneamente a los daños causados por inundaciones y al riesgo de una próxima sequía. Entre enero y agosto, 15,643 personas resultaron afectadas por eventos pluviales, con más de 70% de los casos concentrados en Bocas del Toro y Colón.
El Consejo de Gabinete autorizó hasta $80 millones para obras, bienes y servicios relacionados con la emergencia, mediante procedimientos especiales de contratación. Sin embargo, ese monto no pertenece exclusivamente a MiAmbiente ni constituye una transferencia automática: los recursos deberán incorporarse según la disponibilidad presupuestaria y ser aprobados para cada intervención solicitada.
Las medidas provisionales tendrán que ser supervisadas, controladas y fiscalizadas durante toda su ejecución, mientras las dependencias ambientales presentarán informes mensuales.
La rapidez concedida para actuar reduce trámites ante una amenaza climática, pero también exige controles efectivos para evitar que la emergencia termine justificando obras innecesarias, daños ambientales o gastos sin suficiente sustento.
